Es hora de explicar a los ciudadanos, de forma diáfana, cuánto y cómo invierte la Xunta en comunicación, alumbrando en el Parlamento gallego la fórmula para hacerlo.
Somos la sociedad de la información, vivimos pendientes, se diría que obsesionados, de los cambios cada vez más veloces que experimentan las herramientas de comunicación. Todo gobierno es consciente de la importancia de diseñar una correcta estrategia comunicativa. De ella depende en ocasiones el éxito o el fracaso de ciertas políticas sociales y económicas. Sin embargo, la actualidad nos sirve frecuentes ejemplos de la desconexión entre la administración y sus administrados, del fracaso de los gestores en su intento de comunicarse con la sociedad sin ruido y sin distorsiones en el mensaje. En Galicia y con la Administración Feijóo, lo sufrimos a diario. Por deliberado oscurantismo, por torpeza, por desconocimiento, por menosprecio a la inteligencia colectiva, por errores de cálculo o, simplemente por la persistencia interesada de viejos mecanismos partidistas de control de la información, la comunicación institucional es frecuentemente motivo de controversia y víctima de oscuros intereses económicos.
El episodio más reciente se ha producido en la Consellería de Economía de la Xunta, a raíz de la publicación de una campaña divulgativa, mediante un concurso público por valor de un millón de euros y bajo el epígrafe Galicia competitiva, cuyo objeto es el impulso de la internacionalización de las empresas gallegas. Como siempre ocurre con este tipo de iniciativas, la oposición apenas ha tardado unos segundos en poner el grito en el cielo. En esta ocasión se ha quejado el BNG, pero podía haberlo hecho el PSOE o el PP, como ya hizo cuando no estaba en el gobierno. Porque cuando se trata de inversión en comunicación, el mensaje de los partidos cambia radicalmente según ejerza de gobierno o de oposición. De modo que, al contrario que hace cuatro años, es ahora el BNG al que le parece indecente e inmoral gastar tan importante cantidad de fondos públicos en publicidade e propaganda y son los populares los que han de esforzarse por demostrar que no se trata de un gasto caprichoso sino de una inversión necesaria. Así ha sido siempre, aunque con una salvedad importante: nunca como ahora se había producido por parte de un Ejecutivo gallego, en este caso por mérito de Feijóo, un uso tan malicioso, perverso y exageradamente dirigido a beneficiar a los amigos, por no decir, al amigo más servil. Unas veces por simple simpatía, otras por miedo, al final por inercia.
Esta campaña, esta nueva controversia, la alarmante deriva que ha tomado la política mediática de la Administración Feijóo, y el contexto de crisis económica en que ello se produce, evidencian más que nunca la carencia y, en consecuencia, la urgente necesidad de un sistema abierto, transparente y con información a la sociedad, con un reparto equitativo de inserciones y emisiones, controlado y a cubierto de ser utilizado por el poder para mediatizar la información, chantajear a los medios, premiar a los aliados y castigar a críticos o discrepantes.
Nadie con dos dedos de frente puede negar que la inversión publicitaria es imprescindible para que las políticas de las administraciones lleguen a los ciudadanos y alcancen la eficiencia deseada. Constituye, además, la única garantía para una información independiente y, por otra parte, mucho más barata que la ofertada por los medios públicos sometidos al poder político. Es escandaloso que una administración malgaste en torno a 120 millones de euros al año para tener al servicio del partido gobernante una televisión y una radio públicas. Además de reprobable ética, social y económicamente, este dispendio supone un ataque constante al libre mercado y al sector privado de la comunicación (el único que pueden garantizar la pluralidad informativa), en el que la inversión de la Xunta no llega en conjunto ni a la tercera parte de lo que se traga en cada ejercicio el agujero negro de la CRTVG. En definitiva, se despilfarra en un medio carente de rentabilidad y eficiencia, creado para servir a los intereses políticos de turno, y se somete a las empresas privadas a un reparto caprichoso y discrecional con el que se pretende mantenerlas en una constante posición de debilidad y de dependencia, con la burda técnica del palo y la zanahoria.
