La delincuencia juvenil no sólo es un fenómeno social que se acentúa, además comienza a experimentar cambios que esbozan una nueva configuración de los delitos perpetrados por menores de edad, y en la que empiezan a adquirir mayor protagonismo las mujeres.
Si bien el número de menores acusados de pequeños delitos es pequeño con relación a otros lugares, el número de informes emitidos respecto a menores con delitos muy graves es muy alto, lo cual conlleva un análisis, por parte del Equipo Técnico de la Fiscalía de Menores, más en profundidad, y "muy frecuentemente de tipo psicopatológico, habida cuenta el tipo de delito y personalidad de los sujeto", según fuentes del Ministerio Público.
El pasado año, de los 213 informes elaborados como consecuencia de otras tantas diligencias ante actos delictivos por parte de los menores, 166 se correspondieron a varones y 47 a mujeres. Todo ello significa que cayeron un 7% los informes emitidos respecto al año 2008, aunque subieron un 20 por ciento en relación a los dictámenes de 2007. Más allá del cómputo global, sobresale el crecimiento que experimentan los casos de mujeres evaluadas. De los 38 casos en el 2008, se pasó a los 47 de 2009. Ello consolida "la tendencia al incremento de la violencia entre las mujeres", y comienza a dibujar "una nueva configuración de la violencia juvenil", advierten desde la Fiscalía de Menores de Ourense.
La suma de todos los delitos y faltas, objeto tanto de procedimiento de diligencias preliminares como de apertura de expedientes, significó pasar de un total 414 delitos y 60 faltas en el año 2008, al registro de 501 delitos y 99 faltas en el año 2009, según datos proporcionados desde la Fiscalía Superior de Galicia.
El incremento representa un 18 por ciento. El repunte en la actividad punible se advierte muy especialmente en los delitos de violencia doméstica y de género. A lo largo de 2009 se incoaron 38 diligencias preliminares por delitos de violencia de genero y violencia doméstica, que desembocaron en 14 expedientes de reforma, cuando en 2008 se habían abierto ocho.
el papel de los padres
Lo que sí resultó posible conseguir el último año es mitigar la renuncia a declarar, por parte del progenitor del menor objeto de la violencia, en el acto del juicio en contra de su hijo, lo que supone un problema para obtener sentencia condenatoria cuando no se acredita la violencia familiar por otros medios probatorios. Se ha conseguido, desde la Fiscalía de Menores, concienciar a padres y parejas de mantener sus denuncias y declaraciones en el plenario, ya que el interés del menor así lo exige, y a través de la sentencia condenatoria se pueden obtener la imposición de medidas reeducadoras tendentes a mitigar la violencia focalizada en el ámbito familiar.
En lo que se refiere a la violencia escolar, en 2009 se abrieron 17 expedientes. En el año 2008 habían sido diez los expedientes incoados. No existen casos relevantes en este apartado, puesto que todos los casos detectados fueron solucionados en el ámbito del centro escolar, adoptando las medidas de mediación oportunas para poner fin a estas situaciones. La tasa media de internamientos en centros de menores fue el pasado año levemente superior a la media de los últimos seis años. Es decir, de cada 100 jóvenes a los que se impone una medida judicial, el 15 por ciento fue castigado con internamiento. La medida más habitual es la libertad vigilada (24 por ciento).
El pasado año, de los 213 informes elaborados como consecuencia de otras tantas diligencias ante actos delictivos por parte de los menores, 166 se correspondieron a varones y 47 a mujeres. Todo ello significa que cayeron un 7% los informes emitidos respecto al año 2008, aunque subieron un 20 por ciento en relación a los dictámenes de 2007. Más allá del cómputo global, sobresale el crecimiento que experimentan los casos de mujeres evaluadas. De los 38 casos en el 2008, se pasó a los 47 de 2009. Ello consolida "la tendencia al incremento de la violencia entre las mujeres", y comienza a dibujar "una nueva configuración de la violencia juvenil", advierten desde la Fiscalía de Menores de Ourense.
La suma de todos los delitos y faltas, objeto tanto de procedimiento de diligencias preliminares como de apertura de expedientes, significó pasar de un total 414 delitos y 60 faltas en el año 2008, al registro de 501 delitos y 99 faltas en el año 2009, según datos proporcionados desde la Fiscalía Superior de Galicia.
El incremento representa un 18 por ciento. El repunte en la actividad punible se advierte muy especialmente en los delitos de violencia doméstica y de género. A lo largo de 2009 se incoaron 38 diligencias preliminares por delitos de violencia de genero y violencia doméstica, que desembocaron en 14 expedientes de reforma, cuando en 2008 se habían abierto ocho.
el papel de los padres
Lo que sí resultó posible conseguir el último año es mitigar la renuncia a declarar, por parte del progenitor del menor objeto de la violencia, en el acto del juicio en contra de su hijo, lo que supone un problema para obtener sentencia condenatoria cuando no se acredita la violencia familiar por otros medios probatorios. Se ha conseguido, desde la Fiscalía de Menores, concienciar a padres y parejas de mantener sus denuncias y declaraciones en el plenario, ya que el interés del menor así lo exige, y a través de la sentencia condenatoria se pueden obtener la imposición de medidas reeducadoras tendentes a mitigar la violencia focalizada en el ámbito familiar.
En lo que se refiere a la violencia escolar, en 2009 se abrieron 17 expedientes. En el año 2008 habían sido diez los expedientes incoados. No existen casos relevantes en este apartado, puesto que todos los casos detectados fueron solucionados en el ámbito del centro escolar, adoptando las medidas de mediación oportunas para poner fin a estas situaciones. La tasa media de internamientos en centros de menores fue el pasado año levemente superior a la media de los últimos seis años. Es decir, de cada 100 jóvenes a los que se impone una medida judicial, el 15 por ciento fue castigado con internamiento. La medida más habitual es la libertad vigilada (24 por ciento).
