La carestía económica afecta sobremanera a la actividad de los juzgados de la provincia en la actualidad, aunque no sólo por la falta de personal o de recursos que se critica constantemente desde la Administración de Justicia. Precisamente, la desaceleración de la economía provocó en los últimos meses que una oleada de asuntos por despidos, reclamaciones de cantidades económicas impagadas, ejecuciones hipotecarias, embargos o desahucios haya llegado a los órganos judiciales de Ourense, centrando inevitablemente gran parte de su actividad.
Así lo reflejan los datos que publica periódicamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que constatan cómo los Juzgados de lo Social de Ourense cerraron el segundo trimestre del año con 153 despidos presentados ante un juez (no son pactados), un 38% más que los que anotaron a principios de año. Este incremento, lejos de ser un problema puntual, amenaza con mantenerse en el tiempo, al menos, así lo entiende Antonio Piña, juez decano de Ourense. 'Se creía que lo peor de la crisis había pasado, pero es ahora cuando se está notando que hay empresas que despiden a todos sus empleados', indica. En el mismo sentido, se pronuncia un letrado laboralista del despacho Aranda Abogados de la ciudad, quien asegura que 'los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y los pleitos por despidos están a la orden del día'.
También las reclamaciones por cantidades monetarias se incrementaron notablemente, registrando los Juzgados de lo Social a mitad de año 251 casos por este tipo de asuntos, un 56,87% más que en el primer trimestre de 2011 (hubo 160). Detrás de muchos de ellos, estuvo de por medio la discusión por el precio de la prestación de un determinado servicio, pugna que se lleva a pleito.
Fuentes del despacho de Abogados Aranda indican que esta tendencia al alza en el número de conflictos de origen económico se constata fielmente también en la actual forma de proceder de las empresas. 'La mayoría tienen hoy contratados servicios de recobro, aunque muchas cantidades pendientes no se llegan a hacer efectivas por falta de patrimonio y de activos'.
Caso aparte es el de los llamados procedimientos monitorios (que se ven en los Juzgados de Instrucción), destinados a resolver un conflicto económico cuando hay un documento acreditativo de por medio (ticket o factura, por ejemplo), ya que se redujeron a mitad de año en un 12,08%. En estos casos, el juez puede resolver sin necesidad de celebrar un juicio.
Asimismo, también aumentaron en Ourense los casos de embargos presentados y los de los desahucios. A los denominados servicios de notificaciones y embargos llegaron en el segundo trimestre de este año 76 casos de lanzamientos (comúnmente denominados desahucios), ocho más que los que se contabilizaron a finales de marzo.
El montante total de solicitudes de embargo que llegó a estos departamentos de la Administración de Justicia -se decretan como fianza para hacer frente al pago de determinadas deudas- a mitad de año ascendió a 450, frente a los 432 del primer trimestre.
La situación de los juzgados de la provincia, que ya de por sí en algunos casos arrastran un alto volumen de asuntos pendientes, podría empeorar con el tiempo si continúa esta dinámica, dado que órganos judiciales como el de Instrucción número uno de Ourense, están aquejados de falta de personal.
También las reclamaciones por cantidades monetarias se incrementaron notablemente, registrando los Juzgados de lo Social a mitad de año 251 casos por este tipo de asuntos, un 56,87% más que en el primer trimestre de 2011 (hubo 160). Detrás de muchos de ellos, estuvo de por medio la discusión por el precio de la prestación de un determinado servicio, pugna que se lleva a pleito.
Fuentes del despacho de Abogados Aranda indican que esta tendencia al alza en el número de conflictos de origen económico se constata fielmente también en la actual forma de proceder de las empresas. 'La mayoría tienen hoy contratados servicios de recobro, aunque muchas cantidades pendientes no se llegan a hacer efectivas por falta de patrimonio y de activos'.
Caso aparte es el de los llamados procedimientos monitorios (que se ven en los Juzgados de Instrucción), destinados a resolver un conflicto económico cuando hay un documento acreditativo de por medio (ticket o factura, por ejemplo), ya que se redujeron a mitad de año en un 12,08%. En estos casos, el juez puede resolver sin necesidad de celebrar un juicio.
Asimismo, también aumentaron en Ourense los casos de embargos presentados y los de los desahucios. A los denominados servicios de notificaciones y embargos llegaron en el segundo trimestre de este año 76 casos de lanzamientos (comúnmente denominados desahucios), ocho más que los que se contabilizaron a finales de marzo.
El montante total de solicitudes de embargo que llegó a estos departamentos de la Administración de Justicia -se decretan como fianza para hacer frente al pago de determinadas deudas- a mitad de año ascendió a 450, frente a los 432 del primer trimestre.
La situación de los juzgados de la provincia, que ya de por sí en algunos casos arrastran un alto volumen de asuntos pendientes, podría empeorar con el tiempo si continúa esta dinámica, dado que órganos judiciales como el de Instrucción número uno de Ourense, están aquejados de falta de personal.
