Las asistencias técnicas en el área de Urbanismo continúan en el punto de mira del PP y ayer fueron objeto de un nuevo foco de conflicto.
Se trataba de dilucidar la contratación del abogado coruñés Carlos Hernández, que hace múltiples trabajos para este departamento municipal y que ha provocado la alarma y el enfado en el principal grupo de la oposición. Aunque la edil de Urbanismo, Aurea Soto, defiende su contratación, el PP relaciona su actual trabajo remunerado en el Concello con el supuesto pago por la labor que realizó en la tramitación del recurso socialista contra el Plan de Urbanismo de 2003, finalmente anulado por el Tribunal Supremo.
El portavoz del grupo municipal, Rosendo Fernández, y la concejala Mónica Mourelo comparecieron ayer ante los medios de comunicación para señalar ycuestionar la vinculación del abogado coruñés con el Concello, al haber defendido distintos pleitos urbanísticos. El letrado es también, recordaron, el que atendió en un primer momento la defensa del exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, tras su detención en el marco de la operación Pokemon.
EL COSTE
Los populares, que cifran en 122.000 euros el coste para el Concello de las asistencias técnicas y asesoramiento externo prestados por este letrado, subrayaron que este abogado es el mismo que contrató el PSOE para recurrir el Plan Xeral de 2003. 'Non poñemos en entredito a legalidade desta operación, pero si que cuestionamos a sombra de dúbida que permanece sobre esta relación profesional co Concello', señaló Rosendo Fernández. Así, el PP cree que de esta relación se puede llegar a sospechar que 'aquel recurso de hai dez anos, estámolo pagando tódolos ourensáns, con cartos públicos deste Concello, a través da contratación continuada de asistencias técnicas', alertó Fernández.
Para aclarar estas dudas, el portavoz popular considera que 'sería convinte que o PSOE desta provincia certificase e amosase publicamente o xustificante de pago daquel recurso de 2003 que deu orixe a esta relación profesional'. Fernández mostró también su sorpresa por que 'o avogado encargado de tratar de tumbar o PXOM de 2003 por mandato do PSOE, sexa agora o que defenda os intereses urbanísticos do Concello de Ourense', ninguneando así a los servicios municipales de la ciudad.
Según explicó Mónica Mourelo, el letrado de A Coruña también realizó un informe técnico para tratar de impedir el derribo de la plaza de San Antonio -caso que sigue en los tribunales- y prestó distintas asistencias técnicas entre los años 2008 y 2010, así como asesoramiento a los servicios jurídicos del Concello de la ciudad, entre otras.
El portavoz del grupo municipal, Rosendo Fernández, y la concejala Mónica Mourelo comparecieron ayer ante los medios de comunicación para señalar ycuestionar la vinculación del abogado coruñés con el Concello, al haber defendido distintos pleitos urbanísticos. El letrado es también, recordaron, el que atendió en un primer momento la defensa del exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, tras su detención en el marco de la operación Pokemon.
EL COSTE
Los populares, que cifran en 122.000 euros el coste para el Concello de las asistencias técnicas y asesoramiento externo prestados por este letrado, subrayaron que este abogado es el mismo que contrató el PSOE para recurrir el Plan Xeral de 2003. 'Non poñemos en entredito a legalidade desta operación, pero si que cuestionamos a sombra de dúbida que permanece sobre esta relación profesional co Concello', señaló Rosendo Fernández. Así, el PP cree que de esta relación se puede llegar a sospechar que 'aquel recurso de hai dez anos, estámolo pagando tódolos ourensáns, con cartos públicos deste Concello, a través da contratación continuada de asistencias técnicas', alertó Fernández.
Para aclarar estas dudas, el portavoz popular considera que 'sería convinte que o PSOE desta provincia certificase e amosase publicamente o xustificante de pago daquel recurso de 2003 que deu orixe a esta relación profesional'. Fernández mostró también su sorpresa por que 'o avogado encargado de tratar de tumbar o PXOM de 2003 por mandato do PSOE, sexa agora o que defenda os intereses urbanísticos do Concello de Ourense', ninguneando así a los servicios municipales de la ciudad.
Según explicó Mónica Mourelo, el letrado de A Coruña también realizó un informe técnico para tratar de impedir el derribo de la plaza de San Antonio -caso que sigue en los tribunales- y prestó distintas asistencias técnicas entre los años 2008 y 2010, así como asesoramiento a los servicios jurídicos del Concello de la ciudad, entre otras.
