La inhabilitación para la docencia es uno de los escollos para una sentencia de conformidad.
El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense ha reservado el miércoles y jueves para un juicio con 17 testigos contra el profesor de Religión Agustín O.G., acusado de abusos sexuales (tocamientos) a ocho alumnos de Primaria entre los ocho y diez años, todos ellos varones. El ministerio fiscal, quien presentó querella por estos hechos en el Juzgado de O Barco, reclama un total de 19 años de prisión y 32 de inhabilitación para trabajar con menores. Precisamente, la imposibilidad de seguir ejerciendo la docencia es el principal escollo con el que se topó la negociación entablada hace meses por el letrado que lo representa, Alfonso Pazos, y el representante del ministerio fiscal.
El abogado trata de evitar la vista oral para su cliente en la procura de un acuerdo que lo exonere de ir a prisión a cambio de una pena multa (algo previsto en el delito por el que fue procesado). Pero Agustín O.G., quien lleva suspendido de empleo y sueldo desde que se judicializó el caso en 2012, quiere volver a las aulas, su único modo de vida desde que cursó estudios en el Seminario y comenzó a impartir clases en octubre de 1999. Llegó a compaginar desde 2007 cuatro centros escolares valdeorreses: Tomás Terrón Mendaña de Sobradelo (Carballeda), Vixe do Camiño (Rubiá), colegio público de O Bolo y el Manuel Folla de Vilamartín.
Según aduce su abogado, el acusado cuenta con el aval de profesores y padres que lo defienden y quienes consideran "que es un buen profesor y un buen hombre".
El fiscal, tras la investigación abierta que le llevó posteriormente a denunciar el caso, en el que entrevistó a muchos alumnos de esos colegios, considera que Agustín O.G., "prevaliéndose de su condición de profesor de Religión, abusó de los niños de dos de los colegios para satisfacer sus más bajos y denostados instintos sexuales, aprovechándose de la edad que tenía los niños". Añade que "los sentaba en sus rodillas mientras impartía la clase, los acariciaba por debajo de la ropa, llegando incluso a tocarles los genitales (a tres de las ocho víctimas). La acusación pública también le reprocha, desde un punto de vista penal, que les diera masajes en la espalda y les lamiese las orejas.
En tres de los casos, según el fiscal, las conductas descritas comenzaron en el curso 2004-2004, prolongándose durante cinco años.
