Cinco vecinos de la ciudad admitieron ayer en la Audiencia provincial que traficaron con cocaína y hachís, adquirido en sus viajes al sur del país y Marruecos, en Ourense y otras localidades durante el año 2018. Formaban un grupo criminal estable dedicado a la venta de sustancias estupefacientes. La confesión de los hechos y la tardanza en llegar a juicio por causas ajenas a los investigados jugaron a su favor a la hora de reducir las penas inicialmente previstas por parte del fiscal antidroga.
En el mismo proceso penal, también fueron sentenciados con penas de cárcel menores otros tres acusados que sin formar grupo criminal traficaron con droga en Vigo.
La pena más elevada recae en Mouard El Azari por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia de armas. En total, dos años y 10 meses de cárcel, además de multa de 30.000 euros. En el acuerdo, no se contempla su expulsión del país “al ser desproporcionada a las circunstancias del caso”. Mourad se encargaba de conseguir el hachís en territorio marroquí y bajaba con regularidad a Algeciras para adquirir grandes partidas de hachís para después venderlas en Ourense bien al por menor o cantidades mayores a otros compradores para su posterior distribución. Susana V.R. colabora con él y le llegó a ceder una vivienda de su familia en Outomur (Cartelle) para guardar armas y droga a nodo de almacén de seguridad. Rania Q.P. y Sonia A.A. también colaboraban con el cabecilla para distribuir el hachís y cocaína en la ciudad (serán penadas con dos años y tres meses y dos años y siete meses, además de multas de 30.000 euros) mientras que Boutahar O. (dos años y cuatro meses y multa de 30.000 euros) ejercía en el grupo como transportista.
Nexo con Vigo
Este último era el nexo con el otro grupo, el radicado en Vigo que se destapó cuando los investigadores, Guardia Civil de Ourense, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, descubrieron que Martín P.P. encargó la compra de 25 kilos en mayo de 2018 a Boutahar O. Este se desplazó hasta Antequera junto a Ahmed K.en un coche lanzadera el 22 de junio de ese año para supervisar y asegurarse de que no había controles policiales mientras la droga era transportada unos kilómetros detrás por Alberto G.C., el hombre de confianza de Martín para evitar riesgos.
La sentencia impone dos años de cárcel para cada uno de ellos y multas de 70.000 euros.
Escuchas
Aunque las detenciones y registros domiciliarios se desplegaron en varios momentos del mes de junio de hace tres años, las investigaciones comenzaron en febrero y tuvieron durante un tiempo el teléfono pinchado. Las escuchas permitieron destapar a otros delincuentes que operaban en Andalucía, alguno de ellos con delitos graves a sus espaldas (homicidio). De hecho, hubo 17 detenidos que fueron trasladados a Ourense para declarar ante el mismo juez pero, a petición del ministerio fiscal, se inhibió a favor de Algeciras por ser el lugar donde estaban asentados todos ellos.
