El nuevo Tratado de Lisboa acordado la pasada madrugada por los líderes europeos y que se firmará en la capital portuguesa el 13 de diciembre incluye las principales novedades institucionales de la fallida Constitución Europea --rechazada hace dos años en referéndum por Francia y Países Bajos-- con el objetivo de hacer que la UE sea más eficaz, democrática y transparente. No obstante, se eliminan todos los valores simbólicos que puedan identificar a la UE con un Estado para contentar a los países más escépticos.
La UE proclamará de forma solemne el 12 de diciembre la Carta de Derechos Fundamentales
En primer lugar, se mejora la representación exterior de la UE con la creación de dos nuevos cargos. Por un lado, el presidente permanente, que sustituirá a las presidencias semestrales con un mandato de dos años y medio renovable y que se ocupará de garantizar la cohesión y la coordinación del Consejo Europeo. Para este cargo ha sonado el nombre del ex primer ministro británico, Tony Blair. También se refuerza la figura del Alto Representante, que pasará a ser vicepresidente de la Comisión y presidirá las reuniones de jefes de la diplomacia de los Veintisiete.
La Carta de Derechos Fundamentales se convierte en jurídicamente vinculante, aunque no se aplicará en Reino Unido ni en Polonia. Asimismo, se modifican sustancialmente los mecanismos de toma de decisiones ya que se suprime el veto en unas 40 políticas, entre ellas la de inmigración, y se extienden las competencias de la Eurocámara.
Polonia logró aplazar hasta 2017 la entrada en vigor del reparto de poder basado en un sistema de votación por doble mayoría de un 55% de los Estados (que incluya al menos a 15 países) y un 65% de la población. Este mecanismo era otra de las novedades de la Constitución. Aunque a partir de 2014 empezará a aplicarse formalmente la doble mayoría, Polonia podrá invocar el Tratado de Niza cada vez que le resulte más favorable para lograr una minoría de bloqueo. Asimismo, se refuerza el denominado 'compromiso de Ioannina' para retrasar las decisiones desfavorables.
El tamaño de la Comisión se reducirá a partir de 2013 para hacer este órgano más funcional. En lugar de un comisario por país, habrá un número de miembros equivalente a dos tercios de los Estados miembros. Por primera vez se incluye además una cláusula para permitir a un Estado miembro abandonar la Unión.
Otras novedades del Tratado de Lisboa que provienen de la Constitución son que se reconoce la personalidad jurídica de la UE y también la primacía del derecho comunitario sobre el nacional (aunque ya no en un artículo del Tratado sino en un protocolo adjunto); y se mantienen los avances en materia de energía, protección civil, salud pública, deporte o turismo. Asimismo, se añade como política prioritaria la lucha contra el cambio climático.
No obstante, el nuevo Tratado queda desprovisto de cualquier carácter constitucional, y tampoco sustituirá a todas las normas anteriores, sino que se limita a enmendar, respectivamente, al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que a partir de ahora pasará a llamarse Tratado sobre el funcionamiento de la UE. Ello supone renunciar al ejercicio de simplificación previsto en la Constitución, un texto que recortaba de 2.800 a 400 páginas el derecho primario comunitario.
El Tratado simplificado no menciona la palabra 'Constitución', no incluye ningún artículo que hable de los símbolos de la UE (bandera, himno o divisa), el ministro de Asuntos Exteriores pierde su nombre por el de Alto Representante, y ya no se hablará de 'ley' o 'ley marco' europea, sino que se mantendrán las denominaciones actuales de 'reglamento', 'directiva' o 'decisión'. Con ello se trata de evitar la impresión de que la UE vaya a convertirse en un 'superestado', idea que provoca ampollas en muchos Estados miembros.
