El Concello de la ciudad no pagará en las nóminas de este mes los pluses de nocturnidad y festividad a sus empleados, entre otros.
Un informe del interventor municipal, Gonzalo Alonso, advierte de la posible ilegalidad y la correspondiente responsabilidad patrimonial que podría acarrear el pago de estos complementos, al igual que las ayudas sociales y los derivados de los trabajos para otros concellos. En el caso de las ayudas sociales, no habrá una repercusión inmediata porque se abonan a año vencido, pero en el de los pluses se aplicará ya en las nóminas de este mes, lo que puede significar una reducción de hasta 500 euros para algunos policías locales, colectivo que, junto a los Bomberos, es el más afectado por esta medida, según explicaba ayer el responsable de USO, Julio Domínguez.
El Concello aprobó en el pleno del pasado enero el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de sus empleados, un documento respaldado por todos los sindicatos excepto CSIF. No obstante, el interventor firmaba el lunes un informe en el que advierte de que determinados puntos del acuerdo -los que afectan a esos pluses- pueden 'dar lugar a una salida material de fondos públicos sin justificación jurídica suficiente', concurriendo los supuestos para la exigencia de una responsabilidad patrimonial que el funcionario sitúa en el 'miembro de la junta de gobierno que ostenta las competencias delegadas de Personal (Carmen Rodríguez), así como el alcalde en su condición de ordenador de pagos'. El interventor advierte, además, que 'procederá a dar traslado de oficio al Tribunal de Cuentas de todo reconocimiento de obligación o pago que se efectúe en aplicación del citado acuerdo regulador'.
Ante este informe, el gobierno municipal aseguraba ayer que solicitará informes jurídicos al servicio de Recursos Humanos y a la Asesoría Jurídica para que 'diluciden a legalidade' de seguir pagando esos pluses y ayudas sociales 'que se viñan librando dende 1991'. Asimismo, afirma que su intención es pagarlos 'estudiando cantas alternativas e fórmulas legais nos permitan poder facelas efectivas, como sempre se fixo neste Concello e nos termos acordados cos sindicatos na mesa de negociación'.
REACCIONES
Ante esta situación, los sindicatos no han tardado en reaccionar -de hecho, ayer tenían una reunión con la concejala de la mesa de negociación-. Así, CIG y UGT reclamaban ya 'o inmediato cese do interventor. No caso de ser mantido no seu posto, o grupo de goberno pasará a ser cómplice da situación creada'. Ambas organizaciones dicen no entender que, dado que estas retribuciones se venían cobrando en los últimos años, 'o informe do interventor esconde unha vendetta contra o sindicalismo de clase por reducir os privilexios dos altos funcionarios e é un apoio implícito á CSIF, sindicato que apoia os intereses dos altos funcionarios'.
Por su parte, desde el sindicato USO, mayoritario en el Concello, Julio Domínguez asegura que 'nosotros ya advertimos en la negociación del acuerdo que esos términos (pluses de nocturnidad y festividad) tenían que ser sustituidos por otros' ya que, asegura, que el interventor alerte ahora de ilegalidades se deriva de los cambios legislativos incluidos por 'el decreto que aprobó el Gobierno para los recortes. Esto es un legalismo y, si no se podía poner como concepto la nocturnidad, que hubieran puesto la productividad que si admitiría ese decreto'. Domínguez atribuye esta situación a 'la falta de organización, previsión y respeto' por parte del gobierno municipal. La cuestión será abordada hoy por los policías locales en una asamblea.
El Concello aprobó en el pleno del pasado enero el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de sus empleados, un documento respaldado por todos los sindicatos excepto CSIF. No obstante, el interventor firmaba el lunes un informe en el que advierte de que determinados puntos del acuerdo -los que afectan a esos pluses- pueden 'dar lugar a una salida material de fondos públicos sin justificación jurídica suficiente', concurriendo los supuestos para la exigencia de una responsabilidad patrimonial que el funcionario sitúa en el 'miembro de la junta de gobierno que ostenta las competencias delegadas de Personal (Carmen Rodríguez), así como el alcalde en su condición de ordenador de pagos'. El interventor advierte, además, que 'procederá a dar traslado de oficio al Tribunal de Cuentas de todo reconocimiento de obligación o pago que se efectúe en aplicación del citado acuerdo regulador'.
Ante este informe, el gobierno municipal aseguraba ayer que solicitará informes jurídicos al servicio de Recursos Humanos y a la Asesoría Jurídica para que 'diluciden a legalidade' de seguir pagando esos pluses y ayudas sociales 'que se viñan librando dende 1991'. Asimismo, afirma que su intención es pagarlos 'estudiando cantas alternativas e fórmulas legais nos permitan poder facelas efectivas, como sempre se fixo neste Concello e nos termos acordados cos sindicatos na mesa de negociación'.
REACCIONES
Ante esta situación, los sindicatos no han tardado en reaccionar -de hecho, ayer tenían una reunión con la concejala de la mesa de negociación-. Así, CIG y UGT reclamaban ya 'o inmediato cese do interventor. No caso de ser mantido no seu posto, o grupo de goberno pasará a ser cómplice da situación creada'. Ambas organizaciones dicen no entender que, dado que estas retribuciones se venían cobrando en los últimos años, 'o informe do interventor esconde unha vendetta contra o sindicalismo de clase por reducir os privilexios dos altos funcionarios e é un apoio implícito á CSIF, sindicato que apoia os intereses dos altos funcionarios'.
Por su parte, desde el sindicato USO, mayoritario en el Concello, Julio Domínguez asegura que 'nosotros ya advertimos en la negociación del acuerdo que esos términos (pluses de nocturnidad y festividad) tenían que ser sustituidos por otros' ya que, asegura, que el interventor alerte ahora de ilegalidades se deriva de los cambios legislativos incluidos por 'el decreto que aprobó el Gobierno para los recortes. Esto es un legalismo y, si no se podía poner como concepto la nocturnidad, que hubieran puesto la productividad que si admitiría ese decreto'. Domínguez atribuye esta situación a 'la falta de organización, previsión y respeto' por parte del gobierno municipal. La cuestión será abordada hoy por los policías locales en una asamblea.
