Los obispos gallegos han pedido que se paralice la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía tal y como está programada y destacan que los padres tienen, entre otros medios legítimos, para defender el derecho a determinar la educación moral de sus hijos el de la objeción de conciencia.
A través de un comunicado de prensa difundido ayer, los obispos gallegos de Tui-Vigo, Ourense, Mondoñedo-Ferrol, Lugo y el arzobispo de Santiago recuerdan, en vistas del próximo curso escolar en el que la asignatura se cursará en Galicia, la doctrina de la Conferencia Episcopal Española sobre la misma, y advierten que en caso de que no se paralice la implantación de la asignatura, los dirigentes de la Iglesia Católica en Galicia exigirán la adaptación de contenidos, objetivos y criterios de evaluación al ideario de los centros.
Derechos y deberes Los obispos gallegos indican que existen unos derechos y deberes que hacen posible la convivencia en paz y en libertad que están reflejados en la Constitución y que deben ser respetados, como la libertad de los padres a elegir el tipo de formación moral y religiosa para sus hijos, por lo que el Estado no puede imponer ilegítimamente una formación de la conciencia a los alumnos al margen de la libre elección de los padres.
Los obispos concluyen que las diferentes administraciones educativas, así como todos los centros escolares deben respetar las decisiones de los padres y no interferir en el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como también deben asesorar y acompañar convenientemente a los que así lo soliciten.
Derechos y deberes Los obispos gallegos indican que existen unos derechos y deberes que hacen posible la convivencia en paz y en libertad que están reflejados en la Constitución y que deben ser respetados, como la libertad de los padres a elegir el tipo de formación moral y religiosa para sus hijos, por lo que el Estado no puede imponer ilegítimamente una formación de la conciencia a los alumnos al margen de la libre elección de los padres.
Los obispos concluyen que las diferentes administraciones educativas, así como todos los centros escolares deben respetar las decisiones de los padres y no interferir en el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como también deben asesorar y acompañar convenientemente a los que así lo soliciten.
