Reclaman al juez pruebas para acreditar quiénes dirigían las empresas subvencionadas con fondos europeos

La imputación contra Rogelio Martínez por fraude suma cuatro acusaciones populares

Rogelio Martínez, en el Juzgado mixto de Ribadavia, en donde declaró como imputado. (Foto: Xesús Fariñas)
El juez que instruye la denuncia contra Rogelio Martínez por un presunto delito de fraude de subvenciones de la UE concedidas en 2001 debe decidir si admite o no a trámite el paquete de diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones.
La imputación penal contra el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, por el supuesto fraude cometido con las subvenciones europeas del Plan Leader II, cuando estaba al frente del Ayuntamiento de Arnoia, continúa su tramitación en el Juzgado mixto de Ribadavia. Su titular debe pronunciarse sobre si admite o no a trámite el paquete de pruebas (12 diligencias de práctica) presentado en el mes de septiembre del pasado año por el letrado que representa a Jorge Rodríguez, portavoz del PSOE en Arnoia, y a la Asociación de vecinos para o progreso de O Ribeiro. Precisamente, en la diligencias practicadas a raíz de una denuncia que partió del BNG local en 2006 ya se admitió la personación en el procedimiento de cuatro acusaciones populares, al margen de la que ejerza o no en un futuro el Ministerio Fiscal: el Bloque, el dirigente del PSOE de Arnoia, la asociación vecinal y un colectivo de cazadores. Tantos los partidos políticos como sendas agrupaciones invocan el interés general para acusar a Martínez en el presunto desvío de fondos Leader II (dinero público) desde el Centro de Iniciativas para el desarrollo del Val do Miño -Ceivam-, constituida por Arnoia, Castrelo de Miño y Cortegada, y que presidía el ahora delegado de la Xunta, a un complejo entramado empresarial participado por él o personas afines (incluidos familiares).

Pese a que la punta de lanza de este proceso fueron las presuntas irregularidades cometidas por Martínez en relación a una planta de biomasa subvencionada, que solicitó ejecutar la socie dad Actuar -con participación del Concello-, que nunca llegó a funcionar, y un taller de orfebrería que, según declaró la artesana responsable en el juzgado, sólo estuvo en marcha un mes, el PSOE considera que puede haber muchas más y de ahí la petición de pruebas en relación a otros proyectos empresariales.

Así, esta formación política pretende aportar a la instrucción penal la concesión en 2001 a la empresa Cultivos Ribeiro S.L. de 100.578 euros de cara a la reconversión de una bodega en un mesón rural -Lareira- y de 174.018 euros para la construcción de una planta de transformación de hortalizas. No obstante, según los socialistas, el propio Rogelio Martínez figuraba como apoderado de la citada empresa, mientras su sustituto en la alcaldía, José Camilo Fariñas, aparece como administrador único. Añaden que Bodegas Nairoa, de la que era consejero delegado su hermano, también obtuvo subvenciones.

Audiencia Nacional

Las irregularidades en la planta de biomasa y el taller artesanal ya fueron reconocidas en un fallo de la Audiencia Nacional que obliga a Ceivam a la devolución del dinero cobrado con cargo a fondos europeos (52.000 euros). Este fallo fue el resultado de un recurso presentado por Ceivam contra una resolución del Ministerio de Agricultura de 26 de junio de 2007, reclamando el reintegro de 39.065 euros por un lado y 12.897 euros por otro porque detectó que faltaba maquinaria certificada, en el caso del taller de orfebrería, y que la nave destinada a planta de biomasa ya existía antes de la concesión de las ayudas.


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