La concejal Áurea Soto ha presentado una denuncia contra un acuerdo municipal en el que se otorgaban 61.691 euros a la empresa Jolper Música, propiedad del actual edil de Democracia Ourensana.
La concejal de Urbanismo de Ourense, Aurea Soto, ha informado esta mañana en una comparecencia pública de la denuncia presentada en el Juzgado. "Si la política hay que hacerla así, por otros medios" y es necesario que "abramos los cajones, lo haremos", ha advertido Soto.
La junta de Gobierno local de 2006, encabezada entonces por el alcalde popular Manuel Cabezas; Enrique Novoa, como teniente alcalde, y Aurelio Gómez Villar, secretario de la junta (actualmente concejal del PP), aprobaron entonces "de modo absolutamente irregular" una factura presentada por la empresa Jolper, del líder de Democracia Ourensana y ahora también concejal, Gonzalo Pérez Jácome, por importe de 61.691,82 euros.
La adjudicación tenía como objeto la sonorización de las calles del Centro Comercial de Ourense, por el importe citado.
A este respecto, Soto ha señalado que el procedimiento tenía que haber sido abierto, con publicidad, algo que no se produjo. "Fue una adjudicación directa a una empresa", para la cual "no existía crédito presupuestario ni autorización de gasto", detalló Soto, quien ha enumerado la documentación que ha presentado para su investigación.
Entre la documentación aportada para la denuncia, ha entregado copia de la convocatoria del orden del día, el acta que aprobó esta junta, factura emitida por Jolper, así como la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la candidatura de Jácome como concejal de DO, partido con dos concejales en la corporación.
Por otra parte, Soto ha subrayado que esta denuncia "no tiene nada que ver" con la presentada por Democracia Ourensana por irregularidades en la adjudicación de la calle Bedoya, por la que está imputada, donde estaba claro "el interés público de dicha obra", según aclaró la concejala.
Los hechos, según la denuncia explicada por Soto, son "a priori constitutivos de un delito de prevaricación administrativa" y la "arbitrariedad" de la aprobación del pago "no podía ser desconocida por los responsables de la Junta de Gobierno, con años de ejercicio de su función y de la empresa con años de ejercicio y contratando para esta misma administración".
Según la denuncia, los integrantes de la Junta de Gobierno, para los que se pide imputación, eran el exalcalde Manuel Cabezas, el secretario de la Junta Aurelio Gómez Villar, los tenientes alcalde José Luis Rodríguez Cid y Enrique Nóvoa López, además de los entonces ediles Javier Rodríguez Nóvoa, Elena Rivo, Francisco Muñoz, Belén Girón, Mario Guede y Vicente Alonso.
