El Concello debía a 31 de marzo 148.000 euros a la inmobiliaria por retrasos de dos años en el abono de la indemnización que le corresponde, otros 2,5 millones de euros, también pendientes
Una resolución judicial obliga al Concello de Ourense a abonar a la inmobiliaria Proavia, antes del 15 de mayo, la cantidad de 148.000 euros por los intereses de demora que ha acumulado la empresa, a la que por sentencia firme al final debe pagar el Consistorio 2,8 millones de euros. La demora en el abono de ese pago, pendiente desde 2013, es la que ha provocado esos altos intereses, cuyo cobro acabó también en el Juzgado. La resolución judicial no es firme pero supone un nuevo varapalo para el Concello de Ourense, que no ha conseguido abonar la indemnización completa -que el grupo de gobierno aceptó y que incluso incorporó al capítulo de inversiones del presupuesto de 2014- ni tampoco pagar los intereses de demora.
El actual grupo municipal del PP, que durante meses hizo seguimiento de este asunto y pidió en reiteradas ocasiones, el alcance la cuantía debida, recuerda que, al final, serán los ciudadanos los que abonen los intereses, que serán cada vez mayores cuanto más tiempo se tarde en abonarlos. "Tiñan que pagar a indemnización porque perderon a sentencia e non recurriron", recalca el portavoz, Rosendo Fernández. "Despois, en vez de pagar, quedaron a velas vir, e agora pagaremos todos", se lamentó.
El pleito por este asunto es consecuencia de un convenio firmado en 2003 entre el Concello y la inmobiliaria Proavia, que cedió un terreno al Consistorio a cambio de otras contraprestaciones que la Administración local -la empresa se quedaría con el 10% de los aprovechamientos urbanísticos que correspondían al Concello- no cumplió en su momento y que, cuando pretendía hacerlo, chocó con la anulación del Plan de Urbanismo, que invalidó los derechos urbanísticos de la inmobiliaria; tampoco pudo devolvérsele el terreno porque ya había sido utilizado para otros fines, de ahí que al final se asumiese la millonaria sentencia.
Ahora el problema es que, al finalizar la vigencia del presupuesto de 2014 que incluía el pago de la indemnización, es preciso acudir a una modificación de crédito que aún no tiene fecha para su aprobación, como tampoco la tenía el gobierno local para el pago de los intereses, cuya resolución conoció el lunes.
