El edificio de los números 146, 148 y 150 de la calle Marcelo Macías amenazado de derribo por una reciente sentencia judicial -que se encuentra recurrida en el Tribunal Superior de Xustiza- viene a incorporarse a la conflictividad urbanística en la que viven desde hace años los vecinos de varios inmuebles de la ciudad.
El edificio, de 90 viviendas, fue construido al amparo del Plan Xeral de 2003, posteriormente anulado por el Tribunal Supremo. La sentencia ahora recurrida, consecuencia de un proceso que comenzó en 2005, ordena devolver al terreno a su estado original, aunque el cruce de sentencias y recursos posiblemente tenga aún un buen recorrido por delante.
De los inmuebles que más años llevan en esta situación de incertidumbre por conflictos judiciales es el número 36 de la avenida de As Caldas el más antiguo. Sobre él pesa una orden de derribo parcial después de que una sentencia reconociese en 1999 que el patio de luces, ubicado en la parte posterior del edificio, no se ajustaba a la normativa en lo que respecta a la distancia con otro inmueble.
Aunque el gobierno municipal consideraba inminente el corte de suministros y desalojo de este edificio de seis plantas en 2012, después del último requerimiento de la Justicia, éstos todavía no se han producido. El Concello tiene que licitar aún el proyecto para realizar una obra que se considera extremadamente compleja por el lugar en el que debe realizarse (un patio interior) y que en su momento se cuantificó en más de 560.000 euros. Los cálculos municipales apuntaban a que el desalojo del edificio se prolongaría durante aproximadamente un año.
Muy avanzado también se encuentra el proceso que afecta al número 13 de la avenida de Pontevedra. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, ya ha firmado la providencia para encargar la redacción del proyecto de demolición -también parcial-, que afecta a la trasera del inmueble y es de 46 centímetros en un lateral y de 60 en el otro. En este caso, el Tribunal Superior de Xustiza confirmó la nulidad de la licencia municipal del edificio en 2009, aunque el conflicto judicial se había iniciado 10 años antes debido a las diferencias entre la constructora del inmueble y la propiedad del edificio colindante.
Con problemas derivados de la anulación de la licencia de ocupación viven desde 2005 los residentes en los números 1 y 3 de la calle Arturo Pérez Serantes de la ciudad. Tras numerosas resoluciones judiciales en uno y otro sentido, el último varapalo ocurrió el pasado abril, cuando el TSXG revocó la decisión de un juzgado ourensano de aceptar la inejecutabilidad de la sentencia.
CAMBIOS EN LA LEI DO SOLO
Además de resoluciones judiciales, estos cuatro edificios tienen en común que contaban con licencia municipal, lo que en la práctica implica que, en caso de tener que ser ejecutadas, el Concello tendría que asumir responsabilidades patrimoniales que posiblemente serían millonarias. Precisamente, la Lei do Solo incorpora un apartado en el que las demoliciones de edificios ilegales se suspendan hasta el momento en el que los perjudicados hayan recibido sus indemnizaciones, aunque la cuestión llegará al Constitucional para que se pronuncie a respecto.
Al margen de estos casos, los vecinos del edificio 2B-2C de la Rúa do Bierzo también llevan años con recursos judiciales para evitar su derribo por invadir la vía pública, en un conflicto que también se origina por denuncias cruzadas entre dos empresas. No obstante, a diferencia de los anteriores, el inmueble no tiene los permisos municipales, lo que mantiene al Concello al margen de las resoluciones judiciales.
De los inmuebles que más años llevan en esta situación de incertidumbre por conflictos judiciales es el número 36 de la avenida de As Caldas el más antiguo. Sobre él pesa una orden de derribo parcial después de que una sentencia reconociese en 1999 que el patio de luces, ubicado en la parte posterior del edificio, no se ajustaba a la normativa en lo que respecta a la distancia con otro inmueble.
Aunque el gobierno municipal consideraba inminente el corte de suministros y desalojo de este edificio de seis plantas en 2012, después del último requerimiento de la Justicia, éstos todavía no se han producido. El Concello tiene que licitar aún el proyecto para realizar una obra que se considera extremadamente compleja por el lugar en el que debe realizarse (un patio interior) y que en su momento se cuantificó en más de 560.000 euros. Los cálculos municipales apuntaban a que el desalojo del edificio se prolongaría durante aproximadamente un año.
Muy avanzado también se encuentra el proceso que afecta al número 13 de la avenida de Pontevedra. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, ya ha firmado la providencia para encargar la redacción del proyecto de demolición -también parcial-, que afecta a la trasera del inmueble y es de 46 centímetros en un lateral y de 60 en el otro. En este caso, el Tribunal Superior de Xustiza confirmó la nulidad de la licencia municipal del edificio en 2009, aunque el conflicto judicial se había iniciado 10 años antes debido a las diferencias entre la constructora del inmueble y la propiedad del edificio colindante.
Con problemas derivados de la anulación de la licencia de ocupación viven desde 2005 los residentes en los números 1 y 3 de la calle Arturo Pérez Serantes de la ciudad. Tras numerosas resoluciones judiciales en uno y otro sentido, el último varapalo ocurrió el pasado abril, cuando el TSXG revocó la decisión de un juzgado ourensano de aceptar la inejecutabilidad de la sentencia.
CAMBIOS EN LA LEI DO SOLO
Además de resoluciones judiciales, estos cuatro edificios tienen en común que contaban con licencia municipal, lo que en la práctica implica que, en caso de tener que ser ejecutadas, el Concello tendría que asumir responsabilidades patrimoniales que posiblemente serían millonarias. Precisamente, la Lei do Solo incorpora un apartado en el que las demoliciones de edificios ilegales se suspendan hasta el momento en el que los perjudicados hayan recibido sus indemnizaciones, aunque la cuestión llegará al Constitucional para que se pronuncie a respecto.
Al margen de estos casos, los vecinos del edificio 2B-2C de la Rúa do Bierzo también llevan años con recursos judiciales para evitar su derribo por invadir la vía pública, en un conflicto que también se origina por denuncias cruzadas entre dos empresas. No obstante, a diferencia de los anteriores, el inmueble no tiene los permisos municipales, lo que mantiene al Concello al margen de las resoluciones judiciales.
