El Juzgado decidirá si el Concello puede contratar personal de cementerios

Ayer quedó visto para sentencia el primero de los tres juicios programados contra contrataciones efectuadas por el gobierno municipal de Ourense, y que la Delegación del Gobierno en Galicia impugnó al considerar que no estaban suficientemente argumentadas, a la vista de las restricciones impuestas por el Gobierno central a la contratación de los ayuntamientos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense vio el proceso por la contratación de dos operarios de cementerios, que el abogado del Concello justificó en la necesidad de enterrar a los fallecidos. Dijo que su contratación, consecuencia de la organización de turnos de trabajo que en esta actividad se prolongan también en festivos y fines de semana, explica la excepcionalidad y la prioridad que le ha dado el gobierno local, que fue ayer cuando explicó y argumentó debidamente la necesidad de estos contratos, algo que no se produjo cuando la Delegación del Gobierno demandó explicaciones, antes de impugnar los contratos.
Ayer, tras la vista, la directora xeral de Recursos Humanos del Concello, Carmen Rodríguez Dacosta, dijo que los dos contratos de operarios de cementerios objeto de litigio se formalizaron porque son un 'servicio esencial' que, además, está debidamente ratificado por los técnicos municipales.

Por ello, dijo que el gobierno socialista de la ciudad mantendrá las contrataciones 'que sean necesarias para mantener servicios' como el de cementerios. Porque, 'qué más prioritario que abrir colegios para que vayan los estudiantes a las aulas o proceder a los enterramientos de los fallecidos', dijo. Por eso, espera que la sentencia así lo dictamine también.
Ayer fue la vista por la contratación de los dos operarios de cementerios, pero queda otra, para septiembre, por otras ters contrataciones para esta misma actividad. Otros cuatro contratos para cementerios han sido justificados y, por ello, no han llegado a juicio.
En la vista de ayer, el abogado del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno, no discutió que el de cementerios o sea un servicio público esencial, pero sí que hay que justificar la excepcionalidad de esas contrataciones, lo que no se produjo en su momento. De hecho, no fue hasta ayer, argumentó en la vista, cuando el Concello aportó, a través de su abogado, documentación justificativa de los contratos, para motivarlos.
Hay que recordar que la Abogacía del Estado ya impugnó contrataciones en los concellos de Xinzo de Limia, Baltar y A Rúa, en este caso los tres del PP. Incluso hubo juicio y sentencia en este último, favorable a la Delegación del Gobierno.

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