La Agencia de Información y Control Alimentario, que supervisa la legalidad de la compraventa de uvas, advierte de que las multas son cuantiosas con la nueva legislación aprobada en 2014
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha realizado 425 requerimientos en toda España por posible incumplimientos de la Ley de Cadena Alimentaria, también en Galicia, "especialmente en Rías Baixas, pero hay varias correspondientes a las denominaciones de Ourense", señaló ayer el director de la Agencia, José Miguel Herrero Velasco, en el transcurso de una jornada técnica desarrollada en el Liceo, en torno a la relación bodega-viticultores en el nuevo marco de la Ley de Cadena Alimentaria.
Herrero Velasco añadió que, aunque no puede dar número concreto de las bodegas afectadas, "sí que puedo decir que en un 25 % de los casos totales, hemos detectado que no nos han entregado los contratos de compraventa de uva con los viticultores", por lo que anunció que "vamos a hacer visitas a esas bodegas para comprobar si han incumplido la ley por no entregar esos contratos que se exigen o si está todo correcto".
Con la implantación de la nueva legislación, desde enero de 2014, las bodegas que incumplan esa obligación de firmar un contrato con cada viticultor se exponen a la aplicación de multas que pueden ir "desde los tres mil a los 100.000 euros", dependiendo del grado del incumplimiento, según explicó el director de la Agencia de Información y Control Alimentario.
En concreto, la multa de tres mil euros es la correspondiente a "la ausencia de contratos o las modificaciones unilaterales de los mismos" y la de 3.001 euros a 100.000 euros para el incumplimiento de los plazos de pago, "multiplicándose las sanciones en función del número de contratos que no se han hecho o el número de facturas que no se han pagado", añadió Herrero.
Por otra parte, el responsable del organismo fiscalizador de la correcta aplicación de la ley matizó que "nuestro papel no es sólo el de policía malo, realizamos una labor importante ayudando a los bodegueros y viticultores a elaborar esos contratos que son obligados con la nueva ley", al tiempo que declaró ser "consciente de que esto no se consigue de la noche a la mañana", como tampoco se logró de golpe que la gente se concienciara "de que tenía que usar el cinturón para conducir".
