El ex director general de Cofares, José Antonio López-Arias, negó ayer cualquier implicación en un supuesto delito de tráfico de influencias en la declaración que realizó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, donde compareció como imputado ante la instructora, Estela San José Asensio. López-Arias, que hasta hace unos días era director general de la cooperativa farmacéutica Cofares, cargo del que fue destituido, se presentó en sede judicial, acompañado por su abogado, para declarar como imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias.
A la salida de los juzgados de Lugo, López-Arias no hizo declaraciones, pero fuentes próximas al empresario aclararon que el supuesto delito de tráfico de influencias por el que fue imputado estaría relacionado con una 'hipotética intervención de -Jorge- Dorribo' para intermediar en la concesión de subvenciones públicas a un proyecto de inversión de Cofares en Galicia.
En su declaración, López-Arias manifestó que las citadas subvenciones para ese proyecto empresarial fueron aprobadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en agosto de 2009, pero Cofares renunció a esas ayudas en junio de 2011, dado que estaban condicionadas a que se mantuviese el funcionamiento de los otros dos almacenes que la cooperativa tenía en Galicia.
Además, aclaró que todas esas gestiones fueron realizadas por la cooperativa farmacéutica mucho antes de la fecha en la que él mismo conoció 'personalmente' al que entonces era propietario de Laboratorios Asociados Nupel, Jorge Dorribo, principal imputado en la llamada Operación Campeón.
PAGOS A JOSÉ BLANCO
José Antonio López-Arias ya había prestado declaración en el Tribunal Supremo en la causa que se sigue contra José Blanco, dado que el propio Dorribo lo había mencionado como uno de los supuestos testigos que vio el pago irregular que presuntamente le hizo al exministro en la gasolinera de Guitiriz, a cambio de favores políticos. Sin embargo, en esa primera declaración, en la que compareció como testigo en el Tribunal Supremo, negó haber visto ningún sobre con dinero en ese encuentro, que tuvo lugar en febrero de 2011.
López-Arias fue destituido esta semana como director general de Cofares, cargo que había ocupado durante los últimos cinco años.
También prestaron declaración ayer, como imputados, tres empresarios lucenses, Juan Carlos Morán, dedicado al sector de la maquinaria y el almacenaje, y Milagros Salgado y Constantino Saqués, socios ambos de una empresa de frío industrial. Según fuentes jurídicas, fueron interrogados por las relaciones comerciales que mantenían sus respectivas empresas con las sociedades de Dorribo, pero ninguno de ellos quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación.
En su declaración, López-Arias manifestó que las citadas subvenciones para ese proyecto empresarial fueron aprobadas por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en agosto de 2009, pero Cofares renunció a esas ayudas en junio de 2011, dado que estaban condicionadas a que se mantuviese el funcionamiento de los otros dos almacenes que la cooperativa tenía en Galicia.
Además, aclaró que todas esas gestiones fueron realizadas por la cooperativa farmacéutica mucho antes de la fecha en la que él mismo conoció 'personalmente' al que entonces era propietario de Laboratorios Asociados Nupel, Jorge Dorribo, principal imputado en la llamada Operación Campeón.
PAGOS A JOSÉ BLANCO
José Antonio López-Arias ya había prestado declaración en el Tribunal Supremo en la causa que se sigue contra José Blanco, dado que el propio Dorribo lo había mencionado como uno de los supuestos testigos que vio el pago irregular que presuntamente le hizo al exministro en la gasolinera de Guitiriz, a cambio de favores políticos. Sin embargo, en esa primera declaración, en la que compareció como testigo en el Tribunal Supremo, negó haber visto ningún sobre con dinero en ese encuentro, que tuvo lugar en febrero de 2011.
López-Arias fue destituido esta semana como director general de Cofares, cargo que había ocupado durante los últimos cinco años.
También prestaron declaración ayer, como imputados, tres empresarios lucenses, Juan Carlos Morán, dedicado al sector de la maquinaria y el almacenaje, y Milagros Salgado y Constantino Saqués, socios ambos de una empresa de frío industrial. Según fuentes jurídicas, fueron interrogados por las relaciones comerciales que mantenían sus respectivas empresas con las sociedades de Dorribo, pero ninguno de ellos quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación.
