Los datos del Observatorio de Deuda de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) muestran que el volumen de facturas pendientes de cobro por parte de las comunidades autónomas alcanzó a cierre de septiembre de 2013 la cantidad de 2.496 millones de euros, con un plazo medio de pago de 333 días. Por lo que respecta a Galicia, esta comunidad autónoma acumula una deuda de 65 millones de euros y una demora en el pago de 151 días.
Estos datos, en comparación con el mes pasado, muestra que la deuda se mantiene (en agosto de 2013 la cantidad de 2.500 millones de euros), mientras que el plazo medio de pago aumenta 10 días. Si se comparan con los datos de agosto 2012, se puede hablar de que la deuda se mantiene estable ya que se establecía en los 2.400 millones; sin embargo, la situación era mejor ya que el plazo medio de pago era de 100 días menos.
Las comunidades con mayor deuda son Andalucía (707 millones), la Comunidad Valenciana (539 millones), y Cataluña (215 millones), que copan casi 60 por ciento de toda la deuda; le siguen Castilla-La Mancha (186 millones), Madrid (176 millones), Aragón (139 millones), Murcia (124 millones), Extremadura (84 millones), Baleares (80 millones), Galicia (65 millones), Castilla y León (64 millones), Canarias (47 millones), País Vasco (31 millones), Asturias (17 millones), Cantabria (11 millones), Navarra (5 millones), La Rioja (5 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1 millón).
CON MÁS RETRASO
En cuanto al pago, la que más retraso tiene es la Comunidad Valenciana con 633 días, le siguen Andalucía (510 días), Murcia (488 días), Aragón (485 días), Castilla-La Mancha (475 días), Baleares (446 días), Extremadura (390 días) y Cataluña (332 días). Le siguen, Madrid (191 días), Galicia (151 días), Canarias (141 días), Castilla y León (127 días), Cantabria (110 días), La Rioja (93), Asturias (92 días), País Vasco (71 días), Navarra (45 días) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (41 días).
A la espera de que el Ejecutivo autorice un nuevo Plan de proveedores que de un respiro a las empresas del sector, Rodríguez explica la contradictoria situación que se vive con la entrada en vigor de la Ley de Morosidad que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo máximo de 30 días a los proveedores. 'La realidad en el sector es que en este momento el plazo medio de pago es diez veces superior al plazo lega', dijo. Para Rodríguez es importante que la Administración 'cumpla la ley', porque 'están poniendo en una situación muy difícil a las empresas del sector', ya que 'se sienten presionados por no haber crédito bancario y, por otra parte, sus proveedores piden cobrar su deuda que deben pagar en un máximo de 60 días; a lo que se suma que tiene que pagar también los impuesto son haber cobrado la factura'.
Las comunidades con mayor deuda son Andalucía (707 millones), la Comunidad Valenciana (539 millones), y Cataluña (215 millones), que copan casi 60 por ciento de toda la deuda; le siguen Castilla-La Mancha (186 millones), Madrid (176 millones), Aragón (139 millones), Murcia (124 millones), Extremadura (84 millones), Baleares (80 millones), Galicia (65 millones), Castilla y León (64 millones), Canarias (47 millones), País Vasco (31 millones), Asturias (17 millones), Cantabria (11 millones), Navarra (5 millones), La Rioja (5 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1 millón).
CON MÁS RETRASO
En cuanto al pago, la que más retraso tiene es la Comunidad Valenciana con 633 días, le siguen Andalucía (510 días), Murcia (488 días), Aragón (485 días), Castilla-La Mancha (475 días), Baleares (446 días), Extremadura (390 días) y Cataluña (332 días). Le siguen, Madrid (191 días), Galicia (151 días), Canarias (141 días), Castilla y León (127 días), Cantabria (110 días), La Rioja (93), Asturias (92 días), País Vasco (71 días), Navarra (45 días) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (41 días).
A la espera de que el Ejecutivo autorice un nuevo Plan de proveedores que de un respiro a las empresas del sector, Rodríguez explica la contradictoria situación que se vive con la entrada en vigor de la Ley de Morosidad que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo máximo de 30 días a los proveedores. 'La realidad en el sector es que en este momento el plazo medio de pago es diez veces superior al plazo lega', dijo. Para Rodríguez es importante que la Administración 'cumpla la ley', porque 'están poniendo en una situación muy difícil a las empresas del sector', ya que 'se sienten presionados por no haber crédito bancario y, por otra parte, sus proveedores piden cobrar su deuda que deben pagar en un máximo de 60 días; a lo que se suma que tiene que pagar también los impuesto son haber cobrado la factura'.
