Habla de "colaboración simbiótica" entre traficantes y policías del grupo de estupefacientes
Los 13 imputados en la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas en la ciudad, el sonado caso de corrupción policial que investigó Asuntos Internos en 2015, en el que figuran como encartados cuatro policías nacionales, se enfrentan a peticiones de pena que van desde los 13 años de cárcel que la acusación pública pide para Josefa P.G. "Pucha" (61 años) hasta el extremo opuesto de la cuerda, la pena multa que reclama para el agente José Antonio R.F.
La fiscal del caso habla de "colaboración simbiótica" entre policías y ladrones (léase traficantes de droga). Los primeros-dice-"aprovechándose de su cargo prestaban y daban cobertura a distintas actividades contra la salud pública" comandadas desde dos grupos de traficantes, uno liderado por Pucha, a mayor escala, y otro a cuyo frente estaría José Ramón R.R. "Tronquito".
La sintonía era buena y, en ocasiones, hasta colaboraban entre ellos de manera puntual, con sus respectivos proveedores (Fátima G.M. y José V.V.).
Así, añade, los cuatro agentes, con el inspector de drogas Antonio R.F. al mando, "les otorgaban protección en sus actividades ilícitas y les facilitaban información sobre actuaciones policiales y otros datos al tiempo que eliminaban competencia de estos a través de la detención de personas dedicadas a lo mismo".
Pero en este quid pro quo los funcionarios públicos, según la fiscal, conseguían "crédito corporativo ante la realización de operaciones policiales aparentemente exitosas sin apenas esfuerzo que les reportarían reconocimientos profesionales" (Antonio pasó de Seguridad Ciudadana a ser el responsable del grupo de drogas en diciembre de 2014).
Conversaciones
En el escrito de acusación, la fiscal se detiene en algunas de las conversaciones que, a su entender, prueban que los policías daban protección a los vendedores de droga para que operaran "con total impunidad", paralizando incluso investigaciones abiertas contra ellos por otros grupos policiales.
En el caso del ex jefe de drogas, recoge que colaboró de manera directa con Pucha, Tronquito, Fátima G.M. y José V.V. "Josito". En este sentido, la acusación comenta que la protección brindada a Pucha era vox populi en el mundillo de narcotráfico. Menciona que este policía en concreto les facilitó operaciones de compra-venta y que incluso sabía donde se guardaba la mercancía.
La fiscalía sostiene que las ilegalidades policiales no sólo incluyen el hecho de favorecer el tráfico de drogas. Los agentes -asegura- procedieron al uso inadecuado de las bases de datos informáticas de la Comisaría para facilitar información a los traficantes sobre investigaciones en marcha o matrículas de coches oficiales.
Según la fiscal, hay constancia de llamadas de los delincuentes y acto seguido acceso a las bases de datos por parte del inspector encartado.
En el delito de revelación de secretos, también menciona los casos en los que respondió a peticiones de información de particulares.
En el extenso escrito, el ministerio fiscal se adelanta a los argumentos exculpatorios de los policías, quienes aseguraron desde un primer momento que su actuación se circunscribe al trato propio con confidentes y que son víctimas de la trama urdida por otros dos inspectores, los gemelos Roy y Bernardo D.L., investigados por el supuesto homicidio de un compañero en abril de 2016.
No obstante, la representante del ministerio público no contempla la intervención espúrea de terceros en la comisaría. Asegura que el material informático y móviles incautados en el piso del exjefe de drogas revelan que la relación con los traficantes "no se trata de una mera colaboración con simples confidentes para obtener información útil para el desarrollo de sus investigaciones sino que va un paso más allá facilitando abiertamente la actividad ilícita.
Deber de perseguir delitos
A dos de los agentes -Antonio R.F. y Felipe M.A.-, además del tráfico de drogas, le añade la omisión del deber de perseguir delitos y la revelación de secretos e incluye para el último, tenencia ilícita de armas. Al policía José Antonio R.F. le acusa de revelación de secretos por la comprobación de una matrícula. A Mercedes C.G., contra la salud pública y revelación de secretos.
En cuanto a los supuestos narcos, la fiscal sostiene que en el grupo liderado por Josefa P.G. estaba su pareja sentimental y lugarteniente, Rachid E., además de María B.G. y Xacobe B.F.. El grupo de José Ramón R. estaría integrado por su esposa Estrella G.D. y Francisco Javier G.C. "Pelao". A todos ellos, los acusa de pertenencia a grupo criminal junto a los proveedores, Fátima G.M. y José V.V.
La mayor cantidad de droga fue intervenida en las viviendas de Pucha: 2.724 gramos de cocaína en la casa de Punxín y otros 1.943 en el piso de la calle Francisco de Moure, en O Couto, además de medio kilo de heroína. En la calle Júpiter del barrio de Covadonga, 542 gramos de cocaína. Asimismo, apareció droga en la vivienda de Fátima G.M.: 552 gramos de hachís y medio gramo de heroína, así como 93 gramos en el aparcamiento de vehículos que regenta Tronquito.
