El PSdeG de Ourense criticó en términos de 'política discriminatoria' la actuación del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo a la hora de conceder en la provincia talleres de empleo dirigidos a mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas y facilitar así su posterior integración en el mercado laboral. Este año, subrayó la secretaria de Organización, María Quintas, se han concedido 16, y 'todos ellos para concellos gobernados por el PP'; una circunstancia que no se producía 'ni en los tiempos que Manuel Fraga presidía la Xunta', aseguraron.
La secretaria de Organización centra sus críticas en el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, que 'infringió la normativa', que contempla que los proyectos presentados para la concesión de talleres han de atender, en primer término 'el número de personas desempleadas en el ámbito territorial'. En cambio, enfatiza, 'al delegado sólo le interesa beneficiar a los concellos del PP'.
PROTESTAS ANTE LA DELEGACIÓN
A la Xunta se le abren más frentes. El comité de empresa de la Consellería de Traballo e Benestar se manifestó en la mañana de ayer ante la delegación territorial en Ourense, circunstancia que seguirá produciéndose cada jueves hasta nueva orden. Con ello, los empleados quieren censurar 'la nula voluntad' de la jefatura territorial para proporcionar una solución a los 'graves problemas de personal que existen en Benestar', que pasan por un 'recorte de trabajadores que implicará el deterioro del servicio público en los centros de menores y las residencias de titularidad autonómica'.
PROTESTAS ANTE LA DELEGACIÓN
A la Xunta se le abren más frentes. El comité de empresa de la Consellería de Traballo e Benestar se manifestó en la mañana de ayer ante la delegación territorial en Ourense, circunstancia que seguirá produciéndose cada jueves hasta nueva orden. Con ello, los empleados quieren censurar 'la nula voluntad' de la jefatura territorial para proporcionar una solución a los 'graves problemas de personal que existen en Benestar', que pasan por un 'recorte de trabajadores que implicará el deterioro del servicio público en los centros de menores y las residencias de titularidad autonómica'.
