El modelo de tramitación, que no la adjudicación a OCA, de las obras de la calle Bedoya es el que ha originado las imputaciones de la junta de gobierno de 2008.
Infraestructuras, una de las áreas que entonces manejaba el BNG bajo la marca Tenencia de Alcaldía, optó por un procedimiento negociado sin publicidad para contratar los trabajos, a pesar de que la cuantía de la obra -se adjudicó por 592.793 euros- hacía precisa la publicidad del procedimiento, si se tiene en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público.
Un procedimiento negociado es una práctica habitual en las administraciones, que optan por fraccionar obras para eludir concursos públicos, más largos en el tiempo, e invitar a empresas determinadas, que deben reunir los requisitos para afrontar la acción encomendada. La clave es que se tramite con o sin publicidad; en este último caso, el límite es económico, la cuantía en obras no puede superar los 200.000 euros, y la de Bedoya los rebasaba, aunque se hubiese fraccionado. Se invitó a tres empresas capacitadas, y en este caso dos de ellas, Oca y Betunes y Firmes, compartían administradores. La tercera, Opain, era habitual con las otras dos en otros procedimientos negociados.
Si se optase por un procedimiento con publicidad, el que ordenaba en este caso la legislación -pues afecta a obras de hasta un millón de euros-, habría que dar publicidad previa en el perfil del contratante y reunir, igualmente, al menos a tres empresas capacitadas para hacer la obra; la diferencia es que podrían haberse presentado ofertas en concurrencia por cualquier empresario interesado.
El gobierno local atribuye el procedimiento sin publicidad a la premura necesaria para no perder una subvención de la Xunta que financiaba unas obras que llegaron por primera vez a la junta de gobierno, constituida entonces por cinco concejales socialistas -Francisco Rodríguez, Áurea Soto, Agustín Fernández, Marga Martín y Demetrio Espinosa- y cuatro nacionalistas -Alexandres Sánchez Vidal, Andrés García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas-, el 4 de septiembre de 2008. En aquella sesión se aprobaron los pliegos de contratación para, una semana después, adjudicar provisionalmente los trabajos, que quedaron definitivamente en manos de la empresa en la junta de gobierno del 2 de octubre de aquel año.
Apenas un mes después, el 7 de noviembre, el PP planteaba en pleno la necesidad de crear una comisión de investigación que aclarara cómo se había realizado la adjudicación de esa obra y la de la plaza Paz Nóvoa -al margen de este proceso-. Criticaban entonces los populares que no se había dado publicidad al procedimiento, la ausencia de informes técnicos, la falta de plan de seguridad laboral y que la obra comenzase antes de la firma del contrato con la empresa. Con mayoría de gobierno, PSOE y BNG desestimaron entonces la comisión de investigación. "Non nos parecía axeitado", respondía ayer Áurea Soto.
