La ordenación provisional no ha dejado al Concello libre de una 'situación de inseguridade xurídica permanente' en materia de urbanismo, según aseguró ayer la concejala del área, Áurea Soto. La reclamación patrimonial de 18 millones de euros presentada por Inversiones Mirage contra la Xunta y el Concello, porque la anulación del Plan xeral de 2003 convierte en rústico su suelo de Barrocás declarado urbanizable por el planeamiento del exalcalde Manuel Cabezas, es sólo, augura, la punta del iceberg.
Será la primera de otras muchas que pedirán indemnizaciones para propietarios a los que la anulación de aquel planeamiento ha cambiado la clasificación de suelo y les ha paralizado sus proyectos.
La reclamación patrimonial de 18 millones de euros presentada por Inversiones Mirage contra la Xunta y el Concello, porque la anulación del Plan xeral de 2003 convierte en rústico su suelo de Barrocás declarado urbanizable por el planeamiento del exalcalde Manuel Cabezas, es sólo, augura, la punta del iceberg.
En realidad, las reclamaciones ya han comenzado porque se han interpuesto recursos contra todas las licencias concedidas por el Concello para salvaguardar los equipamientos públicos días antes de que quedase anulado el planeamiento. La concejala desconoce el número pero entre ellas figuran algunas tan importantes como los permisos para el desarrollo del centro comercial de Eroski en A Farixa (aunque ahora esté paralizado) y el que lidera El Corte Inglés -un Hipercor- en la Finca Santamarina.
Probablemente no dañen o bloqueen la ejecución de estas actuaciones urbanísticas pero sí suponen, argumenta Soto, un intento, por parte de los recurrentes -constructores, promotores y algunos particulares con terrenos que se han visto afectados en su calificación urbanística debido a la caída del Plan-, de posicionarse y negociar de cara al nuevo Plan Xeral, actualmente en fase de redacción.
Para Áurea Soto, 'teremos moitísimas' reclamaciones patrimoniales y la inclusión de ámbitos privados en la ordenación provisional puede ser un argumento para los particulares que han quedado fuera. 'Prefeririamos que non se incluiran pero foi decisión da Xunta e é responsabilidade súa', concluía Soto. Con todo, la concejala considera que lo primordial ahora es la 'defensa xurídica do Concello, é vital', tanto en el aspecto propiamente judicial como en el técnico. De hecho, el Concello recibió en su día solicitudes de particulares para que sus ámbitos fueran incluidos en la ordenación provisional, demandas sobre las que el gobierno municipal no se pronunció -siguió la estrategia de no incluirlas de motu propio pero tampoco oponerse a las que incorporase la Xunta- y que fueron trasladadas a la Xunta de Galicia. Es posible que los que quedaron fuera del documento quieran ahora pedir responsabilidades. Ante esta situación 'complicada', el gobierno local pretende continuar reforzando los técnicos municipales con asistencias externas para intentar defender estas reclamaciones.
Por cierto que en el caso de Inversiones Mirage, que considera que la tardanza en la tramitación de su terreno le hizo caer de lleno en la anulación del Plan y en la pérdida de su calificación del suelo, la concejala negó que se hubiera producido una demora injustificada, dado que 'o proxecto de compensación non se presentou no Concello ata febreiro de 2011, un mes antes de que quedara anulado o Plan'.
La reclamación patrimonial de 18 millones de euros presentada por Inversiones Mirage contra la Xunta y el Concello, porque la anulación del Plan xeral de 2003 convierte en rústico su suelo de Barrocás declarado urbanizable por el planeamiento del exalcalde Manuel Cabezas, es sólo, augura, la punta del iceberg.
En realidad, las reclamaciones ya han comenzado porque se han interpuesto recursos contra todas las licencias concedidas por el Concello para salvaguardar los equipamientos públicos días antes de que quedase anulado el planeamiento. La concejala desconoce el número pero entre ellas figuran algunas tan importantes como los permisos para el desarrollo del centro comercial de Eroski en A Farixa (aunque ahora esté paralizado) y el que lidera El Corte Inglés -un Hipercor- en la Finca Santamarina.
Probablemente no dañen o bloqueen la ejecución de estas actuaciones urbanísticas pero sí suponen, argumenta Soto, un intento, por parte de los recurrentes -constructores, promotores y algunos particulares con terrenos que se han visto afectados en su calificación urbanística debido a la caída del Plan-, de posicionarse y negociar de cara al nuevo Plan Xeral, actualmente en fase de redacción.
Para Áurea Soto, 'teremos moitísimas' reclamaciones patrimoniales y la inclusión de ámbitos privados en la ordenación provisional puede ser un argumento para los particulares que han quedado fuera. 'Prefeririamos que non se incluiran pero foi decisión da Xunta e é responsabilidade súa', concluía Soto. Con todo, la concejala considera que lo primordial ahora es la 'defensa xurídica do Concello, é vital', tanto en el aspecto propiamente judicial como en el técnico. De hecho, el Concello recibió en su día solicitudes de particulares para que sus ámbitos fueran incluidos en la ordenación provisional, demandas sobre las que el gobierno municipal no se pronunció -siguió la estrategia de no incluirlas de motu propio pero tampoco oponerse a las que incorporase la Xunta- y que fueron trasladadas a la Xunta de Galicia. Es posible que los que quedaron fuera del documento quieran ahora pedir responsabilidades. Ante esta situación 'complicada', el gobierno local pretende continuar reforzando los técnicos municipales con asistencias externas para intentar defender estas reclamaciones.
Por cierto que en el caso de Inversiones Mirage, que considera que la tardanza en la tramitación de su terreno le hizo caer de lleno en la anulación del Plan y en la pérdida de su calificación del suelo, la concejala negó que se hubiera producido una demora injustificada, dado que 'o proxecto de compensación non se presentou no Concello ata febreiro de 2011, un mes antes de que quedara anulado o Plan'.
