En los últimos cuatro años no nos ha ido quedando más remedio que incluir en nuestro vocabulario del día a día ciertas palabras respecto a las que vivimos ajenas durante varias décadas. Una de ellas, quizá la que ostenta las connotaciones más dramáticas de la sociedad española actual, es 'desahucio'.
Un embargo no es simplemente que una familia pierda una casa. Un embargo, bajo las leyes que rigen nuestras vidas, significa que varias personas se han quedado sin un techo bajo el que llorar las circunstancias que les han llevado a dejar de pagar al banco, aunque no por ello podrán cancelar su abono a un 'producto' ya perdido. En ese caso se encuentra, con mucha resignación, la familia de Alfredo Castilla.
Él y su mujer vivían en un piso de A Valenzá con sus dos hijos. Incapaces de hacer frente a la hipoteca y conscientes de lo que iba a llegar, optaron por alquilar un piso en el mismo municipio y entregar pacíficamente las llaves al banco para no tener que pasar por el trago del propio desahucio. Obviamente, cada mes seguirán pagándole a su entidad financiera una cantidad correspondiente a la vivienda que ya no disfrutan. Así hasta alcanzar los 60.000 euros que todavía deben.
EL IMPUESTO DISCORDANTE
Hasta ahí, continuando con la misma resignación, Alfredo y su esposa 'aceptan' la situación. La gota que ha colmado el vaso -respondiendo al popular dicho de 'encima de burro, apaleado'-, ha sido un recibo con remite de la Diputación Provincial cuyo concepto indica que se trata de un 'impuesto por el incremento de valor de los terrenos', popularmente conocido como 'impuesto de plusvalías'. Según el tributo, dejado el humanismo a un lado y ciñéndose a lo que marca la ley, el Estado entiende que Alfredo Castilla ha vendido su vivienda y, por lo tanto, debe abonar una cantidad aproximada de 500 euros al Concello de Barbadás, cuyo servicio de recaudación está delegado en el ente provincial.
Allí, los propios funcionarios consideran la medida como 'injusta', pero alegan que ellos son un mero organismo intermedio y que deben cumplir lo establecido. Además, aseguran que, cada vez que se produce un desahucio, los afectados han de pagar este impuesto. Y lo pagan. Al igual que hará Alfredo Castilla antes de este mismo lunes, porque si lo deja pasar los recargos no harán más que aumentar la cuantía. 'Voy a pagar, pero quiero que quede constancia de esta injusticia', asegura.
Con los papeles por delante, el afectado, natural de Venezuela, ha buscado el amparo del Valedor do Pobo. Allí no han podido más que responderle con las mismas palabras que la familia había escuchado en la Diputación aunque, eso sí, sin factura de por medio. Desde el departamento del Valedor, repiten la palabra 'injusticia' una y otra vez al ser preguntado por este caso, que recuerda a la perfección a pesar de haberlo analizado en mayo. 'Nós non podemos facer nada porque é unha lei estatal e, só podería facer algo o Defensor del Pueblo', explican. Las competencias del Valedor llegan hasta el Parlamento de Galicia o las dependencias autonómicas de San Caetano, pero no más allá, 'pero entendemos que se trata dunha norma ilóxica e por iso imos incluír este caso na nosa memoria anual'.
Sorprendentemente y, aunque según la Diputación este impuesto se paga en cada desahucio, nadie había protestado todavía en el órgano de protección ciudadana de Galicia, donde han intentado, sin éxito, buscar la debilidad legislativa para ofrecerle una solución. Tal y como cuentan desde las oficinas del Valedor do Pobo, cuando se produce un desahucio, la vivienda va a subasta, un acto considerado como una venta, 'forzosa, pero venta'. Con o sin deuda, el propietario del piso es aquel que figura en los escritos, es decir, Alfredo Castilla. Es así como, por el momento y mientras la ley no cambie, el afectado tendrá que pagar como si hubiese obtenido beneficios en un proceso en el que todo camina en su contra.
Él y su mujer vivían en un piso de A Valenzá con sus dos hijos. Incapaces de hacer frente a la hipoteca y conscientes de lo que iba a llegar, optaron por alquilar un piso en el mismo municipio y entregar pacíficamente las llaves al banco para no tener que pasar por el trago del propio desahucio. Obviamente, cada mes seguirán pagándole a su entidad financiera una cantidad correspondiente a la vivienda que ya no disfrutan. Así hasta alcanzar los 60.000 euros que todavía deben.
EL IMPUESTO DISCORDANTE
Hasta ahí, continuando con la misma resignación, Alfredo y su esposa 'aceptan' la situación. La gota que ha colmado el vaso -respondiendo al popular dicho de 'encima de burro, apaleado'-, ha sido un recibo con remite de la Diputación Provincial cuyo concepto indica que se trata de un 'impuesto por el incremento de valor de los terrenos', popularmente conocido como 'impuesto de plusvalías'. Según el tributo, dejado el humanismo a un lado y ciñéndose a lo que marca la ley, el Estado entiende que Alfredo Castilla ha vendido su vivienda y, por lo tanto, debe abonar una cantidad aproximada de 500 euros al Concello de Barbadás, cuyo servicio de recaudación está delegado en el ente provincial.
Allí, los propios funcionarios consideran la medida como 'injusta', pero alegan que ellos son un mero organismo intermedio y que deben cumplir lo establecido. Además, aseguran que, cada vez que se produce un desahucio, los afectados han de pagar este impuesto. Y lo pagan. Al igual que hará Alfredo Castilla antes de este mismo lunes, porque si lo deja pasar los recargos no harán más que aumentar la cuantía. 'Voy a pagar, pero quiero que quede constancia de esta injusticia', asegura.
Con los papeles por delante, el afectado, natural de Venezuela, ha buscado el amparo del Valedor do Pobo. Allí no han podido más que responderle con las mismas palabras que la familia había escuchado en la Diputación aunque, eso sí, sin factura de por medio. Desde el departamento del Valedor, repiten la palabra 'injusticia' una y otra vez al ser preguntado por este caso, que recuerda a la perfección a pesar de haberlo analizado en mayo. 'Nós non podemos facer nada porque é unha lei estatal e, só podería facer algo o Defensor del Pueblo', explican. Las competencias del Valedor llegan hasta el Parlamento de Galicia o las dependencias autonómicas de San Caetano, pero no más allá, 'pero entendemos que se trata dunha norma ilóxica e por iso imos incluír este caso na nosa memoria anual'.
Sorprendentemente y, aunque según la Diputación este impuesto se paga en cada desahucio, nadie había protestado todavía en el órgano de protección ciudadana de Galicia, donde han intentado, sin éxito, buscar la debilidad legislativa para ofrecerle una solución. Tal y como cuentan desde las oficinas del Valedor do Pobo, cuando se produce un desahucio, la vivienda va a subasta, un acto considerado como una venta, 'forzosa, pero venta'. Con o sin deuda, el propietario del piso es aquel que figura en los escritos, es decir, Alfredo Castilla. Es así como, por el momento y mientras la ley no cambie, el afectado tendrá que pagar como si hubiese obtenido beneficios en un proceso en el que todo camina en su contra.
