El lunes comenzará la primera de las tres sesiones previstas en la Audiencia provincial para enjuiciar a Carlos Martínez Gil, uno de los dos dueños de la macrocafetería Central Park, instalada en 2002 en el número 11 del céntrico Parque de San Lázaro, en un local alquilado, hasta que el incendio de junio de 2008 calcinó sus instalaciones.
El teniente fiscal Carlos Valenzuela acusa al administrador y socio mayoritario de la entidad (tenía el 85% de las participaciones sociales) que puso en marcha el negocio temático -sobre la cultura americana- de contratar a una segunda persona para incendiar el local con los 43 litros de gasolina que el inculpado compró el 29 de mayo de 2008. Pero Martínez Gil no reconoce este extremo. A la instrucción no pudieron aportarse las imágenes grabadas en la gasolinera ya que se autodestruyen a las 48 horas, pero el empleado lo señaló con el dedo en las fotografías policiales y posteriormente en la rueda de reconocimiento.
El móvil, según la acusación pública, era cobrar una póliza de seguros 'acuciado por las deudas' de la sociedad propietaria del negocio. 'No consiguió su propósito al apercibirle la compañía aseguradora el ardid económico empleado para defraudarla', dice el fiscal.
El inculpado será interrogado en relación a un delito de incendio grave en concurso con otro de estafa en grado de tentativa por los que reclama en su escrito de acusación una pena de 11 años y dos meses de prisión y multa de cinco meses (10 euros de cuota diaria).
Además, están en juego importantes cantidades derivadas de la responsabilidad civil del caso. Así, a consecuencia del fuego, se produjeron daños materiales en el edificio en el que estaba el negocio hostelero, propiedad de Ermitas Ojea, por importe de 90.000 euros. En bienes y suministros de Hijos de Rivera SA, los desperfectos fueron valorados en 10.500 euros mientras que una zapatería próxima sufrió destrozos cuantificados en 665 euros.
Durante tres días, además de los 22 testigos que serán llamados por el fiscal, habrá que sumar una extensa pericial con expertos en incendios.
El móvil, según la acusación pública, era cobrar una póliza de seguros 'acuciado por las deudas' de la sociedad propietaria del negocio. 'No consiguió su propósito al apercibirle la compañía aseguradora el ardid económico empleado para defraudarla', dice el fiscal.
El inculpado será interrogado en relación a un delito de incendio grave en concurso con otro de estafa en grado de tentativa por los que reclama en su escrito de acusación una pena de 11 años y dos meses de prisión y multa de cinco meses (10 euros de cuota diaria).
Además, están en juego importantes cantidades derivadas de la responsabilidad civil del caso. Así, a consecuencia del fuego, se produjeron daños materiales en el edificio en el que estaba el negocio hostelero, propiedad de Ermitas Ojea, por importe de 90.000 euros. En bienes y suministros de Hijos de Rivera SA, los desperfectos fueron valorados en 10.500 euros mientras que una zapatería próxima sufrió destrozos cuantificados en 665 euros.
Durante tres días, además de los 22 testigos que serán llamados por el fiscal, habrá que sumar una extensa pericial con expertos en incendios.
