La decisión del gobierno municipal de revisar las ayudas sociales a los funcionarios para ahorrar gastos ha reabierto la polémica en la siempre delicada área de Personal.
Si el PP insta al bipartito a contener costes reduciendo las dedicaciones exclusivas y las contrataciones temporales, la responsable del área, Carmen Rodríguez, echa mano de las cifras del último mandato del PP, con Manuel Cabezas como alcalde. Así, entre 2003 y 2007, el gobierno local 'ofertou (plazas) e deixou fixo a 213 traballadores', explica Rodríguez, que añadió que, de ellas, cuando el bipartito asumió en 2007 el gobierno local 'encontrámonos con que aprobaran a oposición 117 persoas, que non estaban orzamentadas e este goberno municipal tivo que facelo'.
Es más, la responsable de esta área municipal asegura que en los últimos cuatro años el número de funcionarios se redujo, pasando de los 720 que había en 2007 a los 607 de la actualidad (113 menos). 'A reposición de postos nestes anos non chegou ó 20%', señala Rodríguez, que añade que únicamente se cubrieron en estos años 31 plazas vacantes, 'das que 12 xa as deixou o PP'. La oferta de empleo público municipal se limitó en estos años a las nueve plazas de bomberos y siete de la Policía Local, aunque lo cierto es que la polémica se centra en los eventuales, que suman un centenar de personas, contratadas para una finalidad y periodicidad determinadas.
SENTENCIA CRÍTICA
La política de Personal del gobierno de Manuel Cabezas también queda en evidencia en resoluciones judiciales como la derivada del recurso presentado contra la convocatoria, en diciembre de 2006, de una plaza de oficial de incendios. En aquel fallo, el Tribunal Superior de Xustiza daba la razón al recurrente -impugnando no sólo la convocatoria sino también las posteriores listas de admitidos (la provisional y la definitiva)- al 'haberse modificado, de facto, sin acudir al procedimiento establecido y sin otorgarle la publicidad debida el grupo de clasificación, llevando a cabo con ello una indebida modificación de la relación de puestos de trabajo'. Además, calificaba como 'groseras y manifiestas' las infracciones del ordenamiento jurídico cometidas por el Concello de Ourense, por lo que acordaba remitir testimonio de esta resolución al Ministerio Fiscal 'por si fuera procedente la depuración de una eventual responsabilidad penal'.
Al margen de estos antecedentes, otro de los argumentos que esgrime el gobierno local es que las contrataciones se realizan en base a unas listas y que para las entrevistas se citan a los '10 mellores currículos', mientras que, explican, las 12 personas contratadas por el PP en su última etapa para cubrir vacantes fueron elegidas 'sen ningún tipo de proceso selectivo'. Así las cosas, la polémica continuará.
Es más, la responsable de esta área municipal asegura que en los últimos cuatro años el número de funcionarios se redujo, pasando de los 720 que había en 2007 a los 607 de la actualidad (113 menos). 'A reposición de postos nestes anos non chegou ó 20%', señala Rodríguez, que añade que únicamente se cubrieron en estos años 31 plazas vacantes, 'das que 12 xa as deixou o PP'. La oferta de empleo público municipal se limitó en estos años a las nueve plazas de bomberos y siete de la Policía Local, aunque lo cierto es que la polémica se centra en los eventuales, que suman un centenar de personas, contratadas para una finalidad y periodicidad determinadas.
SENTENCIA CRÍTICA
La política de Personal del gobierno de Manuel Cabezas también queda en evidencia en resoluciones judiciales como la derivada del recurso presentado contra la convocatoria, en diciembre de 2006, de una plaza de oficial de incendios. En aquel fallo, el Tribunal Superior de Xustiza daba la razón al recurrente -impugnando no sólo la convocatoria sino también las posteriores listas de admitidos (la provisional y la definitiva)- al 'haberse modificado, de facto, sin acudir al procedimiento establecido y sin otorgarle la publicidad debida el grupo de clasificación, llevando a cabo con ello una indebida modificación de la relación de puestos de trabajo'. Además, calificaba como 'groseras y manifiestas' las infracciones del ordenamiento jurídico cometidas por el Concello de Ourense, por lo que acordaba remitir testimonio de esta resolución al Ministerio Fiscal 'por si fuera procedente la depuración de una eventual responsabilidad penal'.
Al margen de estos antecedentes, otro de los argumentos que esgrime el gobierno local es que las contrataciones se realizan en base a unas listas y que para las entrevistas se citan a los '10 mellores currículos', mientras que, explican, las 12 personas contratadas por el PP en su última etapa para cubrir vacantes fueron elegidas 'sen ningún tipo de proceso selectivo'. Así las cosas, la polémica continuará.
