Lo remitió al juzgado para que se una a la causa por prevaricación contra los otros exediles imputados
La Audiencia de Ourense envió a los juzgados de Carballiño el sumario instruido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en torno a la presunta prevaricación cometida por el exlíder socialista Pachi Vázquez durante su etapa como alcalde de Carballiño, entre 1995 y 2005, al realizar un total de 36 contrataciones sin ajustarse al procedimiento legal.
Será un juzgado carballiñés el que instruya finalmente la causa después de que el imputado perdiera la condición de aforado (las causas penales que les afectan son competencia del TSXG) al renunciar a su acta como diputado en el Parlamento gallego.
En el regreso del procedimiento penal al lugar donde supuestamente se perpetró el delito, también afectará a la tramitación del caso. Las diligencias ya no se ajustarán a un proceso por sumario sino a un procedimiento abreviado cuya competencia para dictar sentencia recae en el Juzgado de lo Penal. Asimismo, fuentes judiciales creen que el juzgado al que le toque en reparto el caso debería unir la investigación en torno a Pachi Vázquez (ya está conclusa) a la que afecta a los otros imputados por las contrataciones irregulares (está empezando) . Este desfase en la tramitación redundaría en que el exsecretario general de los socialistas gallegos tardaría tiempo en sentarse en el banquillo de los acusados.
El exalcalde de Carballiño, Carlos Montes, y los exconcejales Alfonso Prado Rodríguez, José Antonio Barge Gil y Elisa Domínguez Vidal fueron imputados por un presunto delito de prevaricación continuada en relación a las contrataciones de trabajadores durante el mandato municipal socialista, entre los años 2005 y 2011. Los cuatro comparecieron en el juzgado instructor el pasado 19 de febrero y se acogieron a su derecho a no declarar, alegando que no se contó con el tiempo necesario para preparar la comparecencia.
Todas estas imputaciones surgen de la querella del ministerio fiscal, quien sostiene que el Concello carballiñés, en la etapa de Vázquez como alcalde, "realizó contataciones laborales sin la tramitación legalmente exigible y sin los más elementales requisitos y principios que rigen la contratación pública de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; de forma arbitraria para favorecer a las personas contratadas por afinidad personal, política o de otro tipo".
Por su parte, Vázquez ha criticado la manera de actuar contra él porque se siente víctima de una causa motivada por documentos que no se encuentran y no por pruebas. Además, asegura que hay fechas alteradas y "que los procesos de contratación se llevaron a cabo de manera impecable, de acuerdo a la legislación del momento".
