Las restricciones urbanísticas que el Plan xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense impone al crecimiento del perímetro rural no sólo ha generado ya las primeras consultas en la exposición del Plan sino que el Concello se prepara para recibir un gran número de alegaciones por ello, aunque también por las limitaciones a la construcción de vivienda y a la superficie del sueño urbanizable.
La concejala de Urbanismo, Aurea Soto, reconoce esas restricciones pero las justifica, aunque en materia de núcleos rurales precisa que sólo se ha aplicado la normativa de la Xunta, particularmente el artículo 13 de la modificación de la Lei de Ordenación Urbana de Galicia, tendente a concentrar el crecimiento en núcleos existentes pero evitando la dispersión, por el coste que acarrea en infraestructuras y dotaciones.
Por eso también, el Concello anima a los vecinos con propiedades en el medio rural del municipio a que aleguen; sus reclamaciones serán trasladadas a la Xunta, dice Soto, y esa administración será la que marque el alcance de la ampliación de edificabilidad y de crecimiento urbanístico en ese entorno. Ella anuncia que ampliará todo lo que la normativa autonómica le permita en este asunto.
ADEIDO: PRIMERA ALEGACIÓN
Las alegaciones comienzan a llegar, de momento muy pocas porque el Plan sólo está expuesto al público desde el pasado jueves, pero las hay. Y puede que la primera sea la de la Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Ourense (Adeido), que firma su presidente, Benito Iglesias. Los inmobiliarios, que presentaron su alegación ya el viernes, también hacen hincapié en las limitaciones en el medio rural. Detectan que no sólo la dotación de infraestructuras es escasa 'sino que se limita absolutamente toda posibilidad de desarrollo y crecimiento', lo que beneficiará, advierten, a los ayuntamientos limítrofes. 'Es una apuesta demográfica muy nociva y perjudicial' porque se renuncia 'a cualquier tipo de crecimiento y desarrollo del perímetro rural' del Concello de Ourense.
Pero la alegación de la Asociación de inmobiliarios detecta otros problemas. Así, hace constar errores en superficies de áreas de reparto y en sectores de suelo urbanizable y en la clasificación de suelo urbano.
Sostiene asimismo que no hay un crecimiento ordenado de la ciudad, y no se recoge suelo industrial 'acorde a las necesidades de las actividades económicas' del municipio. Ellos proponen un gran parque en Santa Mariña pero, dicen, sólo se han creado zonas 'de bajo perfil y aisladas', que sólo 'consolidan unos precarios y débiles núcleos industriales', donde tampoco se opta por la especialización no se favorecen precios asequibles del suelo, enviando a los empresarios a los espacios de los municipios limítrofes; allí y no en Ourense, dicen, generarán empleo y pagarán impuestos.
Otro reparo planteado es el excesivo condicionamiento del crecimiento urbanístico a la ronda bulevar, por otra parte, dicen, un 'proyecto virtual' más que real. Cuestionan asimismo el estudio económico para el desarrollo del Plan porque deja el grueso de la inversión en manos de Estado, Xunta y Diputación, así como de urbanizadores privados -éstos tendrían que aportar 71,4 millones-. El Concello sólo aportaría hasta 2023 unos 36,8 millones de euros, aunque el coste de ejecución del plan supera los 694 millones de euros.
En cuanto a edificabilidad, alertan de una 'incomprensible reducción', mayor en núcleos consolidados y 'difícil de entender' en los sectores de suelo urbanizable delimitado, los que orientados precisamente a la ronda bulevar. Además, dicen que en el suelo urbanizable no delimitado la edificabilidad tan reducida no permite aprovechamiento económico y social, y advierten que no hay financiación asegurada para desarrollar 20 planes especiales y 14 de reforma interior, ni tampoco para las 3.682 viviendas protegidas previstas.
Por eso también, el Concello anima a los vecinos con propiedades en el medio rural del municipio a que aleguen; sus reclamaciones serán trasladadas a la Xunta, dice Soto, y esa administración será la que marque el alcance de la ampliación de edificabilidad y de crecimiento urbanístico en ese entorno. Ella anuncia que ampliará todo lo que la normativa autonómica le permita en este asunto.
ADEIDO: PRIMERA ALEGACIÓN
Las alegaciones comienzan a llegar, de momento muy pocas porque el Plan sólo está expuesto al público desde el pasado jueves, pero las hay. Y puede que la primera sea la de la Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Ourense (Adeido), que firma su presidente, Benito Iglesias. Los inmobiliarios, que presentaron su alegación ya el viernes, también hacen hincapié en las limitaciones en el medio rural. Detectan que no sólo la dotación de infraestructuras es escasa 'sino que se limita absolutamente toda posibilidad de desarrollo y crecimiento', lo que beneficiará, advierten, a los ayuntamientos limítrofes. 'Es una apuesta demográfica muy nociva y perjudicial' porque se renuncia 'a cualquier tipo de crecimiento y desarrollo del perímetro rural' del Concello de Ourense.
Pero la alegación de la Asociación de inmobiliarios detecta otros problemas. Así, hace constar errores en superficies de áreas de reparto y en sectores de suelo urbanizable y en la clasificación de suelo urbano.
Sostiene asimismo que no hay un crecimiento ordenado de la ciudad, y no se recoge suelo industrial 'acorde a las necesidades de las actividades económicas' del municipio. Ellos proponen un gran parque en Santa Mariña pero, dicen, sólo se han creado zonas 'de bajo perfil y aisladas', que sólo 'consolidan unos precarios y débiles núcleos industriales', donde tampoco se opta por la especialización no se favorecen precios asequibles del suelo, enviando a los empresarios a los espacios de los municipios limítrofes; allí y no en Ourense, dicen, generarán empleo y pagarán impuestos.
Otro reparo planteado es el excesivo condicionamiento del crecimiento urbanístico a la ronda bulevar, por otra parte, dicen, un 'proyecto virtual' más que real. Cuestionan asimismo el estudio económico para el desarrollo del Plan porque deja el grueso de la inversión en manos de Estado, Xunta y Diputación, así como de urbanizadores privados -éstos tendrían que aportar 71,4 millones-. El Concello sólo aportaría hasta 2023 unos 36,8 millones de euros, aunque el coste de ejecución del plan supera los 694 millones de euros.
En cuanto a edificabilidad, alertan de una 'incomprensible reducción', mayor en núcleos consolidados y 'difícil de entender' en los sectores de suelo urbanizable delimitado, los que orientados precisamente a la ronda bulevar. Además, dicen que en el suelo urbanizable no delimitado la edificabilidad tan reducida no permite aprovechamiento económico y social, y advierten que no hay financiación asegurada para desarrollar 20 planes especiales y 14 de reforma interior, ni tampoco para las 3.682 viviendas protegidas previstas.
