La Xunta hará frente común con los sindicatos, la patronal, el Grupo Parlamentario del PPdeG y el del BNG para reivindicar al Gobierno central los 243 millones correspondientes al Fondo de Cooperación que exigen como 'cumplimiento' del sistema de financiación.
Así lo aseguró la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, en declaraciones a los medios al término de una ronda de reuniones con los responsables de empleo de UGT y CC.OO. -CIG alegó este jueves 'trabajo sindical' y por ello no asistió a la convocatoria del departamento autonómico-; con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla y con los portavoces parlamentarios y los diputados encargados del área de economía de las tres formaciones presentes en la Cámara autonómica.
Fernández Currás presentó a todos ellos las previsiones de ingresos que tiene el Ejecutivo gallego para elaborar sus cuentas de 2011 y expuso la necesidad de reclamar los 243 millones procedentes del Fondo de Cooperación, que el Estado no abonará en 2011, sino que defiende que deben transferirse con la liquidación del ejercicio, que no será hasta 2013. Al respecto, la responsable de Facenda dijo que logró el apoyo de todos los actores a excepción del Grupo Socialista.
'PRUEBA DOCUMENTAL'
La reunión de Marta Fernández Currás con los actores sociales, empresariales y políticos se produce el mismo día en que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo aseguró que mostrará la 'prueba documental' de que se pactó con el Gobierno socialista la cesión anual del Fondo de Cooperación por el que a Galicia le corresponderían 243 millones de euros -que el Estado retrasa hasta 2013-.
'Llegamos ya a la cifra de 1.500 millones de euros', ha alertado la titular de Facenda sobre la cifra a la que asciende la disminución de las partidas que recibirá Galicia del Estado en 2011 respecto a 2010, al tiempo que agradecía 'muchísimo' la asistencia 'y la actitud' de sindicatos, patronal, BNG y PPdeG, 'ya que están con el Gobierno gallego para que lleve adelante todos los instrumentos para reclamarle al Estado el cumplimiento de este acuerdo de financiación'. En este sentido, exhibió'cierta esperanza', ya que el Estado, reiteró, 'tiene mecanismos suficientes para colocar estos fondos en los presupuestos de las Comunidades Autónomas'.
Por su parte, el presidente de la Xunta, destacó ayer que, en el proyecto de presupuestos de 2010, el Gobierno cumplió su 'amenaza' de no traspasar los fondos del cooperación, lo que pone en 'grave riesgo' los servicios básicos como la educación o la sanidad. Así lo expuso el jefe del Ejecutivo gallego al término del Consello de la Xunta. 'Tenemos un agujero entre la transferencia de los servicios básicos y su coste, ya en el año 2010, de más de 300 millones de euros', señaló el jefe del Ejecutivo.
En todo caso, el jefe del Ejecutivo gallego indicó que previamente a tomar la decisión se escuchará a los agentes sociales pero, agregó, resulta evidente que el fondo de cooperación que se transfirió a Galicia en 2010 no se traslada en los nuevos presupuestos.
Insistió en que se consultarán con los agentes sociales las alternativas de se dispone para 'cuadrar algo irrenunciable: que los servicios públicos esenciales tienen que tener la dotación presupuestaria para prestarse en el 2011, que es el objetivo' de la Xunta. A su juicio, hay un 'riesgo evidente' de que los ingresos no sean suficientes para las prestaciones básicas, por lo que quieren compartir la decisión final con los agentes sociales.
Fernández Currás presentó a todos ellos las previsiones de ingresos que tiene el Ejecutivo gallego para elaborar sus cuentas de 2011 y expuso la necesidad de reclamar los 243 millones procedentes del Fondo de Cooperación, que el Estado no abonará en 2011, sino que defiende que deben transferirse con la liquidación del ejercicio, que no será hasta 2013. Al respecto, la responsable de Facenda dijo que logró el apoyo de todos los actores a excepción del Grupo Socialista.
'PRUEBA DOCUMENTAL'
La reunión de Marta Fernández Currás con los actores sociales, empresariales y políticos se produce el mismo día en que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo aseguró que mostrará la 'prueba documental' de que se pactó con el Gobierno socialista la cesión anual del Fondo de Cooperación por el que a Galicia le corresponderían 243 millones de euros -que el Estado retrasa hasta 2013-.
'Llegamos ya a la cifra de 1.500 millones de euros', ha alertado la titular de Facenda sobre la cifra a la que asciende la disminución de las partidas que recibirá Galicia del Estado en 2011 respecto a 2010, al tiempo que agradecía 'muchísimo' la asistencia 'y la actitud' de sindicatos, patronal, BNG y PPdeG, 'ya que están con el Gobierno gallego para que lleve adelante todos los instrumentos para reclamarle al Estado el cumplimiento de este acuerdo de financiación'. En este sentido, exhibió'cierta esperanza', ya que el Estado, reiteró, 'tiene mecanismos suficientes para colocar estos fondos en los presupuestos de las Comunidades Autónomas'.
Por su parte, el presidente de la Xunta, destacó ayer que, en el proyecto de presupuestos de 2010, el Gobierno cumplió su 'amenaza' de no traspasar los fondos del cooperación, lo que pone en 'grave riesgo' los servicios básicos como la educación o la sanidad. Así lo expuso el jefe del Ejecutivo gallego al término del Consello de la Xunta. 'Tenemos un agujero entre la transferencia de los servicios básicos y su coste, ya en el año 2010, de más de 300 millones de euros', señaló el jefe del Ejecutivo.
En todo caso, el jefe del Ejecutivo gallego indicó que previamente a tomar la decisión se escuchará a los agentes sociales pero, agregó, resulta evidente que el fondo de cooperación que se transfirió a Galicia en 2010 no se traslada en los nuevos presupuestos.
Insistió en que se consultarán con los agentes sociales las alternativas de se dispone para 'cuadrar algo irrenunciable: que los servicios públicos esenciales tienen que tener la dotación presupuestaria para prestarse en el 2011, que es el objetivo' de la Xunta. A su juicio, hay un 'riesgo evidente' de que los ingresos no sean suficientes para las prestaciones básicas, por lo que quieren compartir la decisión final con los agentes sociales.
