El Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense tramita una denuncia de un ex gerente despedido de la firma ourensana Inturasa, J.L.S.D., contra los responsables de la matriz de esta filial, aunque el juez sólo admite la demanda contra uno de ellos, E.P.B. El extrabajador, que fue despedido en 2010 y está inmerso a su vez en una demanda por apropiación indebida pendiente de juicio, acusa a la empresa, del grupo Pérez Rumbao, de fraude en subvenciones y de haber realizado un 'sistema de defraudación' a Iveco España, cuyos vehículos vende y repara Inturasa.
Asegura el antiguo empleado -que habría participado en las operaciones- que se presentaron facturas internas de taller por trabajos no realizados 'para hacer ver que una concreta operación de venta no resultaría rentable', a fin de conseguir de Iveco descuentos adicionales. Denuncia también maquinación para el fraude de subvenciones a la Xunta, alterando los precios y efectuando el pago de comisiones al Concello de Carballiño y a las empresas Amencer Reciclado y Legufrut.
En estos casos, el denunciante se refiere a la venta, en 2008, por Inturasa, de un vehículo al Concello carballiñés por importe de 128.250 euros, con subvención de la Xunta, y donde, según el trabajador, al responsable municipal que ordenó la compra se le habrían abonado 12.234,44 euros. En esta operación, el denunciante implica a las empresas Ros Roca Accesorios y Fundicio Ductil Benito en la emisión de facturas de 'accesorios no instalados'.
Asimismo, afirma que en 2009 se realizaron ventas a Legufrut, empresa participada por la Xunta, pero se sumaban al precio real del vehículo otros importes, para poder cobrar la ayuda pública, que después se devolvían a los responsables de la empresa compradora. El mismo proceso se siguió, según el denunciante, con tres vehículos que adquirió Amencer Reciclado, también sujetos a ayudas públicas.
En estos casos, el denunciante se refiere a la venta, en 2008, por Inturasa, de un vehículo al Concello carballiñés por importe de 128.250 euros, con subvención de la Xunta, y donde, según el trabajador, al responsable municipal que ordenó la compra se le habrían abonado 12.234,44 euros. En esta operación, el denunciante implica a las empresas Ros Roca Accesorios y Fundicio Ductil Benito en la emisión de facturas de 'accesorios no instalados'.
Asimismo, afirma que en 2009 se realizaron ventas a Legufrut, empresa participada por la Xunta, pero se sumaban al precio real del vehículo otros importes, para poder cobrar la ayuda pública, que después se devolvían a los responsables de la empresa compradora. El mismo proceso se siguió, según el denunciante, con tres vehículos que adquirió Amencer Reciclado, también sujetos a ayudas públicas.
