El exdirector y dos exeducadoras de la antigua casa Lar se sentaron en el banquillo por los maltratos

Niegan la acusación de vejar a niños en un hogar de acogida

El director acusado del centro Lar junto a uno de los letrados que asistió al juicio. (Foto: XESÚS FARIÑAS)
El Juzgado de lo Penal 1 sentó en el banquillo de los acusados a Arturo Estévez Rodríguez, Noemí Blanco y Vanesa Fernández por su implicación en las reiteradas vejaciones degradantes que, según la versión que sostiene el fiscal, sufrió un grupo de menores -la mayoría de 7 años- en la ya clausurada casa de acogida Lar, en la calle Casaio de la ciudad, para niños tutelados por la Administración autonómica.
Los hechos enjuiciados en la vista oral de ayer, que se desarrolló a puerta cerrada por orden expresa de la titular de este órgano, la magistrada Celia Conde, ocurrieron en el verano de 2008 en este centro, supervisado por la Xunta. Entonces, mientras que Arturo Estévez, su director, habría 'alentado' los castigos; dos educadoras, Noemí y Vanesa, los 'practicaban indistintamente', según sostuvo el fiscal.

Las dos encausadas, tal y como sostiene la acusación pública, hicieron comer cebolla a tres niñas de siete años (dos de ellas gemelas), además de obligarlas a deambular con la ropa interior sucia en la cabeza si orinaban en la cama o permanecer en el balcón si llovía (a las hermanas). También habrían hecho limpiar la pared con agua y lejía a las tres y llegaron, asimismo, a imponer castigos consistentes en ingerir vómito o copiar mil veces una palabra (a una).

Por su parte, el director, que visitaba semanalmente las instalaciones, habría mostrado su permisividad para 'darles un cachete si se portaban mal' y manifestó a una interna de 17 años: 'Tu futuro es la calle con las piernas abiertas, tu familia no te quiere'.

Los tres acusados negaron los hechos que se les atribuyen (por los que el fiscal pide para cada uno tres años de cárcel).

El letrado de la 'Asociación Hogares Lar' entiende que nunca se cometieron, por lo que 'no corresponde sanción legal y, por tanto, la responsabilidad civil subsidiaria a la que podría enfrentarse (11.500 euros)'. Aseguró que fue una extrabajadora la que denunció hechos 'inventados movida por el rencor'.

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