Un jurado verá el caso de malversación de caudales públicos en el que la fiscal pide seis años de prisión
El primer tribunal con jurado convocado por la Audiencia de Ourense para este año no tendrá que dirimir sobre voluntad de matar, alevosía o ensañamientos tal como acostumbra . Esta vez, las posiciones más o menos vehementes versarán sobre profesores que se desvían de su cometidos curriculares, patrimonio público y ánimo de lucro. Los nueve ciudadanos y dos suplentes seleccionados para el jurado previsto para el 10 y 11 de mayo tendrán que determinar la culpabilidad o inocencia de un docente que ejerció en el colegio público de educación infantil y primaria (CEIP) de Oímbra entre el 30 de septiembre del año 2000 hasta el 31 de agosto de 2007, fecha en el que vio atendida su petición para ser trasladado a otro centro del Principado de Asturias.
Durante su estancia en Oímbra, el inculpado, Agustín A.P., llegó a tener voz en el aula pero también en las labores de intendencia del colegio. Primero, como encargado del comedor y, más tarde, como secretario del centro.
El ministerio fiscal lo acusa de un delito continuado de falsedad en concurso con otro de malversación de caudales públicos, reclamando para él un pena de seis años de prisión y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 12 euros. Además, añade seis años de inhabilitación para el ejercicio de su trabajo en la docencia. Por su parte, la defensa niega los hechos y reclama su absolución.
El caso, que se inició con una querella de la fiscalía a raíz de unas diligencias informativas iniciadas en 2009, se sustancia en la desaparición de 14.961,46 euros pertenecientes a la cuenta bancaria del colegio público de Oímbra entre 2003 y 2007.
El inculpado está acusado de emitir y cobrar cheques nominativos -al suyo propio- con cargo al colegio. En su condición de secretario del centro, tenía asignadas entre sus funciones la de ordenar el régimen económico del colegio de acuerdo con las instrucciones del director así como realizar la contabilidad y rendir cuentas ante el consejo escolar y las autoridades.
Él era una de las tres personas autorizadas para retirar dinero de la cuenta del CEIP en una sucursal de la antigua Caixanova, pero, según la acusación pública, simuló una segunda firma ya que para disponer de los fondos eran necesarias dos. La fiscal lo acusa de actuar movido por su propio beneficio con ánimo de lucro.
Según consta en la querella, la retira de dinero comenzó tímidamente en 2003 con cinco cheques con cantidades que oscilaron entre los 138 y los 84 euros.
Al año siguiente, se duplicaron -hasta 12 cheques- y las cantidades extendidas fueron subiendo (hay incorporados a los autos talones por importe de 345 euros). En 2005, dice la fiscal, emitió 22 (uno por importe de 565 euros) y en 2006, 14 y 20 al siguiente curso escolar. Precisamente, a lo largo de 2007, hubo retiradas importantes, hasta 5.410 euros. Pero también comenzaron las sospechas.
