El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, anunció al término del pleno extraordinario en el que la mayoría del PP descartó la creación de una comisión investigadora sobre la política de contratación del anterior presidente, que la institución iniciará acciones legales, penales o civiles, aún por definir, 'en defensa de la integridad de esta institución', al sentirse perjudicada por manifestaciones públicas que, a su juicio, pusieron en duda la 'integridad' del organismo que preside.
Lo dijo ayer al rechazar esa comisión que pedía el grupo socialista sobre las contrataciones de personal en los mandatos de José Luis Baltar, a raíz de la querella del fiscal por la supuesta contratación irregularde de personal tras una denuncia socialista.
Los 15 diputados populares votaron contra la comisión después de oír la opinión del secretario provincial, Cacharro Gosendo, sobre la advertencia del portavoz socialista, Ignacio Gómez, quien advirtió del deber de abstención (de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local) de los que pudieran tener interés personal o lazos de consanguinidad con funcionarios y contratados. Cacharro Gosende reconoció la advertencia como un incidente de recusación, dejando en manos de los diputados decidir si estaban o no inmersos en esas situaciones. Ellos votaron a mano alzada contra la comisión y la oposición ya anunció que tomará medidas contra esa votación (el PSOE) y presentó preguntas sobre las responsabilidades en las que podrían recaer (el BNG).
'TRANSPARENCIA'
Baltar Blanco también justificó la negativa del PP a constituir la comisión de investigación en que siempre respondió a las preguntas que plantea la oposición y en que el acceso a los expedientes de contrataciones está garantizado, convirtiendo en innecesaria la comisión.
Al pleno acudió un nutrido grupo de afectados por las preferentes, que corearon frases contra el PP y los ministros económicos del Gobierno y que aplaudieron las intervenciones del portavoz socialista.
Ignacio Gómez, muy duro en sus afirmaciones, lamentó el rechazo a la comisión porque era una 'oportunidade de ouro' para 'desmontar as nosas acusacións' y extendió las críticas a los anteriores diputados del PP, funcionarios y presentantes sindicales, que se convirtieron en 'cooperadores necesarios' del 'caciquismo e nepotismo' de Baltar. Gómez puso ejemplos para intentar demostrar esa política de contrataciones y llegó a citar el caso de un conductor de camión, que primero fue excluido por carecer del carné de conducir preceptivo, alegó y obtuvo el puesto pero su carné es posterior. 'E como este caso, ducias', apostilló el diputado.
El portavoz nacionalista, Leopoldo Rodríguez, aseguró que familias enteras 'consolidaron o seu posto de traballo' gracias a Baltar Pumar, en una institución donde 'os sindicatos chegaron a desaparecer, quedando só un sindicato vertical agora baixo o paraugas dun de clase' (por CC.OO.). Y dijo que la Diputación, bajo la presidencia de Baltar, llegó a gestionar 2.000 millones de euros 'para manter a rede clientelar'. Por eso, la comisión investigadora sería un 'exercicio de transparencia democrática, non un xuizo paralelo'.
Plácido Alvarez, portavoz del PP, replicó contraatacando con contrataciones, según él, a dedo, efectuadas por gobiernos municipales nacionalistas y por el exvicepresidente de la Xunta, Anxo PQuintana. Recalcó que Baltar Pumar aún no está imputado -será el juez el que decida el grado de responsabilidad sobre la querella del fiscal- y aseguró que la transparencia de la Diputación es modélica. De hecho, dijo, no hay ninguna respuesta pendiente a la oposición, por lo que no ve necesaria la comisión investigadora.
Los 15 diputados populares votaron contra la comisión después de oír la opinión del secretario provincial, Cacharro Gosendo, sobre la advertencia del portavoz socialista, Ignacio Gómez, quien advirtió del deber de abstención (de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local) de los que pudieran tener interés personal o lazos de consanguinidad con funcionarios y contratados. Cacharro Gosende reconoció la advertencia como un incidente de recusación, dejando en manos de los diputados decidir si estaban o no inmersos en esas situaciones. Ellos votaron a mano alzada contra la comisión y la oposición ya anunció que tomará medidas contra esa votación (el PSOE) y presentó preguntas sobre las responsabilidades en las que podrían recaer (el BNG).
'TRANSPARENCIA'
Baltar Blanco también justificó la negativa del PP a constituir la comisión de investigación en que siempre respondió a las preguntas que plantea la oposición y en que el acceso a los expedientes de contrataciones está garantizado, convirtiendo en innecesaria la comisión.
Al pleno acudió un nutrido grupo de afectados por las preferentes, que corearon frases contra el PP y los ministros económicos del Gobierno y que aplaudieron las intervenciones del portavoz socialista.
Ignacio Gómez, muy duro en sus afirmaciones, lamentó el rechazo a la comisión porque era una 'oportunidade de ouro' para 'desmontar as nosas acusacións' y extendió las críticas a los anteriores diputados del PP, funcionarios y presentantes sindicales, que se convirtieron en 'cooperadores necesarios' del 'caciquismo e nepotismo' de Baltar. Gómez puso ejemplos para intentar demostrar esa política de contrataciones y llegó a citar el caso de un conductor de camión, que primero fue excluido por carecer del carné de conducir preceptivo, alegó y obtuvo el puesto pero su carné es posterior. 'E como este caso, ducias', apostilló el diputado.
El portavoz nacionalista, Leopoldo Rodríguez, aseguró que familias enteras 'consolidaron o seu posto de traballo' gracias a Baltar Pumar, en una institución donde 'os sindicatos chegaron a desaparecer, quedando só un sindicato vertical agora baixo o paraugas dun de clase' (por CC.OO.). Y dijo que la Diputación, bajo la presidencia de Baltar, llegó a gestionar 2.000 millones de euros 'para manter a rede clientelar'. Por eso, la comisión investigadora sería un 'exercicio de transparencia democrática, non un xuizo paralelo'.
Plácido Alvarez, portavoz del PP, replicó contraatacando con contrataciones, según él, a dedo, efectuadas por gobiernos municipales nacionalistas y por el exvicepresidente de la Xunta, Anxo PQuintana. Recalcó que Baltar Pumar aún no está imputado -será el juez el que decida el grado de responsabilidad sobre la querella del fiscal- y aseguró que la transparencia de la Diputación es modélica. De hecho, dijo, no hay ninguna respuesta pendiente a la oposición, por lo que no ve necesaria la comisión investigadora.
