El senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, reclama al Gobierno del Estado que adopte las medidas necesarias para que las empresas concesionarias de autopistas devuelvan a los usuarios una parte del peaje cuando se realicen obras en la calzada que ralentizan el tránsito.
En una iniciativa registrada en la Cámara Alta, el senador nacionalista denunció que en el Estado no existe ninguna normativa que garantice los derechos de los usuarios de las autopistas como consumidores de este servicio.
A modo de ejemplo, el senador puso como ejemplo que en la Autopista del Atlántico --construida con fondos público, de titularidad estatal y gestionada por Audasa-se generan atascos cuando se realizan obras pero que los usuarios no tienen ningún tipo de devolución de parte del peaje pese a ello.
Así, Pérez Bouza concluye que el usuario no tiene ningún derecho en los casos en que la concesionaria le presta un servicio claramente inferior.
CASO PORTUGUES
En contraposición, indicó que el Gobierno portugués, en la Lei 24/2007 que entró en vigor el 24 de julio, determina los procedimientos para la reclamación y devolución de los peajes relativos a tramos o subtramos en obras de las autopistas de titularidad estatal.
En concreto, esa normativa permite a los usuarios de las autopistas de peaje solicitar que se les devuelva la parte correspondiente al tramo en obras cuanto éstas ralentizan de forma evidente el tránsito. Para ello, el usuario tiene 60 días --desde el paso por el tramo en cuestión-para reclamar y la concesionaria tendrá que restituir el dinero en un plazo máximo de 30 días una vez recibida la reclamación.
Asimismo, esta ley vigente establece las condiciones mínimas que deben cumplir las empresas concesionarias cuando realizan obras en las autopistas, como que el tramo no exceda los 10 kilómetros, que el límite de velocidad sea de 80 kilómetros por hora o que el ancho de la vía no pueda ser inferior a dos tercios de la largura de la vía inicial.
A modo de ejemplo, el senador puso como ejemplo que en la Autopista del Atlántico --construida con fondos público, de titularidad estatal y gestionada por Audasa-se generan atascos cuando se realizan obras pero que los usuarios no tienen ningún tipo de devolución de parte del peaje pese a ello.
Así, Pérez Bouza concluye que el usuario no tiene ningún derecho en los casos en que la concesionaria le presta un servicio claramente inferior.
CASO PORTUGUES
En contraposición, indicó que el Gobierno portugués, en la Lei 24/2007 que entró en vigor el 24 de julio, determina los procedimientos para la reclamación y devolución de los peajes relativos a tramos o subtramos en obras de las autopistas de titularidad estatal.
En concreto, esa normativa permite a los usuarios de las autopistas de peaje solicitar que se les devuelva la parte correspondiente al tramo en obras cuanto éstas ralentizan de forma evidente el tránsito. Para ello, el usuario tiene 60 días --desde el paso por el tramo en cuestión-para reclamar y la concesionaria tendrá que restituir el dinero en un plazo máximo de 30 días una vez recibida la reclamación.
Asimismo, esta ley vigente establece las condiciones mínimas que deben cumplir las empresas concesionarias cuando realizan obras en las autopistas, como que el tramo no exceda los 10 kilómetros, que el límite de velocidad sea de 80 kilómetros por hora o que el ancho de la vía no pueda ser inferior a dos tercios de la largura de la vía inicial.
