La Diputación de Ourense interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que rechaza el expediente de despido colectivo en la institución provincial. Así lo confirmó ayer la Diputación, después de que los servicios jurídicos evaluasen la sentencia emitida el viernes.
La resolución del TSXG declara 'no ajustado a derecho' el ERE por considerar que no se acreditan las causas económicas, pero la Diputación puntualiza que 'no anula los despidos' sino que 'los declara improcedentes'. Por ello, ahora correspondería a la institución provincial 'readmitir a los trabajadores o confirmar su despido', caso en el que las indemnizaciones pasarían a ser de 45 días por año trabajado, y no de 25 como se había acordado en la fase de negociaciones.
En todo caso, los servicios jurídicos recurrirán esta sentencia, porque consideran que 'es errónea' la visión del TSXG de que no se han justificado los motivos económicos. Cuestionan que el alto tribunal gallego 'reduce la existencia o no de la causa económica a una mera cuestión de gestión presupuestaria, y prescinde de la situación económica real de la administración'.
La Diputación también remarca que la sentencia 'rechaza de forma contundente todos los argumentos esgrimidos por CC.OO. para solicitar la nulidad del proceso' en lo referido a la duración del período de consultas, ya que el fallo señala que la administración provincial 'actuó correctamente'.
En todo caso, los servicios jurídicos recurrirán esta sentencia, porque consideran que 'es errónea' la visión del TSXG de que no se han justificado los motivos económicos. Cuestionan que el alto tribunal gallego 'reduce la existencia o no de la causa económica a una mera cuestión de gestión presupuestaria, y prescinde de la situación económica real de la administración'.
La Diputación también remarca que la sentencia 'rechaza de forma contundente todos los argumentos esgrimidos por CC.OO. para solicitar la nulidad del proceso' en lo referido a la duración del período de consultas, ya que el fallo señala que la administración provincial 'actuó correctamente'.
