Dos juzgados distintos tienen abiertas causas derivadas de una trama orquestada en 2014
El maremágnum por el que atraviesa la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense podría perfectamente inspirar una novela de Agatha Christie en la que casi nada es lo que parece. Aunque, según confiesa un buen conocedor del caso a nivel judicial, se asemeja más a un puzle que se complicó "al optar por juntar las piezas centrales en vez de separar los bordes del marco". Sobre el tablero, robo de armas, tenencia ilícita, simulación de delitos, revelación de secretos, denuncia falsa, injurias, calumnias, inmunidad a traficantes y omisión del deber de perseguir delitos. Y, según el sumario del Juzgado de Instrucción 3, un homicidio en el edificio más vigilado de la ciudad, la Comisaría. Entre las piezas que hay que ensamblar, celos, rencillas y mala praxis profesional.
Hasta la fecha, tres procesos judiciales distintos beben de una misma fuente, con ocho agentes investigados. Los gemelos Bernardo y Roi D.L por un presunto homicidio y otros siete delitos, incluido el robos de las pistolas; cuatro más por la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas (Antonio R.F., Felipe M.A. José Antonio R.F. y Mercedes C.G.) y otros dos por la sustracción de armas -una causa duplicada en dos juzgados- (Ernesto A.V. y Juan Manuel S.R.).
La fiscalía es partidaria de que siga siendo así. Si las piezas están bien clasificadas en subgrupos, costará menos colocarlas. La máxima de los puzles: divide y vencerás.
Mayo de 2014 - abril de 2016
Esta es la extensión temporal en el que la jueza de Instrucción 3, Eva Armesto, sitúa la trama delictiva que culminó con la vida del agente Celso Blanco (48 años) en su despacho. Apareció con un tiro en la sien, perpetrado con una de las pistolas cuyo robo se denunció en agosto de 2014.
Veintitrés meses en los que supuestamente los gemelos Bernardo y Roi D.L. (44 años) urdieron de “forma conjunta y planificada” un mosaico para desacreditar a una serie de compañeros, incluido el excomisario Amable Valcárcel. Un propósito en el que, según fuentes de la investigación, el fallecido fue un colaborador necesario. Y aunque no ha trascendido el móvil de su muerte, tanto los que hablan de suicidio como los que ven homicidio, están de acuerdo en que la bola los engulló. Días antes, se anunciaron "detenciones inminentes" por el envío de anónimos y el robo de armas.
Maquinación
Como en todo rompecabezas había que separar las fichas por colores : la simulación de delitos con los que dar cuerpo el anónimo remitido a Asuntos Internos el 11 de noviembre de 2014 para perjudicar a determinados agentes que recibían aplausos por sus operaciones antidroga. Para ello, los supuestos ideólogos accedieron a bases de datos policiales (fichas del DNI y matrículas), haciéndose pasar por aquéllos a los que pretendían perjudicar. En la nota se dice de ellos que pasan esa información, alusiva a funcionarios de los grupos de investigación, a narcotraficantes de la ciudad. Alerta que son policías del GOR (Grupo Operativo de Respuesta), perteneciente a la Brigada de Seguridad Ciudadana, los que estaban cometiendo ilegalidades. El anónimo les pone nombres y apellidos, acusándolos de actuar como un grupo paralelo de investigación, al margen de control, en asuntos de tráfico de drogas, pero con la anuencia de los superiores para favorecer la estadística criminal. Pero también añade que se quedan con mercancía y llegan a acuerdos con determinados traficantes para eliminar la competencia. En ese momento, el jefe estupefacientes era Roi D.L, quien el 12 de diciembre de 2014 acabó desplazado al SAF (Servicio de Atención a la Familia). Le relevó el inspector Antonio R.F., uno de los blancos más nítidos del anónimo junto al armero, Ernesto A.V.
La maquinación incluía la simulación de un robo de seis armas en un búnker de la segunda planta para que Asuntos Internos se lo tomara en serio.
Asuntos Internos
El grupo VI de Asuntos Internos judicializó parte del anónimo (no lo adjuntó entero) el 4 de marzo de 2015. Basándose en pruebas creadas ad hoc para perjudicar a determinados agentes, los investigadores pidieron al juez de Instrucción 1, quien conocía la denuncia por el robo de armas, archivada por falta de autor conocido, pinchar los teléfonos de los agentes corruptos a los que aludía el comunicante. En un auto del 5 de marzo, que contó con el refrendo de la fiscalía, el magistrado acordó las intervenciones de 13 teléfonos de ocho agentes. La Operación Zamburiña que reveló trato de favor a determinados traficantes ya formaba parte del puzle.
Zamburiña
Tras meses de pinchazos y seguimientos, el juez ordenó en noviembre de 2015 una retahíla de detenciones y registros que culminaron con 16 imputados: cuatro policías y 12 supuestos traficantes, entre los que figura la conocida Josefa P.G. "Pucha," además de la aprehensión de 5,3 kilos de cocaína, uno de heroína y 1,2 de hachís. Los delitos iniciales eran muchos, pero algunos como la sustracción de las pistolas, tráfico de armas y el cohecho se perdieron en los 14 tomos del sumario. Los agentes investigados admitieron el trato con traficantes pero como meros confidentes.
La instrucción está pendiente del auto en el que el juez Leonardo Álvarez debe anunciar el sobreseimiento -opción que se anuncia como poco probable- o la continuación del proceso por tráfico de droga, revelación de secretos, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.
Asimismo, el togado abrió diligencias por la sustracción de las pistolas en las que citó como investigados el responsable del armero, Ernesto A.V., y el secretario general de la comisaría, Juan Manuel S.R. (declarará el día 5). Ambos tenían llaves del búnker y el anónimo responsabiliza al primero.
Anónimos injuriosos
Los responsables policiales también presentaron una denuncia por calumnias e injurias en relación a los correos que recibieron varios medios de comunicación, entre ellos La Región, a finales de febrero de 2015 en los que se acusaba a la Policía Nacional de corrupción. El caso fue asumido por Instrucción 2, quien acabó inhibiéndose a favor de la jueza Armesto, la misma que ordenó detener a los gemelos hace ahora nueve días. La togada los responsabiliza también del envío de esas cartas.
Suicidio/homicidio
A última hora de la tarde del sábado 9 de abril, el policía Celso Blanco, asignado al departamento de prensa, compañero y amigo de Bernardo D.L., aparecía muerto. En la mano tenía una de las armas robadas -otras dos fueron halladas en esa misma dependencia-. Ese mismo día, algunos policías recibieron correos y mensajes en los que él se responsabilizaba del affaire de las pistolas y pedía perdón a sus compañeros "por el daño causado".
Pero el aparente suicidio con el que se zanjó el tema a nivel policial, no convenció ni a la familia del fallecido ni a la jueza que ese día estaba de guardia. La posición del cuerpo, la trayectoria de la bala, el disparo (no se realizó a bocajarro) y una arma abierta y sin cargador desencadenó la investigación en la que acabaron imputados por homicidio y la sustracción de las armas, entre otros delitos, los hermanos Roi y Bernardo D.L., quienes ya habían dejado de lado la comisaría ourensana. El primero pidió un traslado a la Academia de Ávila y el segundo, una incapacidad.
Aunque ellos se declaran inocentes, la jueza cree que pudieron estar en el escenario del crimen, utilizando un pasadizo sin uso que da a la galería de tiro. La tarde de la muerte de Blanco, uno de ellos acudió al garaje policial para dejar uno de los tres vehículos. Aparcó en una plaza que queda en un ángulo ciego de las cámaras de seguridad, junto al mencionado paso.
