Un motorista se cayó en una rotonda al meter una rueda en un bache

El Concello pagará 2.000 euros por un accidente

Rotonda en la que se produjo el accidente.
El Concello tendrá que indemnizar con 2.000 euros a un motorista que tuvo un accidente en una rotonda de la ciudad -la ubicada entre las calles Chano Piñeiro y Antonio Román- después de que una de las ruedas de su vehículo se introdujera en un bache. Así lo determina una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, que estima en parte el recurso presentado por el motorista -reclamaba 7.446 euros- y condena al Concello a pagar las costas del proceso.
El juez considera que el accidente, en el que el reclamante resultó herido leve, podría haberse evitado 'si la administración municipal hubiese ejercido con prontitud su obligación de conservar la vía pública, eliminando el bache en cuestión', aunque también reconoce que 'si el demandante hubiese conducido con la diligencia debida' también se podría haber evitado el siniestro. Según la resolución judicial, la indemnización sólo se podrá hacer efectiva previa presentación en el Concello de la factura correspondiente a la reparación de los daños de la motocicleta.


RUTA TERMAL CORTADA

Por otro lado, otra sentencia obliga al Concello a restablecer una parcela ocupada para realizar la ruta termal (que va hacia Untes), por lo que la institución municipal tendrá que buscar alternativas que posibiliten una solución para dar continuidad a este sendero.

Así, el terreno, de 609 metros cuadrados -de los que 228 están ocupados por el camino y el resto, por los taludes construidos- tendrá que recuperar su aspecto anterior antes del próximo 9 de noviembre. Las obras obligarán a cortar el camino y serán ejecutadas por Tragsa, que fue la que lo construyó. Entre la cuantía de los trabajos y la indemnización, el montante total de lo que pagará el Concello es de 10.171 euros. La institución municipal baraja varias opciones para unir este recorrido termal. La ejecución de esta sentencia se produce después de que el Juzgado impusiese una multa de 800 euros a la autoridad o empleado responsable de que no se ejecutase la sentencia antes del 9 de noviembre, lo que ahora se pretende hacer.

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