La Memoria de la Fiscalía provincial de Ourense, relativa al año 2010, recoge que, en relación a los incendios que se registraron el año pasado entre el 1 de agosto y el 5 de septiembre, 'no se detectó en su autoría indicio alguno de algún tipo de delincuencia organizada'.
El documento, al que tuvieron acceso los medios de comunicación la semana pasada, apunta, basándose en los datos que maneja la Consellería de Medio Rural, que durante todo el 2010 se produjeron en la provincia un total de 1.420 incendios forestales. Todos ellos, llegaron a calcinar 8.963,19 hectáreas, de las cuales 837,17 fueron de superficie arbolada y 8.126,02 de monte raso. En la memoria de este órgano se indica que 'en ningún momento se alcanzaron los límites del año 2006, tanto en relación al número de incendios, como al de hectáreas quemadas o a la alarma social generada'.
En la mayoría de los fuegos que ocurrieron entre las dos fechas antes señaladas, la Fiscalía asegura que 'no se detectaron artefactos incendiarios sofisticados', sino, más bien, 'rudimentarios y desconectados entre sí'. Asimismo, considera que no se han detectado intereses económicos en dichos incendios y que tampoco se constató en su origen tres causas que, supuestamente, son la raíz de los incendios: la madera, el urbanismo y la economía del fuego.
Una de las carencias que señala el documento como aspecto a reforzar, es la investigación de los fuegos con el objetivo de determinar con mayor exactitud el punto de inicio de las llamas, para poder depurar responsabilidades con mayor fiabilidad, además de concentrar los esfuerzos de investigación en las zonas sensibles. El documento de la Fiscalía no pasa por alto, además, las muertes de dos brigadistas que fallecieron en 2010 en el desempeño de sus funciones. Por todo ello, concluye que los incendios son un problema latente en Galicia y que es preciso 'prestar la máxima atención' a esta realidad en la época estival, además de incrementar la concienciación social sobre este problema.
REFLEXIONES
La Fiscalía provincial de Ourense, en lo que se refiere a las acciones encaminadas a delimitar la reacción legal y penal frente a la actividad incenciaria, sostiene que 'el procedimiento de Jurado no favorece ni la instrucción ni el desarrollo del juicio en los casos sobre incendios forestales'. El documento incide, además, en el aspecto de que los detenidos y acusados por incendios son 'personas que padecen generalmente algún tipo de trastorno que perturba su capacidad intelectiva' y que, tras una sentencia condenatoria, no existen centros adecuados para su internamiento. La memoria cita como únicas instalaciones adecuadas las ubicadas en Foncalén (Alicante), a kilómetros de la comunidad. Por último, insta a una mayor coordinación entre todas las administraciones para evitar informes contradictorios en las distintas especialidades que inciden en esta problemática.
En la mayoría de los fuegos que ocurrieron entre las dos fechas antes señaladas, la Fiscalía asegura que 'no se detectaron artefactos incendiarios sofisticados', sino, más bien, 'rudimentarios y desconectados entre sí'. Asimismo, considera que no se han detectado intereses económicos en dichos incendios y que tampoco se constató en su origen tres causas que, supuestamente, son la raíz de los incendios: la madera, el urbanismo y la economía del fuego.
Una de las carencias que señala el documento como aspecto a reforzar, es la investigación de los fuegos con el objetivo de determinar con mayor exactitud el punto de inicio de las llamas, para poder depurar responsabilidades con mayor fiabilidad, además de concentrar los esfuerzos de investigación en las zonas sensibles. El documento de la Fiscalía no pasa por alto, además, las muertes de dos brigadistas que fallecieron en 2010 en el desempeño de sus funciones. Por todo ello, concluye que los incendios son un problema latente en Galicia y que es preciso 'prestar la máxima atención' a esta realidad en la época estival, además de incrementar la concienciación social sobre este problema.
REFLEXIONES
La Fiscalía provincial de Ourense, en lo que se refiere a las acciones encaminadas a delimitar la reacción legal y penal frente a la actividad incenciaria, sostiene que 'el procedimiento de Jurado no favorece ni la instrucción ni el desarrollo del juicio en los casos sobre incendios forestales'. El documento incide, además, en el aspecto de que los detenidos y acusados por incendios son 'personas que padecen generalmente algún tipo de trastorno que perturba su capacidad intelectiva' y que, tras una sentencia condenatoria, no existen centros adecuados para su internamiento. La memoria cita como únicas instalaciones adecuadas las ubicadas en Foncalén (Alicante), a kilómetros de la comunidad. Por último, insta a una mayor coordinación entre todas las administraciones para evitar informes contradictorios en las distintas especialidades que inciden en esta problemática.
