La delegación del MARM, encabezada por su máxima responsable, Rosa Aguilar, tuvo ayer una intensa jornada de toma de contacto con los sectores gallegos vinculados a su departamento. La ministra se reunió primero con tres conselleiros de la Xunta (Medio Ambiente, Medio Rural y Pesca, además de con el presidente Feijóo), para a continuación hacer lo propio con los sindicatos agrarios y, después, con la cúpula del PSdeG.
Ante la ministra, el secretario general de los socialistas, Manuel Vázquez, demandó medidas para que el sector agroganadero sea 'máis competitivo e produtivo para que os cidadáns da Galicia interior poidan vivir dignamente e frear o despoboamento dos núcleos rurais'.Para Vázquez, 'a xente do rural, que mantén a este país, pide a berros vivir con dignidade'.
Recordó que en el 80% del territorio gallego vive sólo el 20% de la población y que parte importante de ella son pensionistas, por lo que reclamó mejores oportunidades para ese ámbito, por parte del Gobierno. A la Xunta de demandó que 'que non deixe sos aos que vivimos no rural'.
Los sindicatos Unións Agrarias (UU.AA.) y Xóvenes Agricultores (XX.AA) manifestaron a la ministra que los contratos lácteos deben incluir un sistema objetivo de actualización de precios para que la obligatoriedad en la firma no sirva como elemento de presión a los productores por parte de la industria y que el poder negociador de los ganaderos debe quedar claramente especificado y reforzado. El Sindicato Labrego Galego se ha mostrado contrario al decreto ya que no establece 'garantía de prezo para os gandeiros de que vaian cubrir os custes de produción e de traballo'.
Recordó que en el 80% del territorio gallego vive sólo el 20% de la población y que parte importante de ella son pensionistas, por lo que reclamó mejores oportunidades para ese ámbito, por parte del Gobierno. A la Xunta de demandó que 'que non deixe sos aos que vivimos no rural'.
Los sindicatos Unións Agrarias (UU.AA.) y Xóvenes Agricultores (XX.AA) manifestaron a la ministra que los contratos lácteos deben incluir un sistema objetivo de actualización de precios para que la obligatoriedad en la firma no sirva como elemento de presión a los productores por parte de la industria y que el poder negociador de los ganaderos debe quedar claramente especificado y reforzado. El Sindicato Labrego Galego se ha mostrado contrario al decreto ya que no establece 'garantía de prezo para os gandeiros de que vaian cubrir os custes de produción e de traballo'.
