Dos de los cinco concejales de la ciudad enfrentados con el alcalde, Susana Bayo y María Devesa, solicitaron ayer a Agustín Fernández su renuncia de la junta de gobierno local, lo que a priori cuestiona el cierre de la crisis del que alardeó ayer la ejecutiva gallega. Las concejalas comunicaron su decisión por la mañana, antes de la reunión de la dirección gallega; mantuvieron un encuentro con el alcalde y le presentaron un escrito -el mismo en los dos casos- en el que daban por presentada su dimisión, si bien es el regidor el que tiene la potestad de nombrar y apartar a los miembros de su gobierno de este órgano.
Junto a Bayo y Devesa, el grupo de los críticos con el alcalde contaba en junta de gobierno con Mónica Vázquez -Antonio Rodríguez Penín y Alfonso Vilachá nunca participaron en estas reuniones-, que ayer aseguraba que permanecía 'en la misma situación que antes' y que 'no voy a opinar sobre lo que dicen otros', en referencia al escrito presentado por sus compañeras. Bayo y Devesa tienen dedicación exclusiva, por lo que su remuneración no está condicionada a la asistencia a pleno, juntas de gobierno o de áreas, algo que no sucede con Mónica Vázquez, que cobra por cada asistencia a junta de gobierno (un máximo de cuatro al mes) 86 euros.
De todas formas, estas tres concejalas suman ya tres semanas sin acudir a la junta de gobierno, que se reúne los jueves. Además, Devesa ya manifestó en ocasiones anteriores su deseo de no participar en este órgano, aunque nunca había trascendido que presentase la renuncia por escrito.
Pese a que no quisieron hacer declaraciones sobre su postura, en el escrito presentado al alcalde, Devesa y Bayo insisten en que el punto en el que se retiraba competencias a Antonio Rodríguez Penín en la junta de gobierno del 19 de diciembre 'nunca se votó y, por tanto, no se aprobó' a pesar de que el 26 de diciembre, en la aprobación del acta, consta como aprobado. Además, las edilas aseguran que 'la propia dinámica de actuación de la junta de gobierno supone una evidente inseguridad jurídica para sus miembros, con continuo riesgo de vulneración del ordenamiento jurídico'.
Así, Devesa y Bayo afirman que 'no se comprueban los informes de los expedientes ni se debaten los puntos del orden del día, con el peligro evidente que ello conlleva de incurrir en ilícitos penales'. Por ello, 'y para evitar la eventual responsabilidad en la que podría incurrir llegado el caso', las concejalas fundamentan su dimisión.
A este respecto, y sin entrar a valorar la opinión de sus compañeras, Mónica Vázquez sostiene que 'si veo que puedo estar en situación de peligro (de incurrir en una ilegalidad) echo mano del ordenamiento jurídico. Es lo que hice en el pleno (del 13 de diciembre, cuando evitó votar contra la compatibilidad del funcionario García Gago para ampliar sus clases en la Universidad en horario laboral) y es lo que hago cada vez que lo considero oportuno'.
Mientras, la secretaria de la junta de gobierno local, Áurea Soto, descartaba esa inseguridad jurídica porque 'los puntos del orden del día de la junta de gobierno se incluyen a propuesta del concejal correspondiente, con los informes técnicos y jurídicos del jefe de ese servicio'. Además, afirma que el órgano de asistencia a la secretaría de la junta de gobierno -en este caso, el oficial mayor- comprueba que existen esos informes y que en la propia reunión están presentes el interventor y el asesor jurídico para que los miembros de la junta de gobierno consulten las dudas que consideren oportunas.
De todas formas, estas tres concejalas suman ya tres semanas sin acudir a la junta de gobierno, que se reúne los jueves. Además, Devesa ya manifestó en ocasiones anteriores su deseo de no participar en este órgano, aunque nunca había trascendido que presentase la renuncia por escrito.
Pese a que no quisieron hacer declaraciones sobre su postura, en el escrito presentado al alcalde, Devesa y Bayo insisten en que el punto en el que se retiraba competencias a Antonio Rodríguez Penín en la junta de gobierno del 19 de diciembre 'nunca se votó y, por tanto, no se aprobó' a pesar de que el 26 de diciembre, en la aprobación del acta, consta como aprobado. Además, las edilas aseguran que 'la propia dinámica de actuación de la junta de gobierno supone una evidente inseguridad jurídica para sus miembros, con continuo riesgo de vulneración del ordenamiento jurídico'.
Así, Devesa y Bayo afirman que 'no se comprueban los informes de los expedientes ni se debaten los puntos del orden del día, con el peligro evidente que ello conlleva de incurrir en ilícitos penales'. Por ello, 'y para evitar la eventual responsabilidad en la que podría incurrir llegado el caso', las concejalas fundamentan su dimisión.
A este respecto, y sin entrar a valorar la opinión de sus compañeras, Mónica Vázquez sostiene que 'si veo que puedo estar en situación de peligro (de incurrir en una ilegalidad) echo mano del ordenamiento jurídico. Es lo que hice en el pleno (del 13 de diciembre, cuando evitó votar contra la compatibilidad del funcionario García Gago para ampliar sus clases en la Universidad en horario laboral) y es lo que hago cada vez que lo considero oportuno'.
Mientras, la secretaria de la junta de gobierno local, Áurea Soto, descartaba esa inseguridad jurídica porque 'los puntos del orden del día de la junta de gobierno se incluyen a propuesta del concejal correspondiente, con los informes técnicos y jurídicos del jefe de ese servicio'. Además, afirma que el órgano de asistencia a la secretaría de la junta de gobierno -en este caso, el oficial mayor- comprueba que existen esos informes y que en la propia reunión están presentes el interventor y el asesor jurídico para que los miembros de la junta de gobierno consulten las dudas que consideren oportunas.
