El alcalde de Calvos de Randín, Antonio Rodríguez, acual Juzgado de lo Penal número 1 a un juicio en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación denunciado por el grupo provincial del BNG en la Diputación en el 2006, fecha en la que se iniciaron obras de los vestuarios de la piscina cuando todavía no habían sido licitadas.
Como testigo, declarará el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, que afirma que unha empresa xa estaba executando as obras cando aínda estaba aberto o prazo para presentar propostas dentro dun concurso público para adxudicalas.
Argumenta que o fiscal acusa ó ex alcalde e a xuiz de Bande tamén o imputou no caso. Nos nón sabemos se o contratista que empezou as obras era amigo seu ou non, pero si que houbo unha irregularidade.
Competencias Por su parte, Antonio Rodríguez afirma que no sé si estaba adjudicada o no la obra. El concello y yo no somos responsables de nada. Y es que la obra era de la Diputación. Para adjudicarla el Concello, tendría que haber solicitado la delegación de competencias a la institución provincial y yo no lo pedí. Por eso, no tengo ni idea de quién mandó al contratista iniciar los trabajos. Añade que no tengo ninguna responsabilidad de lo ocurrido.
Rodríguez (que hoy es edil al grupo de no adscritos) expone que, además, hoy acudirá sin certificaciones y justificantes de obras porque el actual alcalde, el socialista Aquilino Valencia, no dio orden al secretario para que nos las entregase, de modo que será el juez el que tendrá que pedirlas.
La denuncia del BNG en agosto del 2006 supuso la paralización de la obra, que tenía un coste de 97.000 euros, y la convocatoria de un nuevo concurso durante el que la obra resultó adjudicada a una empresa distinta de la que había iniciado los trabajos.
Argumenta que o fiscal acusa ó ex alcalde e a xuiz de Bande tamén o imputou no caso. Nos nón sabemos se o contratista que empezou as obras era amigo seu ou non, pero si que houbo unha irregularidade.
Competencias Por su parte, Antonio Rodríguez afirma que no sé si estaba adjudicada o no la obra. El concello y yo no somos responsables de nada. Y es que la obra era de la Diputación. Para adjudicarla el Concello, tendría que haber solicitado la delegación de competencias a la institución provincial y yo no lo pedí. Por eso, no tengo ni idea de quién mandó al contratista iniciar los trabajos. Añade que no tengo ninguna responsabilidad de lo ocurrido.
Rodríguez (que hoy es edil al grupo de no adscritos) expone que, además, hoy acudirá sin certificaciones y justificantes de obras porque el actual alcalde, el socialista Aquilino Valencia, no dio orden al secretario para que nos las entregase, de modo que será el juez el que tendrá que pedirlas.
La denuncia del BNG en agosto del 2006 supuso la paralización de la obra, que tenía un coste de 97.000 euros, y la convocatoria de un nuevo concurso durante el que la obra resultó adjudicada a una empresa distinta de la que había iniciado los trabajos.