Es obligación de todos corregir esta perversión. Pero para ello deben cumplirse varios requisitos. Y lo primero es que gobierno y oposición abandonen la tradicional actitud de irresponsabilidad, cambiando de discurso a su conveniencia según estén o no en el gobierno, escuchen a los empresarios del sector y desarrollen el protocolo que garantice la objetividad y el interés colectivo en el destino y la distribución del dinero que la Xunta dedica a comunicación. Lo contrario es lo que hay ahora, un uso caprichoso y partidista del dinero público al servicio de quien gobierna. Así ha ocurrido siempre, pero la actual administración ha saltado todos los límites.
El en teoría concurso público de Industria reúne todos los ejemplos de la mala praxis que se debe desterrar de una vez por todas. La convocatoria ha sido realizada por la Xunta de forma perversa, utilizando vericuetos y artimañas legales para burlar la normativa general y reducir al mínimo los plazos entre la convocatoria y el plazo de entrega de las ofertas. Nadie ni nada parece justificar esta urgencia, pero lo cierto es que las empresas de comunicación interesadas en participar tienen tan solo 15 días hábiles, y en pleno periodo vacacional, para elaborar un plan de medios, diseñar contenidos, presentaciones y forjar, en definitiva, una oferta competitiva, un trabajo que, según la opinión de algunos expertos, requeriría un mínimo de un mes. Difícilmente una empresa que no tenga información previa, por no decir privilegiada, puede cumplir los plazos en las condiciones idóneas. ¿A qué responde esta precipitación? ¿Qué razones hay para actuar con tales dosis de oscurantismo? ¿A quién beneficiará este concurso relámpago? De momento, con lo sabido y lo que se intuye, es fácil relacionar la precipitación del gobierno autonómico con la cuenta atrás para las elecciones autonómicas. Con la misma facilidad y en paralelo surge la sospecha de discrecionalidad en este concurso.
No es la primera vez en este mandato que se producen este tipo de hechos, incluso con los mismos actores, amparados por una Secretaría Xeral de Medios a la que no se le conoce otra actividad más que la de intermediar ante las empresas informativas para intentar convencerlas de que trasladen a los gallegos una realidad informativa plana y al servicio de su presidente. Cuenta para ello con extrañas colaboraciones, como la de un asesor al que se le conocen vinculaciones con empresas de publicidad que participan en el reparto de la inversión en comunicación de la Xunta. Es curiosamente este último el hombre en quien delega la Secretaría la distribución de las campañas publicitarias. Es sólo un ejemplo más. Sobran comentarios.
Es hora de explicar a los ciudadanos, de forma diáfana, cuánto y cómo se invierte en comunicación, consensuando en el Parlamento la fórmula para hacerlo, teniendo en cuenta la difusión de cada medio e introduciendo los mecanismos correctores precisos para cada caso.
El grupo La Región abanderó en su día una iniciativa para buscar esa fórmula, llegando a generar el clima de consenso necesario entre todos los periódicos y emisoras de radio de Galicia. El objetivo era alumbrar un procedimiento transparente y objetivo de reparto del presupuesto publicitario. Iba por buen camino hasta que acabó dinamitado por el medio que mayor beneficio obtiene de la actual discrecionalidad en el uso de fondos públicos. Bien es cierto que tampoco ayudó la indolencia del gobierno tripartito de González Laxe.
Frustrado aquel intento, con el paso de los años se ha ido acentuando el escenario de discrecionalidad y de dependencia en el que la obediencia al poder establecido se ha convertido en uno de los baremos fundamentales en el acceso a las campañas informativas de la Xunta. Si hay un paradigma de ello es precisamente el Ejecutivo de Feijóo, parapetado por las dificultades que vive el sector privado de la comunicación.
