También en solitario, el PP aprobó reclamar en el Congreso de los Diputados una modificación de la Ley estatal de Costas para legalizar núcleos tradicionales que, con dicha ley, de 1988, quedaron incluidos en el espacio de servidumbre costera.
Cientos de casas de 12 ayuntamientos (entre ellos, Marín, Moaña, Vilaboa, Redondela, Gondomar, A Illa, Ribeira, A Pobra y Malpica) están desde entonces en una situación alegal y de indefinición de la propiedad. Los populares piden que en esos núcleos anteriores a la ley se reconozca la propiedad privada, pero también que los terrenos calificados como urbanos antes de 1988 puedan acoger 'novos usos e construccións' y que construcciones posteriores a la ley puedan legalizarse si fueron levantadas con el 'amparo de actos administrativos públicos', como una licencia de obra, un registro notarial o el pago de la taxa de saneamiento.
Para PSdeG y BNG se trata de una medida presentada con interés electoral, seis meses antes de los comicios municipales, y que dará amparo a construcciones ilegales. La socialista Mar Barcón y la nacionalista Teresa Táboas coincidieron en ver la propuesta popular como una medida para ayudar a 'amigos e especuladores'. Para Román Rodríguez (PP) la reforma sólo pretende dar garantías a los ciudadanos y a la oposición le recordó que también el Bipartito pretendía legalizar, en la Lei de Vivenda, los núcleos tradicionales, pero que el Gobierno central ha presentado un recurso de constitucionalidad, aún no resuelto.
Según el régimen actual, los vecinos de las áreas afectadas perderán la titularidad de las propiedaddes y sólo podrán seguir viviendo en ellas en régimen de concesión durante un periodo máximo de 60 años.
Para PSdeG y BNG se trata de una medida presentada con interés electoral, seis meses antes de los comicios municipales, y que dará amparo a construcciones ilegales. La socialista Mar Barcón y la nacionalista Teresa Táboas coincidieron en ver la propuesta popular como una medida para ayudar a 'amigos e especuladores'. Para Román Rodríguez (PP) la reforma sólo pretende dar garantías a los ciudadanos y a la oposición le recordó que también el Bipartito pretendía legalizar, en la Lei de Vivenda, los núcleos tradicionales, pero que el Gobierno central ha presentado un recurso de constitucionalidad, aún no resuelto.
Según el régimen actual, los vecinos de las áreas afectadas perderán la titularidad de las propiedaddes y sólo podrán seguir viviendo en ellas en régimen de concesión durante un periodo máximo de 60 años.
