El portavoz del grupo municipal del PP, Rosendo Fernández, considera que la revisión de las ayudas a funcionarios es 'outro despropósito máis.
Estas axudas foron aprobadas polo mesmo bipartito que as quere retirar'. Más allá de analizar la medida ('todo se pode retocar e hai que priorizar', dice Fernández), el portavoz del PP considera que 'antes de tomar esta decisión hai que empezar por un mesmo', cuestionando las dedicaciones exclusivas del grupo de gobierno, que haya una concejala no electa, que 'paradoxicamente é a que toma esta decisión' y un director xeral, además de criticar las productividades y horas extras.
En este sentido, Rosendo Fernández cuestiona la contratación de personal de confianza a pesar de que 'haxa magníficos funcionarios no Concello que poden asumir estas funcións, como a do director xeral'.
Por su parte, la junta de personal se reunirá el próximo martes para, entre otras cuestiones, abordar lo que se considera incumplimiento del convenio con estas medidas, mientras el sindicato mayoritario (USO), liderado hasta hace muy poco por Valcarce Baiget, edil del PP, reclamaba ayer el cese de la concejala de Personal por su gestión del área. Además, el portavoz (y presidente de la junta de personal), Julio Domínguez, reitera sus críticas a la decisión de revisar las ayudas.
Desde el sindicato subrayan que hay otras medidas que el gobierno local puede adoptar para ahorrar costes del capítulo 1 (Personal). Así, se asegura que desde mayo se han contratado 50 personas, la mayoría técnicos del grupo A, además de contar con 205 trabajadores laborales e interinos, 'algo que el Concello no se puede permitir', señala Domínguez. Del mismo modo, sugiere que se reduzcan las 13 dedicaciones exclusivas, incluida la de Carmen Rodríguez, así como el pago de productividades fijas, y la contratación de un jefe de servicio, procedente de la Xunta, 'cuando hay gente competente en el Concello'.
También criticó la contratación de la hija del concejal de Economía, Agustín Fernández, como técnico de comunicación y relaciones públicas, un puesto que, según explicaron fuentes municipales, es de confianza y del que cesará automáticamente al cesar el actual gobierno. Desde el Concello se subraya que 'no se ha contratado a más personas de las que han cesado'.
Las prestaciones sociales se aplican desde enero de 1992
En realidad, las llamadas prestaciones sociales que perciben los funcionarios del Concello de Ourense son antiguas, tanto como del año 1991, fecha en la que se negociaron con los representantes sindicales de entonces. Eran los tiempos de José Luis Mondelo (CDS) y Manuel Veiga Pombo (PSOE) como alcaldes. De hecho, fue un pleno del 16 de enero de 1992 -cuando ya gobernaba ese regidor socialista- el que dio luz verde definitivo a todas esas prestaciones, que se han ido prorrogando desde entonces, tanto por los sucesivos gobiernos del exalcalde popular Manuel Cabezas como por el actual bipartito; el último acuerdo regulador, que data de 2009, mantenía las prestaciones. Ahora la crisis se agudiza 'y no se puede asumir ese gasto', recuerda Carmen Rodríguez.
Ligado en parte a estas magnánimas ayudas, porque si no las impulsó todas sí pugnó por mantenerlas a toda costa , está el ahora concejal del PP José Luis Valcarce Baiget, hasta hace unos pocos meses máximo responsable de la junta de personal del Concello. Su papel como sindicalista le llevó incluso a un abierto enfrentamiento con gobiernos municipales diferentes y a su sindicato a convertirse en el más votado, hasta el punto de decidir, Baiget, su salto a la política -sin éxito, hasta que en las últimas municipales volvió al seno del PP, donde ya había militado a comienzos de los años 90- en dos ocasiones, en vistas del respaldo funcionarial.
En este sentido, Rosendo Fernández cuestiona la contratación de personal de confianza a pesar de que 'haxa magníficos funcionarios no Concello que poden asumir estas funcións, como a do director xeral'.
Por su parte, la junta de personal se reunirá el próximo martes para, entre otras cuestiones, abordar lo que se considera incumplimiento del convenio con estas medidas, mientras el sindicato mayoritario (USO), liderado hasta hace muy poco por Valcarce Baiget, edil del PP, reclamaba ayer el cese de la concejala de Personal por su gestión del área. Además, el portavoz (y presidente de la junta de personal), Julio Domínguez, reitera sus críticas a la decisión de revisar las ayudas.
Desde el sindicato subrayan que hay otras medidas que el gobierno local puede adoptar para ahorrar costes del capítulo 1 (Personal). Así, se asegura que desde mayo se han contratado 50 personas, la mayoría técnicos del grupo A, además de contar con 205 trabajadores laborales e interinos, 'algo que el Concello no se puede permitir', señala Domínguez. Del mismo modo, sugiere que se reduzcan las 13 dedicaciones exclusivas, incluida la de Carmen Rodríguez, así como el pago de productividades fijas, y la contratación de un jefe de servicio, procedente de la Xunta, 'cuando hay gente competente en el Concello'.
También criticó la contratación de la hija del concejal de Economía, Agustín Fernández, como técnico de comunicación y relaciones públicas, un puesto que, según explicaron fuentes municipales, es de confianza y del que cesará automáticamente al cesar el actual gobierno. Desde el Concello se subraya que 'no se ha contratado a más personas de las que han cesado'.
Las prestaciones sociales se aplican desde enero de 1992
En realidad, las llamadas prestaciones sociales que perciben los funcionarios del Concello de Ourense son antiguas, tanto como del año 1991, fecha en la que se negociaron con los representantes sindicales de entonces. Eran los tiempos de José Luis Mondelo (CDS) y Manuel Veiga Pombo (PSOE) como alcaldes. De hecho, fue un pleno del 16 de enero de 1992 -cuando ya gobernaba ese regidor socialista- el que dio luz verde definitivo a todas esas prestaciones, que se han ido prorrogando desde entonces, tanto por los sucesivos gobiernos del exalcalde popular Manuel Cabezas como por el actual bipartito; el último acuerdo regulador, que data de 2009, mantenía las prestaciones. Ahora la crisis se agudiza 'y no se puede asumir ese gasto', recuerda Carmen Rodríguez.
Ligado en parte a estas magnánimas ayudas, porque si no las impulsó todas sí pugnó por mantenerlas a toda costa , está el ahora concejal del PP José Luis Valcarce Baiget, hasta hace unos pocos meses máximo responsable de la junta de personal del Concello. Su papel como sindicalista le llevó incluso a un abierto enfrentamiento con gobiernos municipales diferentes y a su sindicato a convertirse en el más votado, hasta el punto de decidir, Baiget, su salto a la política -sin éxito, hasta que en las últimas municipales volvió al seno del PP, donde ya había militado a comienzos de los años 90- en dos ocasiones, en vistas del respaldo funcionarial.