A la vista de los acontecimientos, La Región vuelve a proclamar aquí y ahora la necesidad de retomar la idea de forma decidida, tanto más cuando el momento actual requiere una exhaustiva racionalización del dinero institucional. Es imprescindible que los políticos, una vez oídos los operadores privados, pacten un modelo objetivo de gestión de la comunicación institucional, con todas las garantías necesarias. Este medio no cejará en reclamarlo a éste y a sucesivos gobiernos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto, cómo, por qué y dónde invierte la Xunta en comunicación. Están en juego el dinero de todos y la credibilidad del sistema.
El episodio más reciente se ha producido en la Consellería de Economía de la Xunta, a raíz de la publicación de una campaña divulgativa, mediante un concurso público por valor de un millón de euros y bajo el epígrafe Galicia competitiva, cuyo objeto es el impulso de la internacionalización de las empresas gallegas. Como siempre ocurre con este tipo de iniciativas, la oposición apenas ha tardado unos segundos en poner el grito en el cielo. En esta ocasión se ha quejado el BNG, pero podía haberlo hecho el PSOE o el PP, como ya hizo cuando no estaba en el gobierno. Porque cuando se trata de inversión en comunicación, el mensaje de los partidos cambia radicalmente según ejerza de gobierno o de oposición. De modo que, al contrario que hace cuatro años, es ahora el BNG al que le parece indecente e inmoral gastar tan importante cantidad de fondos públicos en publicidade e propaganda y son los populares los que han de esforzarse por demostrar que no se trata de un gasto caprichoso sino de una inversión necesaria. Así ha sido siempre, aunque con una salvedad importante: nunca como ahora se había producido por parte de un Ejecutivo gallego, en este caso por mérito de Feijóo, un uso tan malicioso, perverso y exageradamente dirigido a beneficiar a los amigos, por no decir, al amigo más servil. Unas veces por simple simpatía, otras por miedo, al final por inercia.
Esta campaña, esta nueva controversia, la alarmante deriva que ha tomado la política mediática de la Administración Feijóo, y el contexto de crisis económica en que ello se produce, evidencian más que nunca la carencia y, en consecuencia, la urgente necesidad de un sistema abierto, transparente y con información a la sociedad, con un reparto equitativo de inserciones y emisiones, controlado y a cubierto de ser utilizado por el poder para mediatizar la información, chantajear a los medios, premiar a los aliados y castigar a críticos o discrepantes.
Nadie con dos dedos de frente puede negar que la inversión publicitaria es imprescindible para que las políticas de las administraciones lleguen a los ciudadanos y alcancen la eficiencia deseada. Constituye, además, la única garantía para una información independiente y, por otra parte, mucho más barata que la ofertada por los medios públicos sometidos al poder político. Es escandaloso que una administración malgaste en torno a 120 millones de euros al año para tener al servicio del partido gobernante una televisión y una radio públicas. Además de reprobable ética, social y económicamente, este dispendio supone un ataque constante al libre mercado y al sector privado de la comunicación (el único que pueden garantizar la pluralidad informativa), en el que la inversión de la Xunta no llega en conjunto ni a la tercera parte de lo que se traga en cada ejercicio el agujero negro de la CRTVG. En definitiva, se despilfarra en un medio carente de rentabilidad y eficiencia, creado para servir a los intereses políticos de turno, y se somete a las empresas privadas a un reparto caprichoso y discrecional con el que se pretende mantenerlas en una constante posición de debilidad y de dependencia, con la burda técnica del palo y la zanahoria.
Es obligación de todos corregir esta perversión. Pero para ello deben cumplirse varios requisitos. Y lo primero es que gobierno y oposición abandonen la tradicional actitud de irresponsabilidad, cambiando de discurso a su conveniencia según estén o no en el gobierno, escuchen a los empresarios del sector y desarrollen el protocolo que garantice la objetividad y el interés colectivo en el destino y la distribución del dinero que la Xunta dedica a comunicación. Lo contrario es lo que hay ahora, un uso caprichoso y partidista del dinero público al servicio de quien gobierna. Así ha ocurrido siempre, pero la actual administración ha saltado todos los límites.
