El grupo gallego Coren ha criticado el hecho de que el sector agrario y la industria alimentaria están siendo en los últimos tiempos chivo expiatorio de los intereses y los abusos de la gran distribución.
Frente a un colectivo de unos 300.000 agricultores y ganaderos, 4.000 entidades cooperativas y cerca de 30.000 industrias alimentarias, solamente los cuatro principales operadores de la distribución controlaban en 2009 el 60% de las ventas, con datos de la Comisión Nacional de la Competencia. Según cifras de Agricultura, las 10 primeras firmas de la distribución alimentaria han pasado de facturar 4.400 millones de euros en 1987 a más de 60.000 millones, mientras en el caso de la industria, y en el mismo periodo, pasaron de 3.700 a 18.000 millones.
Este proceso de concentración de poder en la gran distribución, se está traduciendo, según afirma Coren, en la imposición de sus condiciones a la hora de negociar con los sectores agrarios y de la industria alimentaria, poniendo en peligro la viabilidad de ambos, y con ello la desaparición de un tejido socioeconómico fundamental para la sostenibilidad de los territorios. En el caso concreto de la actividad ganadera, la cooperativa ourensana señala que, en el último año, la subida de los precios de las materias primas y de los piensos fue del 70%, lo que se tradujo en un incremento de los costes de producción del 40% en las carnes, sin que por parte del sector se pudiera aplicar ese incremento ante el poder de la gran distribución. Aunque España dispone de un sector agrario e industrial competitivo, sin embargo, según Coren, no puede defender sus intereses frente a esa gran distribución, cosa que no sucede en otros países de la Unión Europea.
La aprobación de una normativa que regulara y lograra un equilibrio entre los intereses de todas las partes que participan en la cadena alimentaria (agricultores y ganaderos, industriales, operadores y la gran distribución), ha sido en los últimos años uno de los objetivos más importantes del sector agrario y alimentario. Tras varios intentos de la Administración socialista, el gobierno del PP aprobó el pasado 8 de febrero un proyecto de ley redactado por Agricultura para reequilibrar esa cadena. Coren considera fundamental su rápida tramitación por considerar que el mismo sienta las bases de un cambio en la actual situación en función de los siguientes puntos:
- Se impone, en líneas generales, la obligatoriedad de los contratos y la imposibilidad de su modificación unilateral. Es importante la enmienda de la Xunta por la que se reclama un precio mínimo que, al menos, cubra los costes de los productos agrarios.
- Posibilidad de aplicar un código de buenas prácticas
- Establecer las prácticas abusivas a perseguir, como cobros irregulares, carga a cuenta del proveedor de roturas, hurtos, campañas de promoción no pactadas, cobros al margen de los contratos, etc..
- Posibilidad de denuncias anónimas a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria
- Aumentar las políticas de control contra actuaciones como las ventas a pérdidas
- Imposición de sanciones por las prácticas abusivas
Coren señala que, como sociedad cooperativa implicada en su compromiso con 6.000 familias, casi 4.000 trabajadores y 1.300 cooperativistas y con una actividad clave en el mantenimiento y desarrollo del tejido socioeconómico del medio rural gallego, defiende la iniciativa del ministro Miguel Arias Cañete y reclama para la misma el apoyo de todas las demás fuerzas políticas en defensa del futuro del sector agrario y de la industria alimentaria nacional.
Este proceso de concentración de poder en la gran distribución, se está traduciendo, según afirma Coren, en la imposición de sus condiciones a la hora de negociar con los sectores agrarios y de la industria alimentaria, poniendo en peligro la viabilidad de ambos, y con ello la desaparición de un tejido socioeconómico fundamental para la sostenibilidad de los territorios. En el caso concreto de la actividad ganadera, la cooperativa ourensana señala que, en el último año, la subida de los precios de las materias primas y de los piensos fue del 70%, lo que se tradujo en un incremento de los costes de producción del 40% en las carnes, sin que por parte del sector se pudiera aplicar ese incremento ante el poder de la gran distribución. Aunque España dispone de un sector agrario e industrial competitivo, sin embargo, según Coren, no puede defender sus intereses frente a esa gran distribución, cosa que no sucede en otros países de la Unión Europea.
La aprobación de una normativa que regulara y lograra un equilibrio entre los intereses de todas las partes que participan en la cadena alimentaria (agricultores y ganaderos, industriales, operadores y la gran distribución), ha sido en los últimos años uno de los objetivos más importantes del sector agrario y alimentario. Tras varios intentos de la Administración socialista, el gobierno del PP aprobó el pasado 8 de febrero un proyecto de ley redactado por Agricultura para reequilibrar esa cadena. Coren considera fundamental su rápida tramitación por considerar que el mismo sienta las bases de un cambio en la actual situación en función de los siguientes puntos:
- Se impone, en líneas generales, la obligatoriedad de los contratos y la imposibilidad de su modificación unilateral. Es importante la enmienda de la Xunta por la que se reclama un precio mínimo que, al menos, cubra los costes de los productos agrarios.
- Posibilidad de aplicar un código de buenas prácticas
- Establecer las prácticas abusivas a perseguir, como cobros irregulares, carga a cuenta del proveedor de roturas, hurtos, campañas de promoción no pactadas, cobros al margen de los contratos, etc..
- Posibilidad de denuncias anónimas a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria
- Aumentar las políticas de control contra actuaciones como las ventas a pérdidas
- Imposición de sanciones por las prácticas abusivas
Coren señala que, como sociedad cooperativa implicada en su compromiso con 6.000 familias, casi 4.000 trabajadores y 1.300 cooperativistas y con una actividad clave en el mantenimiento y desarrollo del tejido socioeconómico del medio rural gallego, defiende la iniciativa del ministro Miguel Arias Cañete y reclama para la misma el apoyo de todas las demás fuerzas políticas en defensa del futuro del sector agrario y de la industria alimentaria nacional.
