Algunos regidores ourensanos se han mostrado partidarios de incluir en las ordenanzas municipales de sus concellos una excepción relativa al impuesto de plusvalía para los casos en los que el traspaso de titularidad de la vivienda se produzca a consecuencia de un desahucio, al igual que han hecho otros alcaldes en poblaciones del País Vasco o Cataluña. En la provincia, todos califican como una 'injusticia' su aplicación en situaciones tan dramáticas como la pérdida de una vivienda.
Si bien este tipo de tasas son abonadas en cada salida forzosa de un inmueble, el ourensano Alfredo Castilla ha sido la primera persona en Galicia que se mostró disconforme con la medida y llevó su caso hasta el Valedor do Pobo. El piso, que figura a nombre de su esposa y en el que vivía con los dos hijos de ella, está situado en A Valenzá (Barbadás). El recibo, por valor de unos 500 euros, llegó con remite de la Diputación, ente que asume el servicio de recaudación, pero el destinatario último de este impuesto es el Concello de Barbadás. Su alcalde, el popular José Manuel Freire Couto, asegura que, en un principio, es la ley la que regula este tipo de pagos aunque 'este imposto estamos nós en condicións de perdoalo' y entiende que el afectado debería acercarse a la Casa Consistorial para tratar este asunto. Para Freire Couto, la aplicación de la plusvalía tendría que mirarse 'caso por caso'.
IGUALDAD ENTRE PARTIDOS
Declaraciones similares a las de Freire Couto llegan desde los diferentes colores políticos, por lo que parece haber unanimidad de que está vigente una tasa injusta. Desde O Barco de Valdeorras, por ejemplo, el socialista Alfredo García explica que se trata de un impuesto que los municipios activan 'cuando existe un cambio de titularidad' sin que los regidores sean conscientes de la casuística de cada familia. 'Parece razonable que tengan que existir ciertas excepciones, el problema es que las ordenanzas deberían contemplarlas', sostiene el alcalde barquense. En cualquier caso, García se comprometía ayer a 'analizarlo' en un futuro próximo.
Su compañero de partido y alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, entiende la tasa de plusvalía en los casos de desahucio como 'unha barbaridade'. Lo más lógico, para él, sería la dación en pago (liquidar la deuda al entregar la vivienda) pero, ya que hoy en día no se da, 'calquera estará de acordo na exención da plusvalía' en los casos de desahucio; 'é unha cuestión de decencia e xustiza moral'. Asimismo, recuerda que su municipio ya ha puesto en marcha algunas exenciones tributarias como las que benefician a los vecinos que viven en el casco histórico de la villa del Avia.
Por las filas nacionalistas se pronuncia la actual alcaldesa en funciones de la ciudad, Isabel Pérez, que apela a la 'sensibilidade' de las administraciones para 'eliminar tódalas trabas burocráticas existentes' porque 'xa é terrible o feito de verse desahuciado como para sumarlle este tipo de cuestións'. De este modo, también Pérez se muestra a favor de incluir excepciones en la ordenanza que regula la plusvalía. A su juicio, la vivienda es un derecho inherente a los ciudadanos y por eso, considera las actuaciones políticas en este sentido un 'principio elemental de solidariedade'.
A pesar de que sean los municipios quienes, a priori, cuentan con potestad suficiente para perdonar este polémico impuesto, el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, también lo considera 'inxusto e inentendible'. Tal y como defiende, 'xa bastante desgracia lle supón a unha familia esta situación como para que aínda por riba se lle cobre' una tasa como la del incremento de los terrenos. Al igual que el resto de políticos de la provincia consultados, Fernández -también portavoz del PP en el Concello de Ourense- aboga por 'revisar e estudar' este asunto.
IGUALDAD ENTRE PARTIDOS
Declaraciones similares a las de Freire Couto llegan desde los diferentes colores políticos, por lo que parece haber unanimidad de que está vigente una tasa injusta. Desde O Barco de Valdeorras, por ejemplo, el socialista Alfredo García explica que se trata de un impuesto que los municipios activan 'cuando existe un cambio de titularidad' sin que los regidores sean conscientes de la casuística de cada familia. 'Parece razonable que tengan que existir ciertas excepciones, el problema es que las ordenanzas deberían contemplarlas', sostiene el alcalde barquense. En cualquier caso, García se comprometía ayer a 'analizarlo' en un futuro próximo.
Su compañero de partido y alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco, entiende la tasa de plusvalía en los casos de desahucio como 'unha barbaridade'. Lo más lógico, para él, sería la dación en pago (liquidar la deuda al entregar la vivienda) pero, ya que hoy en día no se da, 'calquera estará de acordo na exención da plusvalía' en los casos de desahucio; 'é unha cuestión de decencia e xustiza moral'. Asimismo, recuerda que su municipio ya ha puesto en marcha algunas exenciones tributarias como las que benefician a los vecinos que viven en el casco histórico de la villa del Avia.
Por las filas nacionalistas se pronuncia la actual alcaldesa en funciones de la ciudad, Isabel Pérez, que apela a la 'sensibilidade' de las administraciones para 'eliminar tódalas trabas burocráticas existentes' porque 'xa é terrible o feito de verse desahuciado como para sumarlle este tipo de cuestións'. De este modo, también Pérez se muestra a favor de incluir excepciones en la ordenanza que regula la plusvalía. A su juicio, la vivienda es un derecho inherente a los ciudadanos y por eso, considera las actuaciones políticas en este sentido un 'principio elemental de solidariedade'.
A pesar de que sean los municipios quienes, a priori, cuentan con potestad suficiente para perdonar este polémico impuesto, el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, también lo considera 'inxusto e inentendible'. Tal y como defiende, 'xa bastante desgracia lle supón a unha familia esta situación como para que aínda por riba se lle cobre' una tasa como la del incremento de los terrenos. Al igual que el resto de políticos de la provincia consultados, Fernández -también portavoz del PP en el Concello de Ourense- aboga por 'revisar e estudar' este asunto.
