Los siete concejales condenados por prevaricación renuncian a sus cargos "por imperativo legal"
La concejal de Xuventude y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Santiago, Rebeca Domínguez, comunicó en la tarde de ayer que presenta su renuncia después de transmitirle por la mañana de manera verbal su decisión al alcalde, Ángel Currás (PP), con lo que son actualmente nueve las vacantes a cubrir en la Corporación compostelana. Su anuncio se conoce tras la renuncia de siete ediles del grupo de gobierno que recurrirán la sentencia que los condena a nueve años de inhabilitación por haber acordado la defensa con dinero público de un excompañero, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokemon y que, a su vez, presentó su dimisión hace una semana.
El fallo judicial contra los siete concejales se conoció después de que el pasado 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con el dinero de todos la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado. Los salientes por "imperativo legal" son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis Bello y Francisco Noya y a esta lista se suma ahora Rebeca Domínguez.
Sustituta de Conde Roa
Esta concejal se incorporó al grupo de gobierno, que consta de 13 miembros, en abril de 2012, cuando corrió la lista tras la dimisión un año después de las elecciones municipales del alcalde Gerardo Conde Roa, que acabó siendo condenado por fraude fiscal. Rebeca Domínguez, que se encargaba en un principio de la cartera Educativa, fue imputada por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias en la operación Pokemon, que investiga una trama corrupta en contratas públicas, y desde el primer momento se quejó del trato recibido por el alcalde, que pretendía, según ella, que firmase documentos con los que no estaba de acuerdo.
De esto mismo se lamentó el dimitido Adrián Varela, que ante la juez instructora, Pilar de Lara, se refirió al "trato vejatorio" que dio Ángel Currás tanto a Rebeca Domínguez como a él. Currás, que sucedió a Conde Roa, está también imputado en la Operación Pokemon por un delito de tráfico de influencias.
Sobre la teniente alcalde, Reyes Leis, no pesa imputación alguna y es la única edil que empezó la legislatura y se encuentra en esta situación. Tampoco está imputado en ninguna de las causas judiciales abiertas José María Rosende Rico, que entró cuando dimitió el encargado de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio de la Grúa y de la ORA Albino Vázquez, tras ser imputado en la operación Manga, una derivación de la Pokemon, por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
No pesa imputación alguna, igualmente, sobre Luis Meijide, que sustituyó a la actual diputada autonómica y portavoz del PPdeG Paula Prado, que, aunque no imputada, sí está salpicada por la Pokemon.
Imperativo legal
Los siete ediles condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación exlicaron ayer que su renuncia al cargo se produce por "imperativo legal", y se despidieron del Ayuntamiento con agradecimientos a los funcionarios pero sin palabras de gratitud explícitas al alcalde, Ángel Currás, al que tampoco quisieron dar su respaldo en esta nueva tarea alegando que ya no son un cargo público.
Ante la prensa comparecieron cinco de los siete condenados -todos menos María Castelao y Luis Bello, que acudió al Pazo de Raxoi en la mañana de ayer y eludió hablar con la prensa- y ejerció de portavoz la que lo era hasta ahora también del gobierno local, María Pardo, quien confirmó que ya presentaron su dimisión y quien apeló de nuevo a que se sienten "inocentes". De hecho, expresó la "inapelable disconformidad" con la sentencia, frente a la que anunciaron la interposición de un recurso ante la Audiencia coruñesa de forma inmediata.
