La sentencia absolutoria de la Audiencia de Ourense sobre el caso de los paneles, en la que están incursos tres excargos políticos del BNG, dos empresarios y un funcionario del Concello de Ourense, no será recurrida por el PP, que ejerció la acusación particular, pero sí por el fiscal jefe, Florentino Delgado, que estuvo presente en toda la instrucción.
El Ministerio Público presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo para intentar que se tenga en cuenta sus pretensiones: la condena por cohecho, tráfico de influencias, falsedad y prevaricación de los extenientes de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, Andrés García Mata y el exdirector de Turismo David Cortón; el funcionario Elías Domínguez y Omar Bouzo y Daniel Conde, los responsables de Afiador, la empresa con la que en febrero de 2008 el entonces teniente de alcalde firmó un convenio-contrato para la prestación del servicio de pantallas de información turística en la ciudad.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario comentaron la complejidad de revocar el fallo de la Audiencia y conseguir una condena en segunda instancia, en tanto que el Supremo, en casación, no puede alterar los hechos dados por probados por la Audiencia de Ourense en los que en su punto número 13 deja bien claro que 'el cuestionado convenio-contrato no llegó a tener eficacia el decretarse su nulidad de pleno derecho por la junta de gobierno local mediante acuerdo de fecha de 26 de noviembre de 2009 '.
El máximo órgano jurisdiccional de la Audiencia también establece en sus hechos probados que la junta de gobierno reclamó un informe a la asesoría jurídica municipal, rechazando la adjudicación directa como forma de contratación al tratarse uso privativo de bienes de dominio público.
El PP, quien puso en conocimiento de la fiscalía una denuncia por estos hechos, los que dieron pie a la querella del Ministerio Público, anunció ayer que no recurrirá la sentencia en el Tribunal Supremo porque 'a nosa misión non é esixir responsabilidades penais senón políticas e estas están xa conformadas', aseguró ayer el portavoz municipal, Rosendo Fernández. Los populares consideran que la resolución de la Audiencia 'vén darnos a razón do que nós viñamos denunciando dende 2008', en el sentido de que el tribunal reconoce que el gobierno municipal actuaba 'como dos ayuntamientos'.
INDEMNIZACIÓN
Además, Fernández insistió en que el caso 'non está pechado', y falta por resolver la petición de indemnización que la empresa Afiador -la que iba a instalar y gestionar los paneles informativos- realiza al Concello y que asciende a 30 millones de euros. El portavoz popular defendió que, en caso de que el Concello tenga que pagar una compensación económica, 'que a asuman eles (los expolíticos acusados) voluntariamente. Se eu son alcalde neses momentos farei o que sexa necesario para que o Concello lle reclame esas cantidades e que os cidadáns non teñan que pagar esas chapuzas'. Fernández considera, además, que Sánchez Vidal, Cortón y García Mata 'deberían pedirlle perdón ós cidadáns' y calificó a este último de 'miserable trilero' en referencia a la expresión dirigida -'miserables'- por el exteniente de alcalde a los populares en el pleno de su dimisión.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario comentaron la complejidad de revocar el fallo de la Audiencia y conseguir una condena en segunda instancia, en tanto que el Supremo, en casación, no puede alterar los hechos dados por probados por la Audiencia de Ourense en los que en su punto número 13 deja bien claro que 'el cuestionado convenio-contrato no llegó a tener eficacia el decretarse su nulidad de pleno derecho por la junta de gobierno local mediante acuerdo de fecha de 26 de noviembre de 2009 '.
El máximo órgano jurisdiccional de la Audiencia también establece en sus hechos probados que la junta de gobierno reclamó un informe a la asesoría jurídica municipal, rechazando la adjudicación directa como forma de contratación al tratarse uso privativo de bienes de dominio público.
El PP, quien puso en conocimiento de la fiscalía una denuncia por estos hechos, los que dieron pie a la querella del Ministerio Público, anunció ayer que no recurrirá la sentencia en el Tribunal Supremo porque 'a nosa misión non é esixir responsabilidades penais senón políticas e estas están xa conformadas', aseguró ayer el portavoz municipal, Rosendo Fernández. Los populares consideran que la resolución de la Audiencia 'vén darnos a razón do que nós viñamos denunciando dende 2008', en el sentido de que el tribunal reconoce que el gobierno municipal actuaba 'como dos ayuntamientos'.
INDEMNIZACIÓN
Además, Fernández insistió en que el caso 'non está pechado', y falta por resolver la petición de indemnización que la empresa Afiador -la que iba a instalar y gestionar los paneles informativos- realiza al Concello y que asciende a 30 millones de euros. El portavoz popular defendió que, en caso de que el Concello tenga que pagar una compensación económica, 'que a asuman eles (los expolíticos acusados) voluntariamente. Se eu son alcalde neses momentos farei o que sexa necesario para que o Concello lle reclame esas cantidades e que os cidadáns non teñan que pagar esas chapuzas'. Fernández considera, además, que Sánchez Vidal, Cortón y García Mata 'deberían pedirlle perdón ós cidadáns' y calificó a este último de 'miserable trilero' en referencia a la expresión dirigida -'miserables'- por el exteniente de alcalde a los populares en el pleno de su dimisión.
