El próximo día 17 se cumplirá un año de la notificación al Concello de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba definitivamente el Plan Xeral de 2003. Desde entonces, el urbanismo de la ciudad se rige por un documento obsoleto, el de 1986, excepto en la treintena de ámbitos en los que una ordenación urbanística provisional -que entró en vigor el pasado octubre- los deja en la misma situación que tenían en el planeamiento de 2003.
Sin duda alguna, este documento provisional ha servido para dar un balón de oxígeno al caos generado por la nulidad del PXOM elaborado durante el mandato de Manuel Cabezas, aunque no ha podido evitar que se produjeran ya las primeras consecuencias.
La anulación del PXOM de 2003 es la causa en la que se basan cuatro solicitudes de reclamación patrimonial realizadas por empresas al Concello, al considerar que el cambio de planeamiento les causa perjuicios económicos. Todas ellas ascienden a una cuantía total de 24.796.230 euros.
La primera -ya conocida- fue la presentada por una promotora que reclama 17.990.539 euros al Concello por el cambio de clasificación del suelo en Barrocás, en el que pretendía construir, entre otras cosas, más de 300 viviendas y que con el planeamiento de 1986 ha pasado a ser rústico. A ella se han ido sumando la de un empresario que reclama 3.382.127 euros por la pérdida de un aprovechamiento urbanístico en un terreno ubicado en las inmediaciones de la intersección entre el Puente Nuevo y Alfredo Brañas, puesto que en el planeamiento de 2003 había pactado con el Concello trasladar ese aprovechamiento a O Couto.
También había un pacto de reconocimiento de edificabilidad en una reparcelación realizada en Fonte do Bispo a la que se reconocía una edificabilidad en el PXOM de 2003. Una vez anulado ese documento, el constructor demanda ahora al Concello una indemnización de 86.140 euros. Por último, otra empresa solicita una indemnización de 3.337.424 euros por el cambio de clasificación de un suelo de su propiedad en Porteliña, puesto que el plan anulado lo clasificaba de urbanizable, perdiendo ahora esa calificación.
Pero además de las indemnizaciones solicitadas por estas empresas, la anulación del plan ha dado argumentos a un gran número de recursos judiciales presentados contra licencias concedidas por el gobierno municipal, sobre todo en los casos en los que los permisos se dieron en los días o semanas previos a la sentencia del Supremo. Es el caso, por ejemplo, de la licencia concedida a Hipercor sólo tres días antes de la notificación de la resolución judicial. La Justicia ya ha estimado uno de los recursos contra ella sólo por el hecho de que el plan en el que se basaba el permiso -que no era firme al estar recurrido- había sido anulado. Lo mismo ha sucedido con la anulación del proceso de expropiación del solar del edificio judicial, decisión judicial que se fundamentaba en la falta de validez del planeamiento.
El proyecto de urbanización de Eroski, la licencia del centro de salud de O Vinteún o la de un edificio en el ámbito de A Chavasqueira también han sido recurridos con este argumento.
LA NORMATIVA DEBE SER ACTUALIZADA
La antigüedad del Plan de 1986 hace necesario actualizar su normativa para adaptarla a la legislación actual y, posiblemente, será preciso también realizar modificaciones puntuales para avanzar en algunos proyectos. La modificación de la normativa se encuentra aprobada provisionalmente a la espera de que la Secretaría Xeral de Urbanismo de la Xunta dé el visto bueno definitivo -el plazo para que se pronuncie finaliza este mes de marzo-. La actualización permitirá poner en marcha algunas de las ordenanzas del Plan Xeral de 2003 que en la actualidad se encuentran suspendidas, como la que permitía la instalación de ascensores, incluso en la vía pública, en aquellos inmuebles que así lo solicitasen y no contasen con las medidas mínimas necesarias.
La anulación del PXOM de 2003 es la causa en la que se basan cuatro solicitudes de reclamación patrimonial realizadas por empresas al Concello, al considerar que el cambio de planeamiento les causa perjuicios económicos. Todas ellas ascienden a una cuantía total de 24.796.230 euros.
La primera -ya conocida- fue la presentada por una promotora que reclama 17.990.539 euros al Concello por el cambio de clasificación del suelo en Barrocás, en el que pretendía construir, entre otras cosas, más de 300 viviendas y que con el planeamiento de 1986 ha pasado a ser rústico. A ella se han ido sumando la de un empresario que reclama 3.382.127 euros por la pérdida de un aprovechamiento urbanístico en un terreno ubicado en las inmediaciones de la intersección entre el Puente Nuevo y Alfredo Brañas, puesto que en el planeamiento de 2003 había pactado con el Concello trasladar ese aprovechamiento a O Couto.
También había un pacto de reconocimiento de edificabilidad en una reparcelación realizada en Fonte do Bispo a la que se reconocía una edificabilidad en el PXOM de 2003. Una vez anulado ese documento, el constructor demanda ahora al Concello una indemnización de 86.140 euros. Por último, otra empresa solicita una indemnización de 3.337.424 euros por el cambio de clasificación de un suelo de su propiedad en Porteliña, puesto que el plan anulado lo clasificaba de urbanizable, perdiendo ahora esa calificación.
Pero además de las indemnizaciones solicitadas por estas empresas, la anulación del plan ha dado argumentos a un gran número de recursos judiciales presentados contra licencias concedidas por el gobierno municipal, sobre todo en los casos en los que los permisos se dieron en los días o semanas previos a la sentencia del Supremo. Es el caso, por ejemplo, de la licencia concedida a Hipercor sólo tres días antes de la notificación de la resolución judicial. La Justicia ya ha estimado uno de los recursos contra ella sólo por el hecho de que el plan en el que se basaba el permiso -que no era firme al estar recurrido- había sido anulado. Lo mismo ha sucedido con la anulación del proceso de expropiación del solar del edificio judicial, decisión judicial que se fundamentaba en la falta de validez del planeamiento.
El proyecto de urbanización de Eroski, la licencia del centro de salud de O Vinteún o la de un edificio en el ámbito de A Chavasqueira también han sido recurridos con este argumento.
LA NORMATIVA DEBE SER ACTUALIZADA
La antigüedad del Plan de 1986 hace necesario actualizar su normativa para adaptarla a la legislación actual y, posiblemente, será preciso también realizar modificaciones puntuales para avanzar en algunos proyectos. La modificación de la normativa se encuentra aprobada provisionalmente a la espera de que la Secretaría Xeral de Urbanismo de la Xunta dé el visto bueno definitivo -el plazo para que se pronuncie finaliza este mes de marzo-. La actualización permitirá poner en marcha algunas de las ordenanzas del Plan Xeral de 2003 que en la actualidad se encuentran suspendidas, como la que permitía la instalación de ascensores, incluso en la vía pública, en aquellos inmuebles que así lo solicitasen y no contasen con las medidas mínimas necesarias.
