El decanato del Pazo de Xustiza de Ourense se vio desbordado ayer al presentar los abogados toda una avalancha de demandas (cerca de 400) y de esta forma evitar el pago de las nuevas tasas judiciales que entran hoy en vigor según establece el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien no serán efectivas hasta que estén listos los impresos de autoliquidación y la Agencia Tributaria regule el procedimiento.
Especialmente significativa fue la incidencia en la jurisdicción civil (resuelve, por ejemplo, pretensiones vinculadas a reclamaciones patrimoniales) en donde el número de demandas llegó a quintuplicar las 60 de media de un día normal). Los recursos contencioso-administrativos (contra resoluciones dictadas por las administraciones) se duplicaron desde el lunes (entre 30 y 40 ayer) mientras que en la jurisdicción social apenas tuvo repercusión (25 pleitos entran en los juzgados de media cada jornada), tal como confirmaron fuentes del decanato consultadas por este diario.
El BOE publicó ayer la nueva Ley de Tasas Judiciales que contempla el pago de cuantías fijas entre 150 y 1.200 euros en civil, al margen de los honorarios de los procuradores y abogados. En la jurisdicción contencioso-administrativa, oscilarán entre los 200 euros de un proceso abreviado (el recurso de una multa de tráfico) a los 1.200 euros de una casación; mientras que en el orden social, la suplicación (recurso ante el TSXG) supondrá el pago de una tasa de 500 euros, y la casación, de 750. A estas cuantías, se añadirán otras variables que serán del 0,5 % para los pleitos cuyo importe económico llegue al millón de euros y del 0,25% para el resto, con un máximo de 10.000.
Todos los operadores jurídicos consultados, desde jueces, fiscales o abogados, coinciden en destacar las repercusiones negativas que comportará esta medida, ya que limitará el acceso a la justicia de muchos ciudadanos, quienes desistirán de plantear un pleito en muchas ocasiones por los costes que lleva implícito. Según aseguraba ayer el presidente de la Audiencia provincial, Fernando Alañón Olmedo, esta medida tendrá especial repercusión en una provincia como Ourense, con muchos pensionistas y rentas bajas-medias. 'Las personas con salarios en torno a los 1.300-1.500 euros al mes quedan machacadas', dice. A su entender, no es de recibo que un trabajador con esos honorarios tenga que abonar 800 euros de tasa por una apelación ante la sección primera de la Audiencia. Para Alañón, 'esta ley va contra el derecho de tutela judicial efectiva en algunas ocasiones, creando obstáculos inaceptables'.
PREFERENTES
El juez decano de Ourense, Antonio Piña, recalca que en la provincia también tendrá una repercusión elevada por el gran número de afectados por las preferentes y subordinadas de cajas y bancos a los que se les complica la posibilidad de acceder a un procedimiento civil para reclamar las cantidades adeudadas si es que no han logrado una solución con el arbitraje. Piña se muestra partidario de 'una tasa pequeña y razonable en segunda instancia' para limitar algunos procedimientos injustificados que , a su entender, 'saturan en muchas ocasiones los juzgados'.
Los fiscales tampoco respaldan el 'tasazo' porque 'crea desigualdades, una justicia para ricos y otra para pobres cuando la propia Constitución en su artículo 24 consagra el derecho a la tutela judicial efectiva para todos', asegura una fiscal del Pazo de Xustiza, recalcando la máxima de que 'sin justicia no hay libertad'.
Los abogados son especialmente críticos con la medida. El decano, Arturo González, recurre a un caso real que sucedió en 2002 en Galicia para ejemplificar el dislate. La familia de un joven que quedó tetrapléjico en un accidente de tráfico tuvo que recurrir al Supremo (hubo dos sentencias previas contrarias a sus intereses) para conseguir 600.000 euros de indemnización de las compañías de seguros por las secuelas del siniestro. A esta misma persona, a día de hoy, el mismo pleito le supondría pagar 3.300 euros en primera instancia (300 euros de cuota fija más el 0,5% de los 600.000 euros reclamados), 3.800 en segunda y 4.200 ante el Supremo en concepto de tasas . 'El pleito le hubiera supuesto un desembolso de 11.300 euros por un servicio público financiado con todos nuestros impuestos', concluye.
El BOE publicó ayer la nueva Ley de Tasas Judiciales que contempla el pago de cuantías fijas entre 150 y 1.200 euros en civil, al margen de los honorarios de los procuradores y abogados. En la jurisdicción contencioso-administrativa, oscilarán entre los 200 euros de un proceso abreviado (el recurso de una multa de tráfico) a los 1.200 euros de una casación; mientras que en el orden social, la suplicación (recurso ante el TSXG) supondrá el pago de una tasa de 500 euros, y la casación, de 750. A estas cuantías, se añadirán otras variables que serán del 0,5 % para los pleitos cuyo importe económico llegue al millón de euros y del 0,25% para el resto, con un máximo de 10.000.
Todos los operadores jurídicos consultados, desde jueces, fiscales o abogados, coinciden en destacar las repercusiones negativas que comportará esta medida, ya que limitará el acceso a la justicia de muchos ciudadanos, quienes desistirán de plantear un pleito en muchas ocasiones por los costes que lleva implícito. Según aseguraba ayer el presidente de la Audiencia provincial, Fernando Alañón Olmedo, esta medida tendrá especial repercusión en una provincia como Ourense, con muchos pensionistas y rentas bajas-medias. 'Las personas con salarios en torno a los 1.300-1.500 euros al mes quedan machacadas', dice. A su entender, no es de recibo que un trabajador con esos honorarios tenga que abonar 800 euros de tasa por una apelación ante la sección primera de la Audiencia. Para Alañón, 'esta ley va contra el derecho de tutela judicial efectiva en algunas ocasiones, creando obstáculos inaceptables'.
PREFERENTES
El juez decano de Ourense, Antonio Piña, recalca que en la provincia también tendrá una repercusión elevada por el gran número de afectados por las preferentes y subordinadas de cajas y bancos a los que se les complica la posibilidad de acceder a un procedimiento civil para reclamar las cantidades adeudadas si es que no han logrado una solución con el arbitraje. Piña se muestra partidario de 'una tasa pequeña y razonable en segunda instancia' para limitar algunos procedimientos injustificados que , a su entender, 'saturan en muchas ocasiones los juzgados'.
Los fiscales tampoco respaldan el 'tasazo' porque 'crea desigualdades, una justicia para ricos y otra para pobres cuando la propia Constitución en su artículo 24 consagra el derecho a la tutela judicial efectiva para todos', asegura una fiscal del Pazo de Xustiza, recalcando la máxima de que 'sin justicia no hay libertad'.
Los abogados son especialmente críticos con la medida. El decano, Arturo González, recurre a un caso real que sucedió en 2002 en Galicia para ejemplificar el dislate. La familia de un joven que quedó tetrapléjico en un accidente de tráfico tuvo que recurrir al Supremo (hubo dos sentencias previas contrarias a sus intereses) para conseguir 600.000 euros de indemnización de las compañías de seguros por las secuelas del siniestro. A esta misma persona, a día de hoy, el mismo pleito le supondría pagar 3.300 euros en primera instancia (300 euros de cuota fija más el 0,5% de los 600.000 euros reclamados), 3.800 en segunda y 4.200 ante el Supremo en concepto de tasas . 'El pleito le hubiera supuesto un desembolso de 11.300 euros por un servicio público financiado con todos nuestros impuestos', concluye.
