El sector de la Justicia en Ourense es unánime a la hora de formular sus peticiones a la Xunta presidida por Núñez Feijóo: la agilización del nuevo edificio judicial, la mejora del sistema de gestión y la optimización del personal, incluyendo en este apartado la creación de más plazas de funcionariado.
Si hay un clamor unánime entre la Justicia ourensana, ése es la creación efectiva del nuevo edificio judicial. Jueces, abogados, procuradores y funcionarios coinciden sin fisuras en que el actual Pazo de Xustiza no está adaptado a las necesidades crecientes de esta administración y piden que el proyecto tome forma cuanto antes para poder realizar el ansiado traslado durante la presente legislatura. Todos coinciden también en la urgente necesidad de conseguir el tantas veces reclamado Juzgado de Violencia de Género, previsto para junio de 2009.
Antonio Piña, juez decano de Ourense, solicita que dicho proyecto se ejecute con perspectiva de futuro y demanda, además, la necesidad de mejorar el sistema informático y de gestión, con el fin de lograr una Justicia más moderna, transparente y cómoda para el ciudadano. Antonio Piña recuerda que Alberto Núñez Feijóo, en su discurso de investidura, señaló que sus decisiones buscarían la consecución de estos objetivos, por lo que se muestra esperanzado con la promesa formulada por el presidente de la Xunta.
El decano del Colegio de Abogados, Arturo González, además de reiterar la necesidad de un nuevo edificio judicial y del Juzgado de Violencia, pide que culminen las negociaciones aún sobre la mesa sobre la adaptación de las retribuciones de los abogados del turno de oficio.
Ricardo Garrido, decano del Colegio de Procuradores, recuerda que lo que más preocupa en estos momentos a este colectivo es la sangrante falta de espacio físico en donde desenvolver su labor. Además, señala que próximamente cambiará el sistema de notificaciones judiciales (serán informatizadas mediante firma electrónica), lo que obligará a la instalación de material informático en una oficina en la que apenas cabemos todos.
El presidente de la Junta de Personal y responsable del sindicato mayoritario, SPJ-USO, Edesio Fuentes, recalca que una de las máximas prioridades que piden al nuevo Gobierno autonómico es el de ajustar las plantillas a la realidad del trabajo diario, pues los juzgados cuentan con la misma estructura que hace 25 años y se encuentran desfasadas con respecto a las necesidades actuales. Además de este ajuste, que implicaría la creación de más plazas de funcionarios, el personal judicial pide mejoras en las instalaciones que se solventarían con el nuevo edificio.
Sin espacio para notificaciones y con falta de modernización técnica en los servicios
La situación actual en la Justicia ourensana, según los jueces, pasa por lograr una mejora en el sistema informático y de gestión, con el fin de acercarla más al ciudadano. Alberto Núñez Feijóo prometió, entre otras cosas, la creación de un portal web desde donde comunicar el estado de los procedimientos a los ciudadanos, así como un observatorio permanente de la situación de la Justicia en Galicia.
Los procuradores acusan un problema físico de espacio que se ha convertido en un hándicap a la hora de desarrollar su labor. Los 50 profesionales que ejercen las notificaciones judiciales comparten dos oficinas, en dos plantas diferentes del Pazo de Xustiza, que juntas no suman más de 40 metros cuadrados.
Los 900 abogados colegiados en Ourense recalcan la necesidad de contar con un edificio judicial digno y con las prestaciones que se le exigen a la tercera ciudad de Galicia. De ellos, 240 letrados ejercen labores en el turno de oficio, para el que solicitan la adaptación de sus retribuciones, algo que debe culminar el actual Gobierno autonómico, pues el bipartito dejó sobre la mesa dicha negociación.
Los cerca de 300 funcionarios del Pazo de Xustiza señalan la saturación de trabajo en diferentes juzgados, como en el caso de los penales, o en órganos como la Fiscalía. Piden más plazas o contrataciones de interinos como refuerzo para desempeñar el trabajo diario.
Antonio Piña, juez decano de Ourense, solicita que dicho proyecto se ejecute con perspectiva de futuro y demanda, además, la necesidad de mejorar el sistema informático y de gestión, con el fin de lograr una Justicia más moderna, transparente y cómoda para el ciudadano. Antonio Piña recuerda que Alberto Núñez Feijóo, en su discurso de investidura, señaló que sus decisiones buscarían la consecución de estos objetivos, por lo que se muestra esperanzado con la promesa formulada por el presidente de la Xunta.
El decano del Colegio de Abogados, Arturo González, además de reiterar la necesidad de un nuevo edificio judicial y del Juzgado de Violencia, pide que culminen las negociaciones aún sobre la mesa sobre la adaptación de las retribuciones de los abogados del turno de oficio.
Ricardo Garrido, decano del Colegio de Procuradores, recuerda que lo que más preocupa en estos momentos a este colectivo es la sangrante falta de espacio físico en donde desenvolver su labor. Además, señala que próximamente cambiará el sistema de notificaciones judiciales (serán informatizadas mediante firma electrónica), lo que obligará a la instalación de material informático en una oficina en la que apenas cabemos todos.
El presidente de la Junta de Personal y responsable del sindicato mayoritario, SPJ-USO, Edesio Fuentes, recalca que una de las máximas prioridades que piden al nuevo Gobierno autonómico es el de ajustar las plantillas a la realidad del trabajo diario, pues los juzgados cuentan con la misma estructura que hace 25 años y se encuentran desfasadas con respecto a las necesidades actuales. Además de este ajuste, que implicaría la creación de más plazas de funcionarios, el personal judicial pide mejoras en las instalaciones que se solventarían con el nuevo edificio.
Sin espacio para notificaciones y con falta de modernización técnica en los servicios
La situación actual en la Justicia ourensana, según los jueces, pasa por lograr una mejora en el sistema informático y de gestión, con el fin de acercarla más al ciudadano. Alberto Núñez Feijóo prometió, entre otras cosas, la creación de un portal web desde donde comunicar el estado de los procedimientos a los ciudadanos, así como un observatorio permanente de la situación de la Justicia en Galicia.
Los procuradores acusan un problema físico de espacio que se ha convertido en un hándicap a la hora de desarrollar su labor. Los 50 profesionales que ejercen las notificaciones judiciales comparten dos oficinas, en dos plantas diferentes del Pazo de Xustiza, que juntas no suman más de 40 metros cuadrados.
Los 900 abogados colegiados en Ourense recalcan la necesidad de contar con un edificio judicial digno y con las prestaciones que se le exigen a la tercera ciudad de Galicia. De ellos, 240 letrados ejercen labores en el turno de oficio, para el que solicitan la adaptación de sus retribuciones, algo que debe culminar el actual Gobierno autonómico, pues el bipartito dejó sobre la mesa dicha negociación.
Los cerca de 300 funcionarios del Pazo de Xustiza señalan la saturación de trabajo en diferentes juzgados, como en el caso de los penales, o en órganos como la Fiscalía. Piden más plazas o contrataciones de interinos como refuerzo para desempeñar el trabajo diario.
