El PP está dispuesto a replantearse la exigencia del voto rogado que se impuso a los emigrantes en la reforma electoral de la pasada legislatura, pues reconoce que la participación de los residentes en el extranjero ha caído notablemente, pero exige que se establezca algún tipo de garantía para asegurar que no hay suplantaciones.
Así lo ha señalado el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ponente de aquella reforma electoral que fue contestada por las formaciones minoritarias y por los colectivos de residentes españoles en el exterior.
Aquella reforma electoral, apoyada por PSOE, PP y los nacionalistas de CiU y PNV, entró en vigor en 2011 y entre otras cosas excluía a los emigrantes de participar en elecciones municipales mientras que en el resto de comicios les obligaba a pedir el voto con antelación como requisito para poder ejercer el derecho de sufragio, ya fuera en urna en consulados y embajadas o por correo.
CONTESTACIÓN
Ese requisito fue muy contestado por formaciones minoritarias como Izquierda Unida, UPyD y los nacionalistas gallegos (BNG) y canarios (CC-NC), a la vista del desplome de la participación de los emigrantes en las autonómicas de y las generales de 2011. A las críticas se sumaron sectores del PP gallego y colectivos de los dos grandes partidos en el exterior.
Dos años después, cuando se ha vuelto a abrir el debate de la reforma de la Ley Electoral en el marco de los acuerdos por la transparencia y contra la corrupción recogidos en la resolución aprobada en el último Debate sobre el estado de la Nación, el PP está dispuesto a revisar los cambios.
Bermúdez de Castro ha recordado que la anterior reforma electoral buscó establecer un 'sistema de garantía' para el voto de los españoles en el exterior, homogeneizando el procedimiento de voto a los residentes en España.
En este sentido, el dirigente 'popular' subraya medidas como permitir el voto en urna en consulados y posibilitar después que esas papeletas se enviaran por valija diplomática a las juntas electorales con el fin de agilizar el recuento y evitar retrasos en los envíos o incluso la pérdida de votos.
El cambio de la medida facilitaría el voto de 1.617.797 emigrantes españoles, entre ellos el de casi 306.000 gallegos inscritos en el CERA (140.476 de A Coruña, 57.602 de Lugo, 90.555 de Ourense y 117.271 de Pontevedra). Además, el Parlamento gallego elegirá esta misma semana en pleno a los parlamentarios que defenderán en el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas gallegas para facilitar el voto de los emigrantes que, entre otras medidas, también contempla la eliminación del voto rogado.
Aquella reforma electoral, apoyada por PSOE, PP y los nacionalistas de CiU y PNV, entró en vigor en 2011 y entre otras cosas excluía a los emigrantes de participar en elecciones municipales mientras que en el resto de comicios les obligaba a pedir el voto con antelación como requisito para poder ejercer el derecho de sufragio, ya fuera en urna en consulados y embajadas o por correo.
CONTESTACIÓN
Ese requisito fue muy contestado por formaciones minoritarias como Izquierda Unida, UPyD y los nacionalistas gallegos (BNG) y canarios (CC-NC), a la vista del desplome de la participación de los emigrantes en las autonómicas de y las generales de 2011. A las críticas se sumaron sectores del PP gallego y colectivos de los dos grandes partidos en el exterior.
Dos años después, cuando se ha vuelto a abrir el debate de la reforma de la Ley Electoral en el marco de los acuerdos por la transparencia y contra la corrupción recogidos en la resolución aprobada en el último Debate sobre el estado de la Nación, el PP está dispuesto a revisar los cambios.
Bermúdez de Castro ha recordado que la anterior reforma electoral buscó establecer un 'sistema de garantía' para el voto de los españoles en el exterior, homogeneizando el procedimiento de voto a los residentes en España.
En este sentido, el dirigente 'popular' subraya medidas como permitir el voto en urna en consulados y posibilitar después que esas papeletas se enviaran por valija diplomática a las juntas electorales con el fin de agilizar el recuento y evitar retrasos en los envíos o incluso la pérdida de votos.
El cambio de la medida facilitaría el voto de 1.617.797 emigrantes españoles, entre ellos el de casi 306.000 gallegos inscritos en el CERA (140.476 de A Coruña, 57.602 de Lugo, 90.555 de Ourense y 117.271 de Pontevedra). Además, el Parlamento gallego elegirá esta misma semana en pleno a los parlamentarios que defenderán en el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas gallegas para facilitar el voto de los emigrantes que, entre otras medidas, también contempla la eliminación del voto rogado.