El en teoría concurso público de Industria reúne todos los ejemplos de la mala praxis que se debe desterrar de una vez por todas. La convocatoria ha sido realizada por la Xunta de forma perversa, utilizando vericuetos y artimañas legales para burlar la normativa general y reducir al mínimo los plazos entre la convocatoria y el plazo de entrega de las ofertas. Nadie ni nada parece justificar esta urgencia, pero lo cierto es que las empresas de comunicación interesadas en participar tienen tan solo 15 días hábiles, y en pleno periodo vacacional, para elaborar un plan de medios, diseñar contenidos, presentaciones y forjar, en definitiva, una oferta competitiva, un trabajo que, según la opinión de algunos expertos, requeriría un mínimo de un mes. Difícilmente una empresa que no tenga información previa, por no decir privilegiada, puede cumplir los plazos en las condiciones idóneas. ¿A qué responde esta precipitación? ¿Qué razones hay para actuar con tales dosis de oscurantismo? ¿A quién beneficiará este concurso relámpago? De momento, con lo sabido y lo que se intuye, es fácil relacionar la precipitación del gobierno autonómico con la cuenta atrás para las elecciones autonómicas. Con la misma facilidad y en paralelo surge la sospecha de discrecionalidad en este concurso.
No es la primera vez en este mandato que se producen este tipo de hechos, incluso con los mismos actores, amparados por una Secretaría Xeral de Medios a la que no se le conoce otra actividad más que la de intermediar ante las empresas informativas para intentar convencerlas de que trasladen a los gallegos una realidad informativa plana y al servicio de su presidente. Cuenta para ello con extrañas colaboraciones, como la de un asesor al que se le conocen vinculaciones con empresas de publicidad que participan en el reparto de la inversión en comunicación de la Xunta. Es curiosamente este último el hombre en quien delega la Secretaría la distribución de las campañas publicitarias. Es sólo un ejemplo más. Sobran comentarios.
Es hora de explicar a los ciudadanos, de forma diáfana, cuánto y cómo se invierte en comunicación, consensuando en el Parlamento la fórmula para hacerlo, teniendo en cuenta la difusión de cada medio e introduciendo los mecanismos correctores precisos para cada caso.
El grupo La Región abanderó en su día una iniciativa para buscar esa fórmula, llegando a generar el clima de consenso necesario entre todos los periódicos y emisoras de radio de Galicia. El objetivo era alumbrar un procedimiento transparente y objetivo de reparto del presupuesto publicitario. Iba por buen camino hasta que acabó dinamitado por el medio que mayor beneficio obtiene de la actual discrecionalidad en el uso de fondos públicos. Bien es cierto que tampoco ayudó la indolencia del gobierno tripartito de González Laxe.
Frustrado aquel intento, con el paso de los años se ha ido acentuando el escenario de discrecionalidad y de dependencia en el que la obediencia al poder establecido se ha convertido en uno de los baremos fundamentales en el acceso a las campañas informativas de la Xunta. Si hay un paradigma de ello es precisamente el Ejecutivo de Feijóo, parapetado por las dificultades que vive el sector privado de la comunicación.
A la vista de los acontecimientos, La Región vuelve a proclamar aquí y ahora la necesidad de retomar la idea de forma decidida, tanto más cuando el momento actual requiere una exhaustiva racionalización del dinero institucional. Es imprescindible que los políticos, una vez oídos los operadores privados, pacten un modelo objetivo de gestión de la comunicación institucional, con todas las garantías necesarias. Este medio no cejará en reclamarlo a éste y a sucesivos gobiernos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto, cómo, por qué y dónde invierte la Xunta en comunicación. Están en juego el dinero de todos y la credibilidad del sistema.
