La edil de Bienestar Social y teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín, que declarará como imputada en la causa por presuntas irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio, achaca el origen de este proceso a un 'conflicto de empresarios', entre la anterior adjudicataria del servicio y la actual.
Martín, que compareció este mediodía en el Salón de Plenos del consistorio, recordó que fue el grupo municipal Democracia Ourensana quien presentó una denuncia por dos facturas presuntamente falsas.
Sin embargo apunta que se está 'utilizando información que les facilita' una empresa que se encuentra en disputas con Troncos Saludges, UTE adjudicataria del servicio.
Aseguró así que este conflicto entre dos particulares otrora socios -el gerente de la actual adjudicataria trabajaba en la anterior- está 'perjudicando el servicio y a personas honorables', en referencia a los funcionarios imputados y de los que defendió su profesionalidad.
Pese a todo, la edil se mostró 'aliviada' de poder 'aclararle todas las dudas y demandas' al juez y recordó que 'está imputada para poder acudir con un abogado' pero que no hay sobre ella 'ningún cargo'.
También descartó que fuese a dimitir y mantuvo que seguirá en el gobierno municipal 'para conseguir una mejor calidad de vida' para los ciudadanos.
En esta misma línea, el concejal de Hacienda, José Ángel Vázquez Barquero, presente en la comparecencia de Martín, señaló que 'la coyuntura actual' hace que la clase política pase 'de ser presunto inocente a presunto culpable' y que está obligada a 'demostrar constantemente su inocencia'.
En cuanto a la gestión económica del servicio y el tratamiento de facturas, Martín declaró que 'todas las facturas y modificaciones en el contrato' se hicieron con el aval de los técnicos.
Reconoció que sí hay facturas de 2011 con reparos por el interventor, pero no por ningún tipo de falsedad sino porque 'no había contrato con la adjudicataria, pero el servicio se seguía prestando y había que pagarlo'.
Sobre el intercambio de correos electrónicos entre ella y la UTE, Martín declaró que son 'los que se pueden tener con una empresa que presta un servicio al ayuntamiento'.
También se dieron explicaciones al respecto de las posibles deudas públicas que puede tener la empresa. En este caso, Vázquez Barquero explicó que en el momento de la adjudicación la empresa 'acreditó estar al corriente de todos los pagos'.
Para concluir, tanto Martín como Barquero y la edil de Urbanismo, también en la rueda de prensa, insistieron en la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme y acusaron a la oposición de 'tratar de desgastar' a un gobierno municipal 'en constante persecución'.
Sin embargo apunta que se está 'utilizando información que les facilita' una empresa que se encuentra en disputas con Troncos Saludges, UTE adjudicataria del servicio.
Aseguró así que este conflicto entre dos particulares otrora socios -el gerente de la actual adjudicataria trabajaba en la anterior- está 'perjudicando el servicio y a personas honorables', en referencia a los funcionarios imputados y de los que defendió su profesionalidad.
Pese a todo, la edil se mostró 'aliviada' de poder 'aclararle todas las dudas y demandas' al juez y recordó que 'está imputada para poder acudir con un abogado' pero que no hay sobre ella 'ningún cargo'.
También descartó que fuese a dimitir y mantuvo que seguirá en el gobierno municipal 'para conseguir una mejor calidad de vida' para los ciudadanos.
En esta misma línea, el concejal de Hacienda, José Ángel Vázquez Barquero, presente en la comparecencia de Martín, señaló que 'la coyuntura actual' hace que la clase política pase 'de ser presunto inocente a presunto culpable' y que está obligada a 'demostrar constantemente su inocencia'.
En cuanto a la gestión económica del servicio y el tratamiento de facturas, Martín declaró que 'todas las facturas y modificaciones en el contrato' se hicieron con el aval de los técnicos.
Reconoció que sí hay facturas de 2011 con reparos por el interventor, pero no por ningún tipo de falsedad sino porque 'no había contrato con la adjudicataria, pero el servicio se seguía prestando y había que pagarlo'.
Sobre el intercambio de correos electrónicos entre ella y la UTE, Martín declaró que son 'los que se pueden tener con una empresa que presta un servicio al ayuntamiento'.
También se dieron explicaciones al respecto de las posibles deudas públicas que puede tener la empresa. En este caso, Vázquez Barquero explicó que en el momento de la adjudicación la empresa 'acreditó estar al corriente de todos los pagos'.
Para concluir, tanto Martín como Barquero y la edil de Urbanismo, también en la rueda de prensa, insistieron en la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme y acusaron a la oposición de 'tratar de desgastar' a un gobierno municipal 'en constante persecución'.
